Narcos, generales, inseguridad y justicia
Estas cuatro palabras claves son las que dan inicio a una serie de investigaciones en torno a diferentes eventos que tienen un factor común, registrado en el incremento de las estadísticas de las muertes violentas y capturas de toneladas de droga en el territorio ecuatoriano, que siguen una tendencia marcada a duplicar las cifras de años anteriores. Los indicadores policiales de su gestión están en rojo casi en todo el territorio nacional.
Sin embargo, las estrategias se mantienen en la misma línea que fue trazada en la época del ministro del Interior condecorado por la DEA ante la captura de 116 toneladas de droga, pero cuestionado por las relaciones con oscuros personajes del mismo mundo al que se decía combatir. Es precisamente durante la época de este ministro cuando las organizaciones criminales más importantes del Ecuador nacieron y se fortalecieron en recursos y miembros hasta convertirse en verdaderas maras ecuatorianas.
Entonces, ¿cómo se conjugan las sendas de estas cuatro palabras que han desatado una ola periodística de investigaciones, que dejan más dudas que certezas de lo que realmente está sucediendo en el país de los escándalos, en un país donde es parte de las noticias vespertinas la captura de ocho toneladas de droga a ser exportadas desde los puertos altamente controlados del país? Pues sí, más de 200 millones de dólares en droga de clase mundial iban a salir del Ecuador para ser repartida en los mercados norteamericanos y europeos. Y todo ello solo para iniciar este año, que sigue a las 205 toneladas incautadas ya en el oprobioso 2021, que como mencioné, cerraba con cifras rojas en todos los aspectos de la seguridad del país.
La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, junto a generales de la Policía en la ofician del Contralor Genral subrogante, para pedir que se haga un examen especial a las cuentas del miembros del alto mando de la Policía Nacional / Foto Ministerio de Gobierno.
La comandante general de la Policía Nacional, Tannya Varela, durante una rueda de prensa el 15 de diciembre del 2021, cuando apareción junto a los generales de la institución policial para asegurar que a ninguno de los miembros presentes se les había retirado la visa de entrada a Estados Unidos. Fotografía / Policía Nacional.
El sicariato se convirtió en una nueva realidad cotidiana que a nadie sorprende ya, pues es parte de esa nueva normalidad ecuatoriana; robos violentos en todas sus modalidades saturan las noticias, así como los asaltos de oportunidad en todas las ciudades del país. Violencia desmedida y recurrente que no hace sino evidenciar que existen graves falencias en los procesos de aseguramiento que corresponde al Estado y sus diferentes entidades creadas para alcanzar al añorada tranquilidad social de otros tiempos.
Bueno, con este abrebocas, corresponde analizar cómo nace entonces este conjunción casi literaria en las declaraciones del embajador de los Estados Unidos de América, Michael Fitzpatrick al mencionar “ya hay narcogenerales en el país". Y con absoluta confianza en su aseveración manifestó igualmente que serían canceladas las visas (de turistas) a estos innombrados a los que la opinión pública nacional e internacional ya dejaba marcados, aún sin conocer la existencia de procesos judiciales, investigaciones nacionales o internacionales que respaldaran esta clasificación cuasi delictiva; e inmediatamente políticos, jueces, policías, militares y hasta ciudadanos comunes parientes de todos los anteriores se vieron englobados en esta clasificación bajo el indicador de la vigencia o revocatoria de visados.
Cabe indicar que ningún Estado soberano tiene la obligación de conceder visas o acceso libre a su territorio, pues es un privilegio consular. De ahí que nada se puede reclamar de adoptarse esta decisión que fue públicamente expuesta para varios Generales de la Policía Nacional en servicio activo y pasivo; teniendo en mente que la misma suerte correrían en los próximos días otros oficiales y demás ciudadanos cuestionados por su presunta cercanía a diferentes actos de corrupción o del horrendo delito que hoy por hoy marca la pauta de la violencia en el Ecuador: el narcotráfico.
Entonces, ¿cuál es el alcance de un narcogeneral? La respuesta nace en la historia de este delito y su vinculación con las fuerzas del orden. El poder del dinero afectó siempre a quienes perseguían al execrable delito del narcotráfico y hasta fundaron, sobre la base de fuerzas militares corrompidas, un grupo de extrema violencia en México conocido como Los zetas. De ahí que las palabras del Embajador de los EE.UU. son realmente alarmantes, cuando el 13 de diciembre del 2021, en un entrevista con el portal Primicias, reveló la preocupación por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden. Y esa misma preocupación se extendió cuando la comandante general de la Policía Nacional expresó que Generales no solo existen en la Policía Nacional, sino que esta expresión implicaba también la ampliación de la sospecha sobre los Generales de las Fuerzas Armadas y, en Ecuador, hasta de los agentes de Tránsito que también ostenta un grado de General de dos estrellas.
Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador / Reuters
Lo más grave que es que haya narcogenerales que están comandado narcotropas. Pues, para que exista el riesgo social implícito, que obliga a un embajador a expresar tan duras relaciones, es porque la preocupación implica una afectación operativa en la lucha contra el narcotráfico y su incremento exponencial en un país que, hasta hace una década y algo más, ostentaba su condición de isla de paz en medio de graves conflictos internos y violencia criminal de países vecinos.
En el Ecuador actual, cada año se incrementan las capturas de toneladas de drogas, en la misma proporción que las fronteras del país son penetradas por las organizaciones delictivas por aire, mar y tierra. En el Ecuador actual las fronteras permaeables dejan ver sus grandes orados que invaden de armas, dinero y drogas de todo tipo al país, el cual hace mucho tiempo dejó de ser un canal de paso para convertirse en la isla del lavado, consumo, control de territorios e inclusive, compra de consciencias en todas las esferas de control, que se extiende a operadores de justicia, políticos, pasando por autoridades seccionales y nacionales, hasta la entidades de seguridad en las que ha recaido este cuestionamiento.
En noviembre, en una bodega en Mapasingue, fue hallado un cargamento de 4,4 toneladas, uno de los más grandes registrados en lo que va del año. Foto: Policía Nacional
Todo corre con un alto grado de contaminación, se realizan ejecuciones sumarias de los abogados vinculados a los grupos delictivos con una impunidad impresentable como fue el horrendo caso del asesinato del polémico Harrison Salcedo; de su cliente, alias "Rasquiña", también asesinado en un mall de Manta, o de las horrendas masacres penitenciarias de las que ya casi nadie habla. Nos hemos olvidado que todos estos eventos tenían un hilo comunicante llamado narcotráfico; pero que, sin embargo de ello en Ecuador no ha sido detenido ningún gran capo de la droga; pues el mito de alias Gerald y su crecimiento exponencial en el submundo de las drogas, deja más dudas que certezas.
¿Por qué entonces se incrementa la captura de toneladas de cocaína de exportación, sin que ello dismuya el poder económico de los carteles nacionales ya existentes? Cada día se encuentran diferentes armas de fuego en eventos criminales, armas que no pertenecen a la Policía Nacional, Ejército, Armada del Ecuador o Fuerza Aérea, ni siquiera de sus similares de los países que nos rodean. ¿De dónde provienen entonces estas armas que son capturadas al interior de los "Centros de -seudo- Rehabilitación Social" o abandonadas en los diferentes crímenes en la modalidad de sicariato?. Armas cuyo valor, a decir del general Edwin Noguera Cozar, bordean los USD 30.000, cada una, en las calles del mundo delincuencial, pero que cada día son más frecuentes en manos de adolescentes que las portan y usan sin ningún reparo en contra de quién se ponga por delante.
El Ecuador reporta día a día la violencia criminal, y deja en claro que la vida no tiene valor para quienes están en una verdadera guerra por territorios y poder. Esto se evidenció cuando borrar las imágenes de una pared en la recuperación del espacio público significó que una de las bandas en conflicto acribille a tiros, con más de un centenar de disparos, a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del barrio La Guacharaca, con el resultado de un policía muerto y otro herido. Todas estas acciones evidencian una logística enorme, pero igualmente que las acciones de recuperación del Ecuador de antaño, de ese país pacífico y seguro para transitar están muy lejos de ser efectivas.
Un sistema de inteligencia ineficiente, caótico, cuestionado, hasta inoperativo deja en claro que esas falencias pasan una factura diaria a los ciudadanos víctimas de toda forma delictiva. De la misma manera esta inoperancia facilita el incremento de la logística criminal, que además cuenta con el apoyo de un sistema normativo que limita al uniformado y precautela la integridad del violento. Los casos de policías procesados y hasta sentenciados por haber hecho uso de sus armas de dotación están por doquier y se vuelven igualmente cotidianos. El propio Presidente de la República ha debido expresar su respaldo y confianza en el accionar de los policías y militares. Les ofreció un equipo profesional para su defensa jurídica, pero la realidad aún está lejos del cumplimiento de esta oferta.
Los policías Santiago Olmedo y Marco Parra saben en carne propia de lo que hablamos. Sus historias reflejan las historias de otros que, por su trabajo decidido, han sido llevados a cortes o a enfrentar sumarios internos, con gasto propio de por medio, por cumplir con su trabajo. Cuanto dista la realidad de la oferta es realmente preocupante en tiempos de esta verdadera guerra en la que estamos inmersos todos los ecuatorianos.
Es necesario entender que no se puede buscar resultados diferentes realizando las mismas estrategias ineficientes, basadas en las mentes lucidas de quienes solo conciben la seguridad desde la óptica comunitaria, pese a la verdadera debacle que ha significado su operatividad en el sistema de seguridad ciudadana. Pero, aún más grave es la parsimoniosa pasividad de quienes están a cargo de la política pública que se ha convertido, en la realidad, más en un manejo estadístico que acciones eficientes para mejorar la realidad de los uniformados en su lucha diaria. Los cuestionamientos al mando institucional respecto de patrimonios deja en claro, igualmente, que los sistemas de inteligencia y contra inteligencia para detectar penetración delictiva en los mandos institucionales son igualmente cuestionables. Más aún cuando los servidores policiales deben cumplir un riguroso y extenso sistema de pruebas de confianza todos los años, el cual debiera generar alertas o acciones indubitadas de control, para que no se repitan las ruedas de prensa en las que se abren las cuentas de quienes han sido auditados en sus 35 años de carrera.
La realidad en el Ecuador del 2022 exige autoridades políticas de primer nivel, con capacidad de acción y decisión, más allá de reencuentro de las antiguas alianzas del poder político. El Ecuador requiere un liderazgo firme y dinámico que permita recuperar operatividad de los sistemas de inteligencia, adaptado a realidades de alta exigencia, con una capacidad operativa real y análisis de información que permita tomar acciones de control oportunas. No puede haber espacio para vehículos parados por falta de mantenimiento o combustible, por falta de planificación en su reposición o con sobre costos que asumimos todos los ecuatorianos, sumados a la pobre capacidad frente a la exigencia del trabajo diario. No se pueden mantener modelos de seguridad basados en la proliferacion indiscriminada de mini cuarteles abandonados a su suerte. Son esas pobres UPC, sin medios básicos para el trabajo y con alta exposición a riesgos, lo cual las convierte en un problema más que una solución para la seguridad de los barrios, que exigen presencia policial efectiva. De la misma manera que, las Fuerzas Armadas deben recuperar su papel de garantes de la soberanía en el control de las fronteras del país, y dejar de ponerlas como figuras decorativas en los exteriores de los centros de privación de la libertad o cumpliendo una función policial para la que nunca fueron preparadas, pues esa no es su razón de ser, mientras que el abandono de las fronteras incrementa la violencia interna.
Este será un año que definirá el futuro real del Ecuador del mañana, pero requiere de decisiones del Ejecutivo inmediatas que permitan recuperar los espacios cedidos o perdidos, lo que que nos ha colocado en la posición en la que estamos en temas de seguridad y protección de derechos de los ciudadanos.
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