El observador

 

POR: Diego Delgado Jara Publicado en la Revista El Observador (edición 126, diciembre de 2021)

Despojo del patrimonio

EL DECRETO EJECUTIVO NRO. 238 Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 238 de “Políticas del Sector Eléctrico”, el 26 de octubre del 2021 para “potenciar la inversión privada” (Art. 3), donde en el plazo de tres meses (Art. 4) deberán, los ministros y funcionarios pertinentes, “formular y proponer las políticas públicas e institucionales, y reformar el marco legal y regulatorio, en lo pertinente, para generar condiciones óptimas de carácter técnico, económico, ambiental y social, que permitan incentivar la inversión privada en las distintas áreas del servicio público de energía eléctrica.” El Art. 4, literal, literal b, de este mismo Decreto Ejecutivo 238, ordena “Reformular el modelo de desarrollo del sector eléctrico para viabilizar la participación de las empresas públicas de capital mixto y privado en todas las etapas de la provisión del servicio público de energía eléctrica, servicio de alumbrado público general (…). El Art. 4, literal c, del D. E. 238, plantea “Promover esquemas eficientes y competitivos para la participación de inversión privada en las etapas de generación, transmisión, distribución, comercialización y almacenamiento de energía, en el servicio de alumbrado público general (…)” Se abre así las puertas para que el sector eléctrico se transfiera en forma mayoritaria al capital privado nacional y extranjero. Se incluyen, entre otras, modalidades como las “asociaciones público-privadas, alianzas estratégicas y similares.” En la primera disposición transitoria de este Decreto Ejecutivo se determina: “El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en su calidad de rector de la política energética, coordinará con las carteras de Estado que sean pertinentes, la atención de todos los asuntos que sean necesarios para la ejecución e implementación de lo aquí dispuesto, para lo cual los ministros de Estado brindarán la atención y soporte respectivo.” Nunca debemos olvidar tampoco que el Premio Nobel de Economía, del 2003. Joseph Stiglitz, quien fue vicepresidente del Banco Mundial, y conocía las entrañas de los organismos de crédito multilateral, denunció que cuando se producen las privatizaciones se permite una “mordida” del diez al treinta por ciento para quien vende o transfiere los bienes públicos. Evitar las ventas, y proteger los bienes nacionales, no dan “comisiones”, pero transferirlas, sea como concesión, privatización, o “monetización”, viabilizan estos procedimientos. FIEL CONTINUACIÓN DEL CORREISMO La “Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica”, impuesta por el fascismo del siglo XXI encabezado por Rafael Correa y su mayoría legislativa ilegítima, producto del fraude electoral del 2013, cuando dijeron que obtuvieron 100 de 137 curules, está publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial Nro. 418, del viernes 16 de enero del 2015; en cuyo Art. 24, tercer inciso, permite en forma expresa la entrega, o autoriza en forma explícita, que “las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica, y servicio de alumbrado público general” pueden ser asumidas por “empresas estatales de los Estados de la comunidad internacional.” La norma siguiente, el Art. 25, de esta misma Ley, permite DELEGAR estos mismos bienes públicos a “empresas de capital privado”, y autoriza, por intermedio del entonces Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, la plena participación privada en las actividades del sector eléctrico. Siempre omitieron explicar que el verbo DELEGAR, en el derecho positivo ecuatoriano, ES SINÓNIMO DE VENDER, porque en el Art. 43 de la Ley de Modernización del Estado, publicada en el Registro Oficial 349, del 31 de diciembre de 1993, se determinan las modalidades de DELEGAR, y en el literal ch, determinan que es VENDER. Pero eso no es todo. En el penúltimo inciso del Art. 25 de la “Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica”, para estas transferencias, se exceptúan “los procesos públicos de selección”! ¡Es decir permiten la entrega del patrimonio de todo el pueblo ecuatoriano a dedo, a espaldas de sus legítimos y únicos dueños (que jamás son consultados sobre el destino de ese patrimonio y ahorro histórico), por parte del presidente o emperador de turno, elegido en forma reiterada con fraude electoral! AL DESPOJO SIN FRENOS DEL PATRIMONIO SOCIAL Y NACIONAL Con la legislación de Rafael Correa y con su aplicación por parte de Guillermo Lasso pueden ir todas las centrales hidroeléctricas del país a manos privadas, las antiguas y las nuevas que funcionan. Tienen las normas aprobadas en forma fraudulenta para que las centrales Paute, Agoyán, Sopladora, Coca Codo Sinclair, San Francisco, Delsitanisagua, Toachi Pilatón, Mandariacu, Quijos, Mazar Dudas, o cualquiera otra, al tenor literal transcrito, puedan ir a manos de cualquier empresa “de la comunidad internacional”. (La ONU tiene 193 países y la FIFA 213 Estados.) ¡Estamos hablando de mucho más que diez mil millones de dólares solo en infraestructura y en la pérdida anual del cobro del servicio eléctrico que hoy abastece al país y que pasaría a manos privadas! ¡Este es un crimen en contra de la República! Debe tomarse en cuenta que una central hidroeléctrica en cualquier parte del mundo se financia en un lapso de diez años (sin tomar en cuenta los brutales sobreprecios o montos de corrupción incorporados), y luego la rentabilidad va a manos de su dueño. Para asegurarse el 100 e la transferencia del sector eléctrico a manos del sector privado, sobre todo de las multinacionales, en la Transitoria Décima Segunda de esta Ley vigente (aprobada en enero del 2015), decidieron, con la mayoría legislativa de bolsillo, arrebatar todas las acciones de las entidades seccionales, municipios y consejos provinciales, que disponían en el sector eléctrico, y pagarles, entre otras posibilidades, con la “ejecución de obras de infraestructura en sus respectivas circunscripciones.” Fue así como se llevaron a la brava, con su mayoría legislativa sumisa, todas las acciones del Municipio de Quito, de la Empresa Eléctrica Quito S. A.; y las acciones del Consejo Provincial del Azuay y del Municipio de Cuenca de la Empresa eléctrica Centro Sur, entre tantos otros organismos seccionales. ¡Asunto que debería ser reclamado por este atentado al patrimonio colectivo de cantones y provincias de todo el país! ¡Organizaron la rapiña hasta en el último detalle! El sector eléctrico del país se desarrolló a raíz de las exportaciones petroleras en 1972, cuando en el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, y de su ministro nacionalista de Recursos Naturales, el contralmirante Gustavo Jarrín Ampudia (que ojalá alguna vez le hagan Justicia), se destinó el 50 e todos los ingresos del crudo a fortalecer el Instituto Nacional de Electrificación, INECEL, entidad hoy desaparecida por el régimen del fascismo del siglo XXI. Entonces se decidió construir el proyecto Paute, en Amaluza, en el límite de Azuay, Cañar y Morona Santiago, y no el Coca Codo Sinclair, porque estaba en zona sísmica, a diez kilómetros de la boca del Volcán Reventador, y solo podía producir 800 megavatios en tanto el de Paute podría llegar a los 1.500 megavatios. SAQUEO PLANIFICADO A FAVOR DE LAS MULTINACIONALES El saqueo nacional absoluto estuvo programado intensificar por intermedio de los gobiernos privatizadores y a las órdenes absolutas de los gestores de la globalización o Nuevo Orden Mundial de carácter fascista. Este despojo total del patrimonio social y nacional a favor de las multinacionales, propiedad de los círculos financieros más poderosos del planeta, que buscan una dictadura represiva y saqueadora mundial, estaba planificada desde años antes. Esta política se intensificó con Rafael Correa, Lenin Moreno (elegido con fraude propiciado por su predecesor, el segundo Correa) y Guillermo Lasso (proclamado por un CNE en manos de Correa, Nebot, y el mismo Lasso, el tercer Correa), jamás elegido, producto del fraudulento acomodo electoral del 7 de febrero del 2021. Una prueba del saqueo nacional planificado para favorecer a las multinacionales, como parte de la política de la globalización, se puede evidenciar cuando excluyeron en forma concertada y expresa, mediante ley del fascismo del siglo XXI, a las Fuerzas Armadas, del directorio de todas las empresas públicas del país; de INECEL, de PETROECUADOR, de EMETEL, y de todas las demás. No podían permitir jamás testigos incómodos con formación patriótica. ¿Qué problema había con la presencia de delegados de FF AA, y de técnicos y trabajadores de cada empresa estratégica si no iban a robar? ¡Pero como estaba planificado el robo y el saqueo globalizador del patrimonio histórico del pueblo ecuatoriano, a favor de las corporaciones extranjeras, los excluyeron! Quien dude revise el Registro Oficial 35, del lunes 28 de septiembre del 2009, donde en su Art. 44, sacan de todos los directorios de las empresas públicas del país a FF AA, alegando que tienen naturaleza “no deliberante” (¡No pensante!), y que por ello “no podrán participar en directorios, comisiones, comités, consejos consultivos y en general en organismos colegiados de instituciones, empresas públicas y organismos de regulación y control.” Y como los mandos de entonces no dijeron absolutamente nada, mirándoles la cara a los generales despistados en el máxima jerarquía de entonces, como “premio consuelo”, encima les arrebataron, con la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada el 12 de octubre del 2010, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, formado en 1972 para que los miembros de todas las ramas de las FF AA estudien en forma profunda la realidad nacional. Sin el IAEN resultaba mucho más fácil mutilar y reducir las 200 millas de mar territorial para dejarle en doce, con el pretexto de incorporarse a la Convención del Mar de las Naciones Unidas, CONVEMAR, a la que Ecuador impugnó desde diciembre de 1982, en base a decisión inconstitucional de la Asamblea Nacional del 22 de mayo del 2012 (sesión 166), y del Decreto Ejecutivo Nro. 1238 del 15 de junio del 2012, firmado por Rafael Correa, publicado en el Registro Oficial 759 del jueves 2 de agosto del 2012. Es preciso no olvidar jamás, para constancia histórica, que cuando se aprobó la Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009), la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES (2010), y se impulsó la mutilación de las 200 millas del mar territorial, dirigía el país Rafal Correa y presidía la Asamblea Nacional el Arq. Fernando Cordero Cueva, y dominaba la mayoría legislativa el fascismo de siglo XXI. Hoy Guillermo Lasso sigue exactamente en el mismo derrotero de Rafael Correa, con sus mismas leyes y prácticas privatizadoras y represivas, sus mismas políticas globalizadoras, y continua respaldando la mutilación de las 200 millas del mar territorial de nuestro Ecuador bendito, a pesar que el Art. 4 de la Constitución establece de manera inequívoca y rotunda que ¡“El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable”! Noviembre 3 del 2021. ¡La patria no se vende ni se rinde! ¡La patria con el alma se defiende! ¡Esta patria tiene quien le ama y le defenderá! ¡Viva el ecuador libre y eterno!