La guerra…
La guerra que vive la comunidad de Tsuntsuim es un espejo de la guerra que atraviesa al pueblo shuar, y a otros muchos pueblos indígenas en el sur geopolítico. No se trata de un enfrentamiento de países, se trata una vez más, de un choque de dos mundos, de dos cosmovisiones: el culto al capital frente a la defensa de la vida.
04 de octubre del 2017
POR: María Fernanda Solíz
Psicóloga por la Universidad del Azuay y PhD en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es investigadora y académica.
Durante meses, respiramos el miedo, ese miedo que aflora desde la carne, ese que no se puede explicar ni controlar·.
La guerra… La conocí por los libros, por los relatos de Ana Frank que leía cuando niña y recientemente por los textos de Svetlana Alexievich. Cuando llegamos a Tsuntsuim, pude dimensionar, más allá de la empatía del relato, todo lo que conlleva la guerra. El hambre, la tristeza, el miedo, la desconfianza, la ruptura, el vacío…, todo ese dolor contenido por sobre el cual, de alguna forma, la vida sigue renaciendo.
La guerra que vive la comunidad de Tsuntsuim es un espejo de la guerra que atraviesa al pueblo shuar, y a otros muchos pueblos indígenas en el sur geopolítico. No se trata de un enfrentamiento de países, se trata una vez más, de un choque de dos mundos, de dos cosmovisiones: el culto al capital frente a la defensa de la vida.
Pero además, esta guerra, es legitimada, consentida y gestada por el Estado para favorecer los intereses de multinacionales extractivas por sobre los pueblos indígenas en resistencia y defensa de sus territorios, de sus modos de producción, de sus formas de reproducción social y cultural, de su soberanía, de sus naturalezas vivas.
El 11 de agosto de 2016, la comunidad Nankints fue desaparecida con violencia y en su lugar fue ubicado el campamento minero La Esperanza, cual paradoja. Además, otros tres centros shuar fueron ocupados por un operativo militar que destruyó buena parte de la infraestructura comunitaria y saqueó las viviendas. Tsuntsuim fue uno de los centros shuar que vivió el desplazamiento forzado, violento, inconstitucional.
Tsuntsuim, un pueblo que canta, canta a la lluvia, al sol, a sus ajas o chakras y que no quiere minería en sus tierras. Su historia de resistencia y organización desató uno de los operativos militares más perversos vistos durante los últimos años. Se decretó estado de excepción, se militarizaron las comunidades, la gente debió huir, salir así, simple, llana, sin ropa, dejando los animales, la casa, la tierra, la vida, los sueños, todo atrás…. Los militares ocuparon las comunidades, allanaron las casas, rompieron los postes de luz, enterraron los cultivos, los quemaron, se comieron los animales y luego se fueron… Meses después, las comunidades desplazadas que habían conseguido refugio en otros centros shuar vecinos y solidarios, regresaron… Una niña menor de un año, murió de gripe, en el año 2017, de gripe, sin lugar a dudas, es una más, de lo que conocemos como muertes por desplazamiento.
En los meses siguientes, un grupo de organizaciones sociales, activistas y académicos, llevamos procesos de acompañamiento en salud, vivimos el hambre, el corazón roto de compartir la indignación ante un Estado que pretende desaparecer sus pueblos indígenas para instaurar el desarrollo y la modernización capitalista.
La mayoría de los niños y niñas tenían desnutrición aguda y crónica, despertaban con hambre, dormían con hambre, vivían con hambre. No quedó nada, sólo algo de plátano y yuca que se cocinaba sin sal ni aceite en agua insalubre. En una comunidad de 26 familias, casi el 50% tenía infecciones respiratorias leves y moderadas, escabiosis, piodermitis, infecciones digestivas y de la piel.
Las afecciones en salud colectiva y el daño psicosocial aparecían como consecuencia directa de la ocupación del territorio, la violencia política y el sometimiento de los modos de vivir comunitarios. Los procesos de despojo y militarización trastocaron las cinco dimensiones del modo de vida de las comunidades: los modelos productivos, en tanto las economías pequeño-productivas se ven afectadas; la reproducción social, en tanto la organización del cuidado y crianza de la vida empieza a determinarse también en función de la persecución, la criminalización y la violencia política; el consumo de alimentos, de agua, de salud son sometidos; la organización social es afectada desde su tejido pues se persigue a los dirigentes indígenas y se amedrenta a la población; finalmente las relaciones con la naturaleza se ven alteradas por las imposición de metabolismos industriales en detrimento de la cosmovisión shuar que entiende a la naturaleza como madre tierra y sostiene unas relaciones armónicas y circulares con ella.
Durante meses, respiramos el miedo, ese miedo que aflora desde la carne, ese que no se puede explicar ni controlar. Miedo de los drones y helicópteros que sobrevuelan, de los militares, de la ocupación, de nuevos desplazamientos, de los hombres que debían mantenerse en la clandestinidad, enfermos y aislados. Miedo de las bombas que dejaron los militares, de que alguien más como G, encuentre una bomba, le explote en el cuerpo, en el rostro, en los ojos y deba vivir con quemaduras el resto de sus días.
Vivimos una vez más, la criminalización de la protesta social como política de Estado. La lista conocida como “lista de los 70”, instauró procesos de investigación por asesinato y por ataque o resistencia a setenta compañeros shuar, quienes siendo víctimas de una suerte de terrorismo de Estado, están siendo responsabilizados por la muerte de un policía. Se los califica como “primitivos, “salvajes”, “violentos”, lejos de reconocer que los saldos de estos enfrentamientos, son una consecuencia directa de la institucionalización de la represión vivida en Ecuador durante la última década.
La historia que narramos, es nada más, una de las múltiples historias de organización y resistencia frente a la voracidad de la embestida extractivista que se intensificó en el país durante el gobierno del expresidente Correa. Es urgente recordarla ahora que se discute la consulta popular. Es deber de un Estado plurinacional, de un Estado democrático, garantizar el derecho de los pueblos a su autodeterminación, respetar su voluntad para constituirse como territorios libres de megaminería.
Tsuntsuim, como el 11% de los territorios concesionados a megaminería durante el último Festín Minero apadrinado por Rafael Correa como “reapertura del catastro minero”, serían explotados bajo las consideraciones de la pregunta quinta planteada para referéndum, pregunta que únicamente propone prohibir la megaminería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Sólo por citar un ejemplo, la firma del contrato del proyecto Fruta del Norte con la multinacional Lundin Gold, (empresa que está siendo investigada en Suecia por su implicación en crímenes de lesa humanidad debido a sus actuaciones en Sudán), fue posible con la modificación tramposa de los límites del refugio de vida silvestre “El Zarza”.
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes”, decía Albert Einstein. La megaminería es una de las actividades más destructivas, sus devastadores impactos sociales, ecológicos y de salud se extienden por cientos de miles de años sin posibilidad de reparación, empobrecen a las comunidades locales y enriquecen a un reducido grupo de multinacionales conocidas por sus historias de violencia social y política. ¿Por qué entonces, no pensar en declarar a Ecuador, como un país libre de megaminería en todas sus fases y en todo su territorio? Países como Costa Rica y El Salvador lo han hecho, no sólo que es posible, sino que es un deber ético con los pueblos que durante décadas han sostenido la resistencia.
Se lo debemos a Paula, la niña que nació el día mismo del desplazamiento de la comunidad de Tsuntsuim, en medio de la huida, en la oscuridad de la selva… Se lo debemos a los cinco niños, que por sobre la dureza de estos nueve meses posteriores al despojo, han nacido para llenarnos de esperanza. Se lo debemos al Yasuní que representa la utopía del postextractivismo, a las comunidades de Quimsacocha, Río Blanco, Intag, Tundayme, a su emblemática fortaleza en defensa de la naturaleza y de la vida.
Ecuador no es ni será un país megaminero, que esta consulta, marque un hito de ruptura y declare al Ecuador un país libre de megaminería.
La guerra que vive la comunidad de Tsuntsuim es un espejo de la guerra que atraviesa al pueblo shuar, y a otros muchos pueblos indígenas en el sur geopolítico. No se trata de un enfrentamiento de países, se trata una vez más, de un choque de dos mundos, de dos cosmovisiones: el culto al capital frente a la defensa de la vida.
Pero además, esta guerra, es legitimada, consentida y gestada por el Estado para favorecer los intereses de multinacionales extractivas por sobre los pueblos indígenas en resistencia y defensa de sus territorios, de sus modos de producción, de sus formas de reproducción social y cultural, de su soberanía, de sus naturalezas vivas.
El 11 de agosto de 2016, la comunidad Nankints fue desaparecida con violencia y en su lugar fue ubicado el campamento minero La Esperanza, cual paradoja. Además, otros tres centros shuar fueron ocupados por un operativo militar que destruyó buena parte de la infraestructura comunitaria y saqueó las viviendas. Tsuntsuim fue uno de los centros shuar que vivió el desplazamiento forzado, violento, inconstitucional.
Tsuntsuim, un pueblo que canta, canta a la lluvia, al sol, a sus ajas o chakras y que no quiere minería en sus tierras. Su historia de resistencia y organización desató uno de los operativos militares más perversos vistos durante los últimos años. Se decretó estado de excepción, se militarizaron las comunidades, la gente debió huir, salir así, simple, llana, sin ropa, dejando los animales, la casa, la tierra, la vida, los sueños, todo atrás…. Los militares ocuparon las comunidades, allanaron las casas, rompieron los postes de luz, enterraron los cultivos, los quemaron, se comieron los animales y luego se fueron… Meses después, las comunidades desplazadas que habían conseguido refugio en otros centros shuar vecinos y solidarios, regresaron… Una niña menor de un año, murió de gripe, en el año 2017, de gripe, sin lugar a dudas, es una más, de lo que conocemos como muertes por desplazamiento.
En los meses siguientes, un grupo de organizaciones sociales, activistas y académicos, llevamos procesos de acompañamiento en salud, vivimos el hambre, el corazón roto de compartir la indignación ante un Estado que pretende desaparecer sus pueblos indígenas para instaurar el desarrollo y la modernización capitalista.
La mayoría de los niños y niñas tenían desnutrición aguda y crónica, despertaban con hambre, dormían con hambre, vivían con hambre. No quedó nada, sólo algo de plátano y yuca que se cocinaba sin sal ni aceite en agua insalubre. En una comunidad de 26 familias, casi el 50% tenía infecciones respiratorias leves y moderadas, escabiosis, piodermitis, infecciones digestivas y de la piel.
Las afecciones en salud colectiva y el daño psicosocial aparecían como consecuencia directa de la ocupación del territorio, la violencia política y el sometimiento de los modos de vivir comunitarios. Los procesos de despojo y militarización trastocaron las cinco dimensiones del modo de vida de las comunidades: los modelos productivos, en tanto las economías pequeño-productivas se ven afectadas; la reproducción social, en tanto la organización del cuidado y crianza de la vida empieza a determinarse también en función de la persecución, la criminalización y la violencia política; el consumo de alimentos, de agua, de salud son sometidos; la organización social es afectada desde su tejido pues se persigue a los dirigentes indígenas y se amedrenta a la población; finalmente las relaciones con la naturaleza se ven alteradas por las imposición de metabolismos industriales en detrimento de la cosmovisión shuar que entiende a la naturaleza como madre tierra y sostiene unas relaciones armónicas y circulares con ella.
Durante meses, respiramos el miedo, ese miedo que aflora desde la carne, ese que no se puede explicar ni controlar. Miedo de los drones y helicópteros que sobrevuelan, de los militares, de la ocupación, de nuevos desplazamientos, de los hombres que debían mantenerse en la clandestinidad, enfermos y aislados. Miedo de las bombas que dejaron los militares, de que alguien más como G, encuentre una bomba, le explote en el cuerpo, en el rostro, en los ojos y deba vivir con quemaduras el resto de sus días.
Vivimos una vez más, la criminalización de la protesta social como política de Estado. La lista conocida como “lista de los 70”, instauró procesos de investigación por asesinato y por ataque o resistencia a setenta compañeros shuar, quienes siendo víctimas de una suerte de terrorismo de Estado, están siendo responsabilizados por la muerte de un policía. Se los califica como “primitivos, “salvajes”, “violentos”, lejos de reconocer que los saldos de estos enfrentamientos, son una consecuencia directa de la institucionalización de la represión vivida en Ecuador durante la última década.
La historia que narramos, es nada más, una de las múltiples historias de organización y resistencia frente a la voracidad de la embestida extractivista que se intensificó en el país durante el gobierno del expresidente Correa. Es urgente recordarla ahora que se discute la consulta popular. Es deber de un Estado plurinacional, de un Estado democrático, garantizar el derecho de los pueblos a su autodeterminación, respetar su voluntad para constituirse como territorios libres de megaminería.
Tsuntsuim, como el 11% de los territorios concesionados a megaminería durante el último Festín Minero apadrinado por Rafael Correa como “reapertura del catastro minero”, serían explotados bajo las consideraciones de la pregunta quinta planteada para referéndum, pregunta que únicamente propone prohibir la megaminería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Sólo por citar un ejemplo, la firma del contrato del proyecto Fruta del Norte con la multinacional Lundin Gold, (empresa que está siendo investigada en Suecia por su implicación en crímenes de lesa humanidad debido a sus actuaciones en Sudán), fue posible con la modificación tramposa de los límites del refugio de vida silvestre “El Zarza”.
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes”, decía Albert Einstein. La megaminería es una de las actividades más destructivas, sus devastadores impactos sociales, ecológicos y de salud se extienden por cientos de miles de años sin posibilidad de reparación, empobrecen a las comunidades locales y enriquecen a un reducido grupo de multinacionales conocidas por sus historias de violencia social y política. ¿Por qué entonces, no pensar en declarar a Ecuador, como un país libre de megaminería en todas sus fases y en todo su territorio? Países como Costa Rica y El Salvador lo han hecho, no sólo que es posible, sino que es un deber ético con los pueblos que durante décadas han sostenido la resistencia.
Se lo debemos a Paula, la niña que nació el día mismo del desplazamiento de la comunidad de Tsuntsuim, en medio de la huida, en la oscuridad de la selva… Se lo debemos a los cinco niños, que por sobre la dureza de estos nueve meses posteriores al despojo, han nacido para llenarnos de esperanza. Se lo debemos al Yasuní que representa la utopía del postextractivismo, a las comunidades de Quimsacocha, Río Blanco, Intag, Tundayme, a su emblemática fortaleza en defensa de la naturaleza y de la vida.
Ecuador no es ni será un país megaminero, que esta consulta, marque un hito de ruptura y declare al Ecuador un país libre de megaminería.
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