martes, 24 de octubre de 2017

  
Crónica de un abuso que se llegó a conocer por medio de cartas
En una escuela intercultural indígena al norte de Quito, un profesor presuntamente abusaba de niñas. La escuela sirve a una comunidad ubicada en las afueras de la capital, y se teme que las autoridades educativas no habrían tomado las medidas adecuadas contra el presunto acosador. Las pruebas serían una serie de cartas anónimas recibidas por el orientador de la institución. Se ha abierto una sola instrucción por el caso de una menor de 13 años.
23 de octubre del 2017
SUSANA MORÁN
El barrio y la escuela
El sol rebota en el adoquín de la calles de San Miguel del Común. Es una antigua comuna indígena de la parroquia de Calderón, asentada junto a la Panamericana Norte, a 10 minutos del peaje de Oyacoto, en la salida norte de Quito. Sus casas están construidas sobre una ladera y se mezclan aún con el monte de la zona, vestigio de antiguos campos para la agricultura. En sus calles empinadas se respira el aire cálido propio de este sector árido del norte de la capital.
El barrio, en su mayor parte, es quieto y silencioso. Su mayor movimiento se concentra junto al centro educativo Mushuk Pacari, el segundo más antiguo del lugar. En realidad su nombre es más largo: “Unidad educativa comunitaria intercultural bilingüe guardiana de la lengua Mushuk Pacari”. Los pocos autos que circulan van a este lugar. A su alrededor se concentran las ventas ambulantes, algunas tiendas y un cibercafé.
Fundada el 4 de diciembre de 1997, los vecinos la recuerdan como una escuela preocupada por impartir valores. Su modelo intercultural era el atractivo para los moradores de gran parte de los barrios de la parroquia: la enseñanza de quichua, español e inglés. Allí estudian menores de Carapungo, Marianas, Llano Grande, Calderón, Oyacoto y otras comunas. 940 estudiantes son parte de la institución que trabaja en jornadas matutina y vespertina.
Fundada el 4 de diciembre de 1997, los vecinos la recuerdan como una escuela preocupada por impartir valores. Su modelo intercultural era el atractivo para los moradores de gran parte de los barrios de la parroquia: la enseñanza de quichua, español e inglés. Allí estudian menores de Carapungo, Marianas, Llano Grande, Calderón, Oyacoto y otras comunas. 940 estudiantes son parte de la institución que trabaja en jornadas matutina y vespertina.
Su carácter comunitario a más de un padre enorgullecía y la cosmovisión indígena como método le valió un reportaje en la prensa. Pero desde el miércoles 18 de octubre de 2017, la Fiscalía sacó del anonimato a esta institución y no precisamente por su labor académica: 84 menores habían sido abusados sexualmente por un profesor. La escuela cuyo nombre significa nuevo amanecer empezaba a revelar una larga noche silenciosa.
Las cartas anónimas
El expediente judicial está lleno de cartas escritas a mano. En hojas de papel bond o cuadriculadas, unos 80 estudiantes contaron sus historias con el profesor Antonio Ch. Los escritos fueron un recurso que usó el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la institución para identificar las posibles víctimas. Todo comenzó cuando el psicólogo del DECE del Mushuk Pacari había notado un mal comportamiento del maestro. En busca de pruebas pidió a los estudiantes de la jornada vespertina que escribieran estas cartas anónimas. “Morboso” se lee en muchas de ellas.
Según la Fiscalía, el maestro presuntamente actuaba así: se aprovechaba de la confianza de los estudiantes para tocar los genitales y los senos de las niñas, las invitaba a salir, a ver películas en su casa y les ofrecía comprar ropa. Ahora está procesado por presunto abuso sexual a menores de entre 12 y 14 años. Antonio Ch. fue detenido en su casa, en Cotocollao, el 18 de octubre de este año, una semana después de otro caso de abuso a un centenar de estudiantes en Guayaquil. En breves declaraciones difundidas por un canal de televisión mientras era detenido, el docente se limitó a negar los cargos y a sostener que era víctima del "racismo" del rector de la institución. 
Pero las cartas con la alarma demoraron en llegar a la Fiscalía. En medio del camino estuvo el Distrito de Educación de Calderón a donde fueron enviados estos reclamos. Por ser anónimos, el DECE volvió a hacer un nuevo informe. Esta vez solo con las niñas que querían identificarse, que en total fueron 10. El documento fue enviado el 4 de mayo de 2017. “Lorena (nombre ficticio) explica que en varias ocasiones le abraza intencionalmente, le coge el busto y le ha pedido que se quede en el colegio para darle las notas”, fue uno de los testimonios que llegaron a esta dirección. El caso fue enviado finalmente a la Fiscalía en julio pasado.
El propio protocolo del Ministerio de Educación en casos de violencia sexual establece que una vez identificada la situación esta debe ser comunicada a los representantes legales sobre las medidas a tomar y realizar la denuncia máximo en 24 horas en la Fiscalía. La denuncia llegó dos meses después. Y el rector, Miguel Loachamín, según el testimonio de una madre, dijo: “En el caso del licenciado a mí no me metan”. En abril, el profesor fue separado de la institución y le fue abierto un sumario administrativo. Pero el 18 de septiembre, la dirección distrital resolvió archivar el sumario y reubicar al docente. “¿Por qué se le envía a otra unidad?”, se preguntó otra madre. La semana del escándalo el rector y el director distrital de Calderón fueron destituidos.

En el Mushuk Pacari estudian 940 niños en dos jornadas, matutina y vespertina.  Los niños afectados son de octavo, noveno y décimo de básica.  Los padres analizan cambiarlos de institución. 
Todos vieron, todos callaron
Con los 10 testimonios iniciales, empezaron las investigaciones. Mariana Huilcapi, la fiscal que lleva el caso, recuerda que gracias a estos testimonios llegaron a identificar 84 posibles víctimas. De ellas 37 han sido valoradas, es decir se les ha tomado el testimonio y se les ha hecho un examen sicológico. Pero advierte que hay más víctimas que no han sido identificadas porque las cartas manuscritas eran anónimas.
Mariana Huilcapi, la fiscal que lleva el caso, recuerda que gracias a estos testimonios llegaron a identificar 84 posibles víctimas. De ellas 37 han sido valoradas, es decir se les ha tomado el testimonio y se les ha hecho un examen sicológico. Pero advierte que hay más víctimas que no han sido identificadas porque las cartas manuscritas eran anónimas.
Las cartas son el resultado de un malestar permanente. Según los padres, el exrector de la institución sabía de los hechos. No logran establecer una fecha: hace un año, desde noviembre, desde abril. Pero sí coinciden en algo: él sabía. Dentro de la institución, no era un secreto lo que sucedía. Basta hacer un breve un sondeo entre los estudiantes para conocer qué recuerdan del profesor:  
Karina (nombre ficticio), 12 años: “Nosotros bailábamos y veía que les tocaba las piernas (a mis compañeras). A una amiga le invitaba a comer. Yo me alejaba de él porque sabía que era morboso. Mi mami dice que nos va a cambiar de escuela. Veía cómo a las chicas les cogía. Primero era bueno con nosotros pero luego se hizo morboso”.
Estefanía (nombre ficticio), 12 años: “Nos cogía mucho la barriga como haciéndonos cosquillas y le decíamos que deje de estarnos tocando porque eso está mal. Hasta a las licenciadas las veía por detrás. Mi mami dijo que va a ver si me cambia de escuela porque esto ya se está pasando”.
Pedro (nombre ficticio), 10 años: “Lo veía tranquilo y nos hacía reír. Pero a mis amigas de 4to a les invitaba a comer, les daba dinero para que se dejen abusar. Dice que las tenían amenazadas”.
Oficialmente era el profesor de estudios sociales. Pero los estudiantes refieren que también les dio clases de educación física y organizaba las danzas para las fiestas de San Miguel. Daba clases a los estudiantes que se quedaban sin profesores o cuando estos estaban en reunión. Por eso el abuso, según confirma la Fiscalía, se dio en muchos lugares: en recreo, en el patio, en clases o fuera de la institución. Incluso ha registrado que los niños eran castigados físicamente por el profesor porque reclamaban su proceder ante las compañeras del colegio. O tenían confrontaciones porque supuestamente se metía con sus novias. 
El caso se encuentra en instrucción fiscal. Por ahora, la fiscal ha formulado cargos por una de las víctimas, de 13 años. No puede abrir un proceso por 84 víctimas porque eso traería consigo una nulidad procesal: cada víctima tiene una historia diferente. Pero estima abrir 10 instrucciones más por abuso sexual y pedir la pena máxima.
La indignación
Jueves 19 de octubre, cerca de las 13:00. Es hora del cambio de jornada. Los estudiantes de la escuela salen y los del colegio ingresan. Estos últimos hacen un fila frente a la entrada principal e ingresan en orden bajo la vigilancia de una inspectora. Algunos han llegado con sus padres, que en pequeños grupos comentan sobre el caso que conocieron a través de los medios. Una madre con su hijo de 10 años trataban de cubrirse del sol bajo una pared. Vio la noticia en el centro de salud donde trabaja y pidió permiso para ir al centro educativo. Pero no la dejaron pasar. “Estoy indignada”, decía. Sin información y fuera del establecimiento no resignaba a irse.
Viernes 20 de octubre, pasadas las 10:00. Una madre con sombrero, gafas y un recorte de prensa en una carpeta llegó al colegio. Buscaba entrar para tener más información sobre el caso. Un día antes, según narró, había reclamado a maestros y autoridades. “¿Cómo no sabían?” y les entregó el recorte. “Lean e infórmense”. También dijo estar indignada. Su hija, una estudiante con buenas calificaciones, lloró cuando supo de los hechos. Ella no quiere cambiarse de colegio.
El testimonio
El viernes 20 de cotubre, los padres y madres de las víctimas acudieron a una reunión con las autoridades del colegio y  de la Subsecretaría de Educación. Al salir, una de ellas contó lo siguiente:
“Nos dijeron que van a cambiar los profesores, son cómplices, todos sabían. Son tres los profesores investigados. Me siento indignada porque se supone que uno manda a un hijo a estudiar, (pero) están inseguros. A mi hija de 14 años le hicieron el atentado al pudor, le tocaron las partes íntimas, la invitaba a comer al bar, le pedía dinero para no dejarle de año. Y otros profesores los están amenazando (se refiere a los menores denunciantes). Les dicen que porque les miran y les tocan no es una violación, que por culpa de ellos se va a cerrar la institución. Vivo en Marianas, pero antes vivía por este sector. Tengo tres hijos estudiando aquí. Pero los quiero sacar.
Mi hija se siente triste y eso me duele bastante. Pero quiero agradecer al señor psicólogo, que tuvo un valor muy grande, tomó el caso como si fuera hijos de él, fue muy valiente. Investigó a cada niño y se acercó a denunciar. Si nosotros como padres de familia no hablamos fue porque nos cerraban las puertas de aquí (se refiere al colegio). Inclusive yo quise hablar con el rector, pero me cerró la puerta. ‘En el caso del licenciado a mí no me metan’, me dijo. Imagínese si a uno le cierra la puerta aquí, ¿a dónde va? Esto pasó en abril. Pero el licenciado estaba abusado de los niños desde noviembre pasado. Uno por quedarse callado mire cuántas consecuencias. No fueron uno ni dos sino muchos. Ahora les dicen que por culpa de ellos el colegio está por el piso, que han dañado la integridad del colegio”.
La última amenaza
En julio cuando empezaron las investigaciones, al final de ese año lectivo, al menos 10 estudiantes que sufrieron los abusos dejaron el colegio. Aún sin que conozcan si su profesor iba a ser detenido, dejaron incluso de estudiar. Y su situación es incierta.
Tres profesores más están siendo investigados, así como el rector y el vicerrector. Esa fue la última novedad con la que salieron los padres después de una reunión con autoridades educativas. Después del escándalo, una profesora fue al aula donde están algunas de las víctimas y les dijo: “Acaso con ver y tocar eso es una violación, no. Debe haber semen dentro de la vagina para sea violación”. La subsecretaría de Educación, al final de la reunión, no confirmó el número de personas investigadas. Pero aseguró: “Estamos sancionando a todas las personas que busca entorpecer los procesos que está siguiendo la Fiscalía”.
En julio cuando empezaron las investigaciones, al final de ese año lectivo, al menos 10 estudiantes que sufrieron los abusos dejaron el colegio. Aún sin que conozcan si su profesor iba a ser detenido, dejaron incluso de estudiar. Y su situación es incierta.

Ellos viven en algún lugar de Calderón, sector al que la fiscal Huilcapi lo califica de complejo. En sus cuatro años al frente de la Fiscalía de esta parroquia ha visto decenas de casos de abuso sexual. A la semana llegan a esta dependencia en promedio 10 denuncias de este tipo. Y en el sector educativo es común. Por ejemplo, el profesor Gilbert G. fue sentenciado a 29 años y 4 meses de prisión por la violación de una niña. También hay un proceso contra el rector de un colegio particular de la zona, también por violación. Los conductores de los buses escolares son otros denunciados. Pero el abuso ocurre en cualquier entorno. Como el caso de un padre que abusó de su hija desde los 12 años y con quien tiene dos hijos, o del abuelo que violó a todos sus nietos varones de entre 6 y 12 años.

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