Catrina Tala, esta vez no tiene derecho a quejarse
La presentadora y productora de televisión Catrina Tala está molesta porque en redes sociales se hizo pública una lista de sueldos que se paga en TC Televisión, el canal que el gobierno de Rafael Correa incautó el 8 de julio del 2008 a la familia Isaías.
Tala dice, en una carta que envió a Soldada Civil, una activista en redes, que haber publicado esa lista donde aparece su sueldo de 10 291 dólares mensuales es un riesgo para ella y sus dos hijos. Ella tiene razón de preocuparse de que el dato sobre sus ingresos puedan afectar la seguridad de los suyos. Ganar 10 291 dólares mensuales no es cualquier cosa, aún más en el Ecuador. El problema que quizá Tala no comprende es que cuando decidió ir a trabajar en TC Televisión, (antes lo hacía en Ecuavisa) asumió ingresar en territorios de lo público. TC Televisión, desde julio del 2008, es una empresa administrada por el Estado y todo cuanto ocurra ahí y que tenga que ver con el manejo de sus dineros, es un tema que interesa a sus verdaderos dueños: los ecuatorianos. Por eso, el sueldo de Tala es un tema que incumbe a todos, no solo a ella y a su familia.
#RT ¡Algún Jurista o conocido en la materia que le explique a @turcacat la LEY DE TRANSPARENCIA! Querida @tctelevision es un medio público!
El ingreso mensual de Tala, según la información, no es pelo de cochino y al escribir la carta ella confirmó la cifra. Tampoco son poca cosa los sueldos de otros ejecutivos, presentadores y periodistas que no han negado, en ningún momento, los montos expuestos en la información que se ha hecho pública. Que un canal administrado por el gobierno, que está prácticamente quebrado como dice la información oficial, pague sueldos como los que aparecen en esa lista es, sin duda, una información de interés público. Que haya un director de ventas como Rodolfo Alberto Peralta que gana 22 288 dólares al mes o un presentador como Carlos Luis Morales (ex futbolista) que gana más de 9 040 dólares mensuales en un canal cuyas pérdidas tiene que cubrir el Estado, con dinero de todos los ecuatorianos, es un tema que debe interesar a la sociedad y es, evidentemente, una grosería cometida y tolerada por los administradores del Estado.
¿Quién podía esperar que una lista de sueldos que se pagan en una empresa pública donde hay varios por encima de 10 mil dólares mensuales no se convierta en un escándalo? Hay un gerente jurídico que gana $7000 al mes y una directora de producción y programación que gana $16 340 al mes. Si esas cifras aparecieran en una lista de una empresa privada donde el dinero que se gana o se pierde es propiedad de sus accionistas, la cosa sería muy distinta. Y ahí sí la protesta de Catrina Tala sería procedente. Pero ese no es el caso.
Lo que ocurre en TC Televisión es una catástrofe financiera con costos para el Estado. Según un informe de Contraloría, la administración de TC Televisión fue un perfecto desastre. En ese canal se identificaron problemas, hasta el 2014, que incluían sueldos por encima de la ley, contratos firmados con funcionarios de la AGD, pago de utilidades siendo una empresa del Estado y un manejo contable que no se quiso presentar oficialmente. Incluso TC Televisión no había pagado sus obligaciones con la Superintendencia de Compañías. Los ejecutivos de la empresa sostuvieron entonces que TC Televisión era una empresa privada y se negaron a dar información requerida a los auditores de la Contraloría. Estos respondieron que “desde la fecha de su incautación, la compañía pasó a ser una empresa propiedad del Estado a través de un fideicomiso, es así que el 88,70% del paquete accionario corresponde al Fideicomiso Mercantil AGD CFN No más Impunidad-Medios”. En su informe, además, se estableció que TC Televisión se había convertido en la fuente de financiamiento de muchas otras empresas de comunicación incautadas por el gobierno de Correa. Para ese entonces, la Contraloría dijo que en TC televisión se habían pagado 706 439 dólares en exceso en sueldos. ¿Cómo pensaba Catrina Tala que el tema de su sueldo no sea de relevancia pública si ya en 2014 la Contraloría observó el excesivo pago en remuneraciones?
Cuando Tala dejó Ecuavisa, en agosto del 2015, para emplearse en TC Televisión, el manejo editorial y financiero de los canales incautados era de conocimiento público. Se sabía que TC Televisión era manejado de acuerdo a la voluntad de los hermanos Alvarado y que se había convertido en la gallida de los huevos de oro de los medios públicos. Tala debía prever que un contrato en esas condiciones y firmado con un canal como ese, tarde o temprano terminaría siendo noticia.
La carta que Catrina Tala envió a Soldada Civil muestra que a la productora, de origen chileno, le preocupa el tema de la libertad de expresión. Por eso dice a la activista de redes que no quiere que borre su tuit. Por eso mismo, esa carta pone sobre el tapete el tema de la transparencia. Y transparencia implica la necesidad de que se presenten al público las cifras y los manejos de ese canal que en el 2008 pasó a ser público como lo dice la propia Contraloría. En ese año, TC Televisión como su canal hermano Gamavisión, eran empresas que generaban ganancias a sus accionistas. Diez años más tarde, esos canales están mal económicamente y el nivel de sueldos obviamente explica parte de su desastroso desempeño económico durante 10 años.
El Gobierno de Lenín Moreno tiene ahora la obligación de transparentar las cifras de todos los medios incautados. Se sabe que existe una auditoría hecha recientemente que ha sido llevada a manos del Presidente. Esa auditoría debe ser hecha pública como públicos se han hecho los sueldos de Tala y varios de sus compañeros. No hacerlo sería un gesto de ocultamiento y complicidad con los responsables. ¿Cuánto dinero inyectó el Estado en los canales incautados? ¿Cómo se usó ese dinero? ¿Se perdió ese dinero y el patrimonio de esos canales fue dilapidado? La obligación ética y pública del gobierno de Moreno no termina con la presentación de las cifras. Esa obligación incluye la necesidad de que se haga pública la lista de personas que fueron responsables durante diez años de la administración del canal. ¿Hasta dónde involucra esto a Fernando Alvarado?
Los actuales funcionarios que se han hecho cargo de los canales incautados, que se sabe anunciarán en pocos días la fusión de Gamavisión con Ecuador TV, tienen además la obligación de no hacer lo mismo que el gobierno de Correa hizo con esos medios: convertirles en herramientas de propaganda del gobierno. Quitárselos a Correa para entregárselos a Moreno es lo mismo que quitárselos a los Isaías para dárselos a Correa. El gobierno no solo tiene que esclarecer lo que ocurrió en esos medios sino devolverlos a la sociedad.
Catrina Tala también tiene, como todo el resto de contribuyentes y ciudadanos ecuatorianos, todo el derecho a conocer con precisión qué pasó con TC Televisión y quiénes son los responsables de haber feriado los dineros de los ecuatorianos.
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