Por: Desirée Yépez
Una tragedia ocultada, de
Miguel Ángel Cabodevilla y Milagros Aguirre, pone en evidencia la nula
intervención de las autoridades públicas en el conflicto que viven los pueblos
aislados. El texto fue censurado por una jueza de Violencia contra la Mujer y la
Familia de Pichincha, quien luego revocó su prohibición.
Por eso, como parte de su
intervención, mientras el calor en la sala estorbaba pero no disminuía la
atención de los asistentes, calificó de hipócritas las acciones tomadas hasta
el momento por el Estado. “Si en España he podido enterarme, incluso ahí
desarrollé el relato, ¿cómo no puede enterarse uno en Quito o en Coca? Mi
problema no es quién mató ni a cuántos… Este no es un caso fiscal, es político,
ético y social. El día 30 de marzo se produjo una matanza. Está fotografiada.
Los waorani estuvieron ahí como si fueran a una excursión, se fotografiaron a
sí mismos. En el libro no he puesto las fotos, no los van a condenar por lo que
yo diga, aunque eso quieren algunos”.
Eso también se expone en la
página 26 de Una tragedia ocultada. Ahí se dice que algunos funcionarios de la
Fiscalía están actuando con una desproporción en sus funciones que sorprende...
Según ellos, nadie debe saber del caso, ni investigar, fuera de ellos. Les
molesta que se opine en público sobre el asunto; se han mostrado retadores
contra algunos que lo han hecho. Han advertido que los llamarán a declarar,
mientras dejan tranquilos a los protagonistas del atropello. Y ese fue su caso.
La jueza Hilda Garcés firmó la
orden que prohíbe la circulación de la obra.
A través de un comunicado el
gobierno respaldó a los autores del libro.
En la obra también se recogen
testimonios, aunque no se dan nombres, de quienes habrían participado en la
masacre. No obstante, Cabodevilla confiesa que existen detalles inexactos, ya
que hizo un resumen que contenga lo más importante de los relatos waorani.
“Cuando he hablado con ellos, en el primer momento, son narraciones de guerra,
exaltados, cada uno dice he matado a 15, 20. Pero más tarde, lo cuentan de otra
manera… Lo que me parece fundamental del asunto, es que ellos (wao) intentan
exterminarlos a todos (tagaeri)”.
Precisamente cuando el español
terminó su intervención, luego de dejar en evidencia la inoperancia del Estado
en el tema ya que después de seis meses de ocurridos los sucesos no hay
respuesta... el clima en el Hemiciclo se transformó.
Una mujer ingresó a la sala y
se acercó hacia los ponentes. Allí, se mezclaron caras de asombro, ironía, e
incluso temor. Fernando Carrión tomó la palabra. Ella entregó una orden
proveniente de la Unidad de la Familia de Pichincha, que prohibía la circulación y difusión de la
obra por cualquier medio. La providencia, firmada por la jueza Hilda Yolanda
Garcés, de la Unidad de la Familia, que depende de la Corte Provincial, alegaba que en la invitación al lanzamiento
se usaba la imagen de una niña, lo cual violaría el Código de la Niñez. La
denuncia que motivó la intervención de la justicia de Mujer y Familia provino
de la Defensoría del Pueblo.
Ese momento el desconcierto
contagió al auditorio. Incluso hubo quienes, víctimas del pánico, abandonaron
la sala corriendo, pensando que en cualquier momento llegaría la fuerza
pública. Nada de eso pasó. Tampoco hubo policías incautando libros, como se
publicó en redes sociales.
“Nada es tan relevante como
para que se prohíba la circulación. Quiero creer que no son las autoridades de
este país, sino alguien desinformado que viendo la invitación que circuló desde
Flacso, la cual fue uno de los varios intentos de portada, se asustó”, comentó
Milagros Aguirre, al salir del auditorio. Entre abrazos y palabras de apoyo, la
coautora abandonó el hemiciclo y ofreció breves entrevistas a los distintos
medios que cubrían el conversatorio.
Desde su perspectiva, el libro
recoge situaciones que han sido vox populi, los waorani narran su testimonio,
no hay nombres ni fotos con cara. “No sé qué puede preocupar tanto, lo que
queremos es que se conozca que hay un problema complicado entre esos clanes. Ya
he asistido a varios funerales”. Ella insta a las autoridades a no negar,
ocultar, y a tomar medidas para que no vuelva a pasar.
Esa misma tarde, varios
usuarios de redes sociales difundieron el texto pese a la censura. Y desde, la
Presidencia de la República, se redactó un comunicado que rechaza la
prohibición proveniente de la Corte. El oficio, en el cual incluso se expresa
solidaridad con los autores, fue difundido desde la madrugada del 26 a través
de los medios del Gobierno.
En la mañana del 27 de
septiembre, mediante un comunicado de la Defensoría del Pueblo, se solicitó la
revocatoria de la prohibición. Wilton Guaranda Mendoza, defensor de los
Derechos Humanos y la Naturaleza, corroboró que los autores del libro tomaron
las debidas precauciones para proteger la imagen de los niños y niñas que
aparecen en las fotografías, lo cual motivó su denuncia judicial.
Por ello, la jueza Garcés
revocó la orden que prohibía la difusión y la obra impresa llegó a las
librerías. Por su parte, Miguel Ángel Cabodevilla regresará a España el próximo
2 de octubre. Los autores distribuyen Una tragedia ocultada en las librerias
Rayuela y Librimundi de Quito.
link del libro: http://www.planv.com.ec/sites/default/files/una_tragedia_ocultada.sin_fotos.pdf
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