Por: César Ricaurte
Maravillosa, simplemente, la primera foto de todos juntos, Consejo de
Regulación y Superintendente de Información: el hasta antes de ayer académico
perdido en sus devaneos, la funcionaria plantando cara al carpetazo que
entregan en ese acto, los inquisidores menores al Gran Inquisidor. El mismo que
repite y repite la sentencia que es su propia perdición: "la Ley es la
Ley".
Es el mantra de Carlos Ochoa, el personaje que salió para dar rostro a
una Ley de Comunicación de naturaleza orwelliana, tal como se lo recordaron a
Fernando Alvarado en la Universidad de Columbia. Y es un mantra que, como
solían decir los psicoanalistas de viaja escuela, funciona como un síntoma de
la verdadera enfermedad.
Porque la Superintendencia de Información podrá constar en la Ley de
Comunicación, pero no tiene sustento constitucional ni legal y menos aún
legitimidad.
A la "La Ley es la Ley" de Ochoa se debería contestar,
entonces, con un "La Constitución es la Constitución". Y preguntarle,
¿cómo se puede hablar de legalidad desde una institución que se creo violando
todos los procedimientos parlamentarios? ¿Cómo se puede hablar de legalidad
desde una Superintendencia por la cual no votó el pueblo ecuatoriano, que no se
debatió en recinto parlamentario ni la discutieron asambleístas, ni constaba en
ninguna recomendación de los organismos internacionales de protección de
Derechos Humanos?
¿Con qué legitimidad se puede hablar de que "la Ley es la Ley"
cuando existen recursos que la Corte Constitucional no se digna siquiera tratar?
¿Con qué legitimidad se puede aplicar una Ley que el Gobierno no tiene la
valentía de someter a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos?
¿De qué legalidad puede hablar un Superintendente cuyo nombramiento se
hizo con un proceso viciado de insconstitucionalidad, pues en los artículos de
la Ley de Comunicación que se introdujeron al apuro se "olvidaron" de
establecer los requisitos que debe cumplir el Superintendente para ser electo,
tal como lo establece la Carta Magna?
En fin, la Ley es la Ley es un principio que se debería aplicar a sí
mismo el Superintendente y, entonces, veríamos que cualquier cosa que juzgue,
va a estar contaminada, justamente de inconstitucionalidad e ilegalidad.
Tres fantasmas persiguen a los señores de la foto que retrata a la
Censura del Siglo XXI: inconstitucionalidad, ilegalidad, ilegitimidad.
Porque a estas alturas, el Consejo, también ha dado muestras de que en
palabra, obra y omisión está dispuesto a socapar todas las violaciones legales
que provengan del Régimen y a castigar severamente la más mínima desviación de
la plana que con caligrafía disciplinada y "responsable" deben hacer
los medios privados para salvarse del purgatorio.
Solo que, al final del día, los fantasmas seguirán ahí para recordarles
quiénes son. Nada más.
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