Por: Jaime Cedillo Feijóo
La gente no
podía creer lo que estaba sucediendo, el “modelo exitoso de gestión” de la
noche a la mañana se vino al suelo. Los noticieros anunciaban la mala noticia:
¡COOPERA, una de las más importantes cooperativas del sur del país cierra sus
puertas¡. ¿Deja en la calle, en la incertidumbre, a miles de socios que
confiaron sus ahorros a la institución que hacía un derroche de propaganda
difundiendo sus bondades y logros alcanzados?. El refrán oficial: “servir para
ser más humanos” se volvió inhumano, así de simple. Hoy los perjudicados, que
según las autoridades, superan los 600,
deambulan por las calles de la ciudad de Cuenca, asisten a reuniones, protestan
frente a las instituciones públicas, con la esperanza de recuperar los ahorros
de toda una vida. Al igual que los nacionales los extranjeros lloran sin
consuelo la desgracia.
Pero esa
ilusión poco a poco se va diluyendo, escapando, porque fue el propio presidente
Correa quien dijo en una de sus últimas sabatinas que no será posible devolver
todo el dinero (sábado 21 de septiembre). En esa misma fatídica sabatina su
Ministro de Política Económica, manifestaba que de los 115.299 depositantes,
114.630 han recibido sus ahorros, y a
los 660 que restan no se los podrá entregar todo sino sólo una parte (¿?). De
acuerdo al liquidador designado por la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, Diego Aguilar, se han hecho devoluciones por 35 millones de dólares,
resta por entregar 65 millones, que representan el 1 por ciento de los
depósitos. El hueco patrimonial ascendería a los 31 millones, de acuerdo a sus
propias declaraciones formuladas a los medios de comunicación social. La
pregunta del millón es la siguiente: ¿a dónde fue a parar el dinero de los
socios de COOPERA?. La respuesta la tienen las autoridades que imparten
justicia, o simplemente quedará en los archivos de la injusticia, tal como
ocurrió con el tristemente caso del feriado bancario, que dejó en la pobreza e
indefensión a cientos de miles de ecuatorianos, que hasta la fecha, muchos
perjudicados, todavía esperan la devolución de sus capitales.
POLITIZACIÓN
Por la
quiebra de COOPERA guardan prisión preventiva el gerente general, Clemente
Rodrigo Aucay Sánchez, y varios de los que fueron sus colaboradores que ocuparon
funciones importantes. Dicen que no están todos los que son, ni son todos los
que están. Lo reprochable de este nuevo caso de estafa, fue la politización de
la cooperativa. El mismo día que Aucay y los suyos “celebraban” los 9 años de
vida del “modelo exitoso de economía popular y solidaria (5 de enero del 2013);
se anunciaba con bombos y platillos la candidatura de Aucay a la Asamblea
Nacional en representación de Alianza País, listas 35. En el festejo estuvieron
varias figuras políticas de la “revolución ciudadana” en la fonda de Coopera,
para más señas. Hay videos en donde se observa a los miembros de Alianza País
sirviéndose los banquetes. De una le quisieron hacer asambleísta, ese salto
costó mucho dinero”.
Otra de las
cosas que ha indignado a representantes de cooperativas de ahorro y crédito, es
que Aucay incluyó en la propaganda la frase: “asambleísta nacional por el
cooperativismo”, lo que fue completamente falso, dijo uno de nuestros
entrevistados. Los funcionarios del gobierno nacional que promocionaron y
lograron que Aucay sea candidato, conociendo de los serios problemas económicos
que venía afrontando desde hace más de tres años la cooperativa, también
deberán responder por sus malas actuaciones?. Aucay le entregó un
reconocimiento especial a la Ministra de Inclusión Económica y Social, Doris
Soliz (septiembre de 2012), durante la inauguración de la sede de la Red
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador. Como Directora
Regional del MIES, actuaba Bety Tola.
El
Observador pidió la opinión de lo acontecido con Coopera a uno de los
perjudicados, se trata del ingeniero comercial José Montesinos Mogrovejo: “fue
público el despliegue de la propaganda de Aucay en la campaña electoral. No
creo que haya solventado los gastos de la campaña con su dinero, seguro que fue
con los ahorros de los socios de la cooperativa, se distrajeron nuestros
fondos. El liquidador habló que hay en las cuentas un egreso de caja no justificado por 4 millones 100 mil dólares.
Aucay y sus cercanos ayudantes saben a dónde fueron a parar esas cantidades,
pero se están acogiendo al derecho al silencio”.
De acuerdo
al criterio de Montesinos, también la responsabilidad recae en las autoridades
por la falta de vigilancia, tanto de la Superintendencia de Bancos y Seguros
como del MIES, por no ejercer un control adecuado, auditando los balances cada
seis meses.
Montesinos
denunció que tanto la Fiscalía como Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, se tomaron por asalto las oficinas de Coopera. “No se levantó una
acta, no hubo un arqueo de caja, no se conoce cuánto había en los cajeros
automáticos, en las cajas fuertes”.
Sobre las
responsabilidades del liquidador, la ley señala que tiene un plazo de 30 días
para convocar a asamblea general y nombrar un junta de acreedores. Hasta ahora
nada se ha cumplido, es una cadena de irregularidades e irresponsabilidades. Y
lo que lo nos faltaba, señaló Montesinos: un juez declara que la información de
la quiebra de Coopera permanecerá en reserva durante los próximos 15 años, como
si se tratara de un asunto de seguridad nacional?. ¡Cuánta injusticia!.
INDAGACION
DEMORO
El
asambleísta socialista de “Alianza País”, Oswaldo Larriva Alvarado, que preside
la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, declaró
que su responsabilidad no desmayará hasta saber qué pasó?. Estamos
investigando, dijo enfáticamente. La información que nos entregue la Fiscalía
será procesada en la comisión para saber cuáles son los autores, cómplices y
encubridores de este atraco a la fe pública. “Me tiene sin cuidado que algunas
personas se disgusten con mi preocupación. No tengo porque callarme. Los
perjudicados tienen que exigir respeto al honor, a su dignidad. Soy legislador
del Azuay y debo ayudar a solucionar las dificultades. Larriva señaló que la
indagación por parte de Fiscalía tomó mucho tiempo. “Los posibles implicados
prepararon maletas, inclusive hicieron fiestas de despedida, antes de abandonar
el país”.
Por su
parte, el gerente general de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del
Sur (UCACSUR), Juan Pablo Guerra, subrayó que no hay que olvidarse que hay dos
entes públicos de control: la Superintendencia de Bancos y Seguros y el
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). La mayor parte de
cooperativas estaban dentro del MIES, unas 1200 aproximadamente. Recordó que en
el mes de mayo del 2012 se crea la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, y en el mes de junio del mismo año, se nombra a la máxima autoridad.
En los meses de septiembre y octubre se realiza la transferencia de los
controles tanto de la Super de Bancos como del MIES a la nueva institución.
Bajo esas “inspecciones” es que se produce la liquidación de Coopera.
Al responder
nuestras inquietudes, Guerra manifiesta que todo control y supervisión es
positivo. Lo sucedido con Coopera es un caso puntual y particular, por lo
tanto, no nos compete decir cuales son los responsables. Coopera no fue parte
de la UCACSUR aclaró. “A pesar de ello, cuatro cooperativas socias de UCACSUR
han colaborado en el proceso de devolución del dinero”.
“En el
proceso de adquisición de la cartera, más de 10 instituciones locales,
regionales y nacionales, estuvieron interesadas en asumir con espíritu
cooperativo y solidario el proceso de devolución de depósitos al 99% de los
socios de Coopera en Liquidación. Nos enorgullece decir que luego de un proceso
de selección técnico considerando aspectos como la fortaleza financiera,
patrimonial, cobertura operativa y capacidad de respuesta institucional, se evidenció el trabajo de cuatro de nuestras
entidades asociadas, que demostraron la capacidad para asumir con altura y
compromiso social estos desafíos; por lo que ante los rumores antojadizos y mal
intencionados que pretenden desinformar acciones de un proceso transparente, equitativo
y basado en los principios universales del cooperativismo, velaremos por
defender el buen nombre de nuestras cooperativas que con sus acciones
demuestran un auténtico compromiso con sus socios y la comunidad”
¿Cuál es su
criterio sobre esta nueva crisis?.
Es
simplemente un llamado a la reflexión a las instituciones para que las cosas
sean claras, transparentes. El sector cooperativo está basado en valores y
principios que tenemos que respetarlos. Cuando se dan este tipo de situaciones,
como es la quiebra de Coopera, a los primeros que hay que hacer indagaciones es
a los socios porque tienen mecanismos de control interno como los comités de
vigilancia y administración. Son ellos quienes toman las decisiones, quienes
eligen a las personas que van a manejar la parte administrativa, al gerente.
¿Falló el
Comité de Vigilancia?.
A ellos hay
que preguntarles qué pasó?. Ellos son los que están en el ojo del huracán. El
momento que se reúne la asamblea general de socios, que es la instancia máxima
de una cooperativa, y elige a sus delegados, se les está entregando una serie
de responsabilidades. Un directivo que es parte de los consejos tiene que
exigir la información, y si ocultan esa información tiene que buscar la manera
de transparentarla.
¿Cree que se
ocultó información?
Se habla de
3 años de pérdidas acumuladas. A quiénes reportaron los estados financieros.
Todas las cooperativas tenían que entregar la información a la Dirección
Nacional de Cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La
información que reposa en esos archivos es clave para aclarar muchas cosas.
Entiendo que es muy duro para los socios haber confiado en Coopera y hoy no
tienen respuestas a sus preguntas, por eso nuestra solidaridad con todos los
perjudicados. El sector cooperativo está fundado sobre bases de valores como la
ética, la responsabilidad, la equidad, que en este caso no se han cumplido.
Guerra
recalcó que es importante que la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, haga su trabajo con la seriedad que le compete como organismo de
control.
¿Y cuál es
su opinión sobre los manejos inusuales, eso que llaman lavado de activos?
Las leyes
son muy claras, todas las instituciones que captan recursos tienen la
obligación de cumplir ante la Unidad de Análisis Financiero, es decir, reportar
transacciones inusuales. El que no aplica lo que está establecido en la ley
tendrá que ser sancionado, y si se trata de lavado de activos, las sanciones
son muy severas.z
Otro de los
abordados por el Observador fue el gerente general de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito “Juventud Ecuatoriana Progresista”, Floresmilo Alvear, quien
reconoció que la liquidación de Coopera, sí afectó al cooperativismo, siendo
las más golpeadas aquellas que funcionan en la provincia del Azuay, en el sur
del país. Alvear reconoce que el perjuicio es millonario, y que fallaron tanto
los controles internos como externos. Aseguró que la Dirección Nacional de
Cooperativas del MIES, monitoreaba de lejos, sin exigencias. Si no había
controles internos ni externos, insistió Alvear, significa que Coopera era
tierra de nadie.
Otra de las
cosas que el gerente de la JEP dejó en claro es que se utilizó la figura de
Aucay como el candidato del cooperativismo. “De lo que conozco la JEP es la
cooperativa más grande del Ecuador y no hemos dado ni pedimos esa
representación. ¿No sé de dónde salieron los auspicios económicos?. Lo que ha
sucedido con Coopera no está lejos de lo que fue un notario Cabrera, y tantos
otros casos que se aprovecharon de la ingenuidad de la gente. El cooperativismo
tiene que ser manejado técnicamente con absoluta transparencia, profesional y
de alta calidad, con todos los controles internos y externos.
Por su
parte, el gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín
Azuayo”, Paciente Vásquez, dijo que nadie conocía la información de Coopera.
Todos sabemos que la Dirección Nacional de Cooperativas del MIES no controlaba
nada, pero la Superintendencia de Bancos y Seguros sí tenía la obligación de
controlarla por el tamaño que tenía, de acuerdo a las normas vigentes. Se
cometió un grave error que costó caro.
¿Quién mucho
abarca poco aprieta?.
Normalmente
eso ocurre. Adicionalmente, Aucay fue candidato a asambleísta nacional por
Alianza País, se tomó el nombre del cooperativismo. Desde mi punto de vista sí
es un error que una organización social, llámese como se llame, se identifique
con un partido político, con un credo religioso, o cualquier elemento que
termine segregando a los demás. Una organización social tiene que ser abierta a
la diversidad humana, tiene que cumplir su papel.
¿Y qué le
parece la decisión del juez de guardar la información de Coopera, por 15 años,
como si fuera un secreto de Estado?.
Eso es una
broma, entonces seguiremos sin saber qué pasó con Coopera. Los socios tienen
todo el derecho de acceder a la información, sino es así, tenemos que poner a funcionar la imaginación. Los
jueces tienen que hacer justicia.
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