¿Qué tan transparentes son los ministros de Noboa sobre su patrimonio? Parte I
Por: Redacción Plan V y USFQ
El gabinete del presidente Daniel Noboa está compuesto actualmente por 14 ministerios y tres secretarías. A lo largo de 2025, la estructura gubernamental ha tenido variaciones constantes. En mayo, tres días después de la posesión del segundo mandato de Noboa, se incorporaron dos nuevos ministros. En julio, como parte de un plan de eficiencia administrativa, el Ejecutivo anunció una reducción del 41% en su estructura. Finalmente, en noviembre, tras los resultados de la consulta popular y el referéndum donde ganó el ‘no’, se ejecutaron siete nuevos cambios en el gabinete.
En este contexto, se realizó una investigación sobre 23 funcionarios públicos que actualmente ocupan altos cargos en ministerios y secretarías de Estado. El análisis se centró en tres factores: sus declaraciones patrimoniales registradas en la Contraloría General del Estado, sus vínculos societarios con empresas inscritas en la Superintendencia de Compañías y sus declaraciones de impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). Esta es la primera entrega.
Los hallazgos revelan que siete ministros presentan saltos patrimoniales, seis mantienen relaciones societarias activas y dos no registran declaración de impuestos ante el SRI en años específicos.
Esta investigación busca aportar información que ayude a comprender mejor a quienes están al frente de los ministerios y secretarías del actual gobierno.
Cynthia Gellibert y los registros que marcan su trayectoria pública
Tras un proceso de recopilación, depuración y organización de los datos, se identificaron cuatro saltos patrimoniales significativos en las declaraciones de Cynthia Natalie Gellibert Mora, actual secretaria general de la Administración Pública y jefa del Gabinete. Estos movimientos resultaron especialmente relevantes debido a su magnitud y a la frecuencia con la que se produjeron dentro de periodos relativamente cortos.
Los registros patrimoniales de esta funcionaria se registran en el sistema desde 2017. En ese periodo, y al finalizar su cargo de asesora 2 en el Ministerio del Deporte, reportó un patrimonio de USD 26.000. Sin embargo, ese mismo año, al asumir el cargo de asesora 3 en la Gobernación del Guayas, su patrimonio declarado descendió abruptamente a USD 6.297,52. Solo meses después, aún en la misma institución, pero ya bajo el cargo de servidora pública 7, su patrimonio volvió a incrementarse de forma considerable, alcanzando USD 26.088,52. Este movimiento constituye el primer salto patrimonial importante.
El segundo salto patrimonial se registró en 2019. Al finalizar su cargo como directora de Planificación en la Comisión Nacional de Tránsito, Gellibert declaró un patrimonio de USD 25.043,52. No obstante, meses después, todavía en 2019 y al iniciar un nuevo cargo como asistente de planificación en la misma entidad, su patrimonio presentó una reducción drástica, pasando a USD –68.420, un monto negativo que destaca por su magnitud. Pese a ello, al finalizar este último cargo en el mismo año, su patrimonio volvió a modificarse y subió hasta USD 27.590, lo que implica un incremento de USD 40.830 en poco tiempo.
El tercer salto patrimonial ocurrió entre 2022 y 2023. En 2022, al iniciar sus funciones como asesora 1 en la Asamblea Nacional, declaró un patrimonio de USD 23.753,52. Para 2023, al concluir este mismo cargo, su patrimonio se elevó a USD 94.353,52, un incremento de USD 70.600, es decir casi 4 veces más frente al 2022. Posterior a este aumento, en ese mismo año y ya como subsecretaria general del Despacho Presidencial, su patrimonio declarado descendió nuevamente hasta USD 19.200, evidenciando otra variación pronunciada dentro de un mismo periodo de funciones públicas.
El cuarto salto patrimonial se observa entre 2024 y 2025. En 2024, al finalizar su cargo como subsecretaria del Despacho Presidencial, Gellibert declaró un patrimonio de USD 24.040,49. Sin embargo, en 2025, bajo su cargo actual y mediante una declaración periódica — sin que conste en el sistema la declaración inicial correspondiente — reportó un patrimonio de USD 73.500, lo que representa un aumento de USD 49.459,51, un poco más del triple, y constituye uno de los incrementos más amplios detectados.
Harold Burbano y los altibajos de su patrimonio
Las declaraciones patrimoniales del actual ministro del Trabajo, Harold Burbano, revelan una trayectoria financiera marcada por altibajos pronunciados, inconsistencias y reportes inusuales, incluyendo una declaración con activos, pasivos y patrimonio en cero, un registro atípico para un funcionario público. La revisión de 11 declaraciones entregadas a la Contraloría muestra un comportamiento patrimonial que no sigue un patrón lineal y que genera interrogantes sobre las variaciones reportadas en periodos relativamente cortos.
El punto de quiebre más evidente aparece en septiembre de 2021, cuando Burbano culminó su gestión como Coordinador General de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza en la Defensoría del Pueblo. En esa declaración, reportó un patrimonio negativo de –52.336 USD, resultado de activos por 12.166 USD frente a pasivos por 64.503 USD.
Sin embargo, apenas un año después, en 2022, al incorporarse como especialista en la Escuela Politécnica Nacional, su patrimonio ascendió abruptamente a 31.813 USD, con activos por 95.380 USD y pasivos por 63.566 USD
El incremento de más de USD 84.000 entre activos y patrimonio en tan poco tiempo se convirtió en el principal hallazgo de esta investigación.
A esto se suma otro elemento relevante: en una de sus declaraciones, Burbano reportó cero dólares en activos, pasivos y patrimonio, una situación que no coincide con su historial de deudas y bienes declarados en años previos y posteriores. Este vacío patrimonial, inusual en términos de transparencia pública, impide comprender las variaciones que preceden y siguen a ese periodo.
Las declaraciones de su paso por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), tanto como viceministro (2024 y 2025) como ministro encargado (2025), muestran cifras más estables, aunque aún con deudas significativas. En ambas funciones declaró activos por 65.730 USD, pasivos de 60.000 USD, y un patrimonio modesto de USD 5.730.
En noviembre de 2024, ya como viceministro económico, declaró un patrimonio aún menor: 2.801 USD, con una base de pasivos por USD 64.500.
Estas cifras no explican por sí solas cómo se originó el salto positivo de 2022 ni por qué su patrimonio volvió a descender a niveles tan bajos en menos de dos años.
Irene Vélez y su incremento patrimonial anual
Las declaraciones patrimoniales de Irene Vélez reflejan un cambio especialmente significativo entre 2024 y 2025. En 2024, cuando se desempeñaba como secretaria general de Comunicación de la Presidencia, el patrimonio declarado fue de USD 79.500; en 2025, en el mismo cargo, el monto asciende a USD 267.500. La variación equivale a un incremento de USD 188.000, es decir, más 237% respecto de la declaración anterior. Consultada por este salto, Katherine Juliana Morejón Luna, Coordinadora General de Despacho de la Secretaría General de Comunicación, respondió por correo electrónico que el aumento se explica por una donación realizada por los padres de Irene Vélez a favor de sus tres hijos, incluida ella, mediante la transferencia gratuita de un departamento. La funcionaria sostuvo que el acto consta en documentos públicos y en la declaración patrimonial correspondiente.
Sobre la ausencia de una declaración del Impuesto a la Renta correspondiente a 2020, Morejón Luna indicó que Vélez no estuvo obligada a declarar debido a que sus ingresos brutos de ese año no habrían superado la fracción básica no gravada, que para 2020 fue de USD 11.315. Esta explicación fue corroborada con Julissa Soria, agente tributaria y abogada, quien señaló que “la obligación aplica cuando los ingresos brutos superan la fracción básica desgravada” y precisó que, si los ingresos percibidos durante ese ejercicio no exceden ese umbral, la persona natural no se encuentra obligada a presentar la declaración, independientemente del cargo público o privado que desempeñe.
Subidas y caídas patrimoniales de Michele Sensi-Contugi entre 2024 y 2025
Las declaraciones patrimoniales de Michele Sensi-Contugi muestran un patrimonio condicionado por el nivel de pasivos. En 2024 se observa la variación más marcada: en una declaración de inicio de gestión registra USD 332.740,48, mientras que en otra de fin de gestión del mismo año el patrimonio baja a USD 181.203,95, una disminución aproximada de USD 151.536,53 (menos 46%). Posteriormente, en otro corte de 2024 asociado a un cambio de cargo, el patrimonio vuelve a ubicarse en USD 322.590,85, un aumento de 78% y en la declaración periódica de 2025 asciende a USD 356.738,56, un aumento de alrededor de USD 34.147,71 (un 11% más) respecto del último valor de 2024, impulsado principalmente por la reducción de pasivos. En paralelo, en la revisión de información tributaria disponible no consta una declaración del Impuesto a la Renta de 2018.
Nataly Morillo y el registro de crédito inmobiliario
La revisión de las declaraciones juradas patrimoniales de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, evidencia un crecimiento significativo de su patrimonio entre 2019 y 2022, así como inconsistencias en el registro de sus pasivos durante este último año. El patrimonio de Morillo pasó de USD 4.000 en agosto del 2019 a USD 124.900 para abril de 2022, un aumento que generó cuestionamientos al considerar que su salario mensual como funcionaria pública era de USD 2.368.
Este incremento coincide con el período en el que la funcionaria desempeñó cargos dentro del Ejecutivo, primero como asesora en el Ministerio del Interior y posteriormente como ministra de Gobierno.
La ministra Nataly Morillo respondió a la solicitud de información sobre sus declaraciones y explicó que en 2022 contrajo un préstamo hipotecario con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) para la compra de una suite en Quito, lo que justifica el incremento de su patrimonio.
“El crédito tiene un plazo de 20 años y aún se encuentra en proceso de pago, por lo que la deuda sigue vigente”, aclaró. Respecto a la inconsistencia en los pasivos, señaló que se trató de un error de tipeo en la declaración, el cual ya fue corregido, y que tanto sus cuentas como su deuda constan en los registros del BIESS.
Julia Teodora Angulo aún consta en empresa cancelada
Los registros societarios de la Superintendencia de Compañías revelan una aparente inconsistencia en torno a la ministra Julia Teodora Angulo, actual secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Aunque la funcionaria asegura no mantener relación con ninguna empresa, los documentos oficiales muestran que su nombre continúa registrado como gerente general y accionista actual de AZUL MARINA TOURS TRAVEL Cía. Ltda., una compañía constituida en 2002 y cuya cancelación formal se ejecutó recién en septiembre de 2025.
De acuerdo con los certificados del Registro de Sociedades, Angulo figura con una participación de USD 150 en la empresa, equivalente al 37,5% del capital suscrito, junto con su hermana Dannys Angulo (USD 25) y Patxi Andoni Mackle (USD 225).
El registro se mantiene activo al 26 de octubre de 2025, fecha de emisión del documento. Paralelamente, los certificados de administradores actuales confirman que Angulo continúa inscrita como gerente general, nombrada desde el 9 de julio de 2002 y sin que conste un reemplazo, renuncia o actualización posterior.
La información se repite en la consulta individual de la ministra: allí también figura como accionista y administradora actual, incluso cuando la situación legal de la compañía aparece como “cancelación de la inscripción”.
La documentación general de la empresa confirma este dato: AZUL MARINA TOURS fue constituida en 2002, entró en inactividad en 2005, se disolvió en 2006 y finalmente fue cancelada en 2025 mediante Resolución 29005.
Es decir, aunque la empresa dejó de operar hace dos décadas, su proceso formal de baja recién concluyó este año.
La ministra Angulo respondió sobre estos cuestionamientos que: “La empresa AZUL MARINA TOURS TRAVEL CIA. LTDA. se constituyó en 2002, luego por inactividad se disolvió en 2006 y, a la presente fecha, ya fue cancelada. En tal virtud, no mantengo ninguna participación en esta y en ninguna otra empresa, y, por lo tanto, no tengo ningún conflicto de interés con el cargo que actualmente desempeño.”
Sin embargo, la documentación oficial no coincide plenamente con esa afirmación. Aunque la empresa efectivamente se encuentra cancelada, los registros societarios —que deberían reflejar renuncias, cesiones de participaciones o cambios de administración— siguen mostrando a Angulo como parte activa de la estructura societaria, sin constancia de que su participación haya sido cedida o que haya dejado de ejercer la gerencia.
Esta discrepancia plantea preguntas sobre la actualización de la información societaria y sobre la responsabilidad de los administradores en garantizar que los registros reflejen la situación real, tal como establece la Ley de Compañías. Hasta el cierre de este reportaje, la ministra no ha ofrecido información adicional que explique por qué su nombre continúa registrado como accionista y administradora actual de una entidad cuya cancelación concluyó apenas semanas atrás.
El abanico de Gabriela Sommerfeld
La revisión de la información tributaria de Servicio de Rentas Internas (SRI) muestra que Sommerfeld ha registrado pagos de impuestos a la renta en distintos periodos fiscales con montos variables y sin que consten deudas firmes, impugnadas ni en facilidades de pago. Estos datos guardan relación con las variaciones observadas en sus declaraciones patrimoniales ante la Contraloría General del Estado. Si bien la información disponible no permite establecer irregularidades, la diversidad de sectores y el número de empresas vinculadas a su trayectoria privada plantean preguntas legítimas sobre la separación entre actividades empresariales previas y el ejercicio de un cargo público de alto nivel, motivo por el cual se solicitó su versión para este reportaje sin respuesta hasta el cierre de la nota.
Los impuestos de Roberto Kury Pesantes
El análisis de las declaraciones patrimoniales del ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información disponibles en la Contraloría General del Estado muestra un comportamiento estable en el tiempo. Esta información completa los registros de SRI, donde consta pagos de impuesto a la renta acorde con los valores declarados y sin que se registren deudas firmes, impugnadas, ni convenios de pago vigentes. Aunque los datos revisados no permiten identificar irregularidades, la coincidencia en su trayectoria empresarial y el sector estratégico que actualmente dirige refuerza la necesidad de transparencia y claridad sobre posibles mecanismos de prevención de conflicto de interés en la gestión pública.
Este medio se contactó con todos los funcionarios públicos analizados a través de correo electrónico para solicitar aclaraciones frente a sus declaraciones patrimoniales y vínculos empresariales. Solo Irene Vélez, John Reimberg, Julia Teodora Angulo y Nataly Morillo respondieron. Los demás nunca dieron respuesta al pedido de información pública. Los funcionarios que no respondieron son: Cynthia Gellibert, Marissa Péndola, Inés Manzano, Harold Burbano y Luis Jaramillo.
Créditos de la investigación
Nombres: Abigail Vallejo, Karen Moyano, Nathalie Tomalá Calderón, Juan José Balseca Cifuentes, Melissa Lucero, Mayerli Conejo y Anahí Muñoz
Estudiantes de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito
Profesores responsables: Paúl Mena Mena y Tania Orbe Martínez
Marissa Péndola y la evolución de su patrimonio en 8 años
Los registros patrimoniales de Marissa Péndola Solórzano se remontan a diciembre de 2017, cuando al finalizar su cargo como asesora del Registrador Mercantil del cantón Guayaquil declaró un patrimonio de USD 1.823,67. Sin embargo, el primer salto patrimonial significativo se produce en un corto lapso de tiempo. En junio de 2018, al iniciar su cargo como asesora 2 del presidente del Consejo de la Judicatura, su patrimonio declarado asciende a USD 20.645,48. Este incremento representa un aumento de USD 18.821,81 en menos de un año.
Un segundo salto patrimonial relevante se observa en el año 2019. Bajo el cargo de asesora 2 del presidente de la República, Péndola Solórzano declaró un patrimonio de USD 38.202,51, lo que implica un incremento de más de USD 17.500 respecto a su declaración anterior.
Posteriormente, se detecta una discontinuidad en la información declarada. Durante 2020 no constan registros patrimoniales a nombre de la funcionaria en el sistema de la Contraloría. La siguiente declaración corresponde a 2021, cuando, al iniciar su cargo como directora de asesoría jurídica en la Presidencia de la República, declaró un patrimonio de USD 49.907,15. Este valor representa un nuevo incremento considerable en relación con su última declaración registrada.
Ese mismo año, bajo el cargo de coordinadora general jurídica de la Presidencia de la República, su patrimonio declarado presenta una variación a la baja, situándose en USD 44.485,86. No obstante, en 2022, al finalizar dicho cargo, se registra un nuevo aumento, alcanzando un patrimonio declarado de USD 54.889,43.
El patrón de incrementos continúa en los años posteriores. En 2023, bajo el cargo de secretaria general administrativa de la República, Péndola Solórzano declaró un patrimonio de USD 62.481,83. En 2024, en el mismo cargo, su patrimonio declarado aumentó de manera significativa a USD 88.809,78. Ese mismo año, en una declaración periódica posterior, el valor ascendió nuevamente a USD 90.058,91. Finalmente, en 2025, siempre bajo el mismo cargo, se registra otro incremento sustancial, alcanzando un patrimonio declarado de USD 105.377,33, 57 veces más en 8 años de gestión pública desde el 2017 antes de ser nombrada en octubre de 2025 secretaria técnica encargada de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.
