Fernando Villavicencio: memoria de la persecución correísta (Parte III)
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La noche del viernes 22 de septiembre del 2022, hace casi un año, desconocidos atacaron con disparos la casa de Fernando Villavicencio. Él ya era asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y días antes había denunciado en el Pleno los vínculos entre el dinero criminal, las organizaciones del crimen organizado y la política. Al siguiente día, Villavicencio puso un mensaje en redes sociales: El atentado contra mi familia es una respuesta bárbara frente a mis revelaciones sobre los vínculos del crimen organizado y carteles narcos con el correísmo. Cuando la política se contamina con el narcotráfico la sociedad sucumbe ante el terror.
Los balazos sonaron en la noche del 22 de septiembre del 2022, dirigidos a la casa de la familia de Fernando Villavicencio.
El 5 de enero del 2023, el Frente Parlamentario Anticorrupción, encabezado por Fernando Villavicencio emitió una “noticia criminis” a la fiscal general Diana Salazar, sobre el “presunto cometimiento de delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y narcotráfico”.
El documento recordaba a la Fiscal General que “el 13 de junio de 2022, el asambleísta nacional, Fernando Villavicencio Valencia, mediante Oficio Nro. AN-VVFA-2022-0208-O remitió a su autoridad una noticia criminis donde puso en conocimiento de su autoridad los hechos ejecutados en la conocida “Operación dignidad”, que fue dirigida por la Policía Nacional del Ecuador en la que se ejecutaron una serie de acciones, mediante la cual se desarticuló varias organizaciones delictivas.
“En esta operación, se realizaron 18 allanamientos a inmuebles ubicados en las ciudades de Manta, Portoviejo, La Concordia, Esmeraldas, Quitumbe, Machala, Pasaje y Naranjal-Balao, donde se logró detener a 14 personas, entre ellas, al hoy extinto Leandro Norero Tigua, quien fue localizado, interceptado y apresado en un bien inmueble que perteneció a Xavier Jordán Mendoza, prófugo de la justicia procesado por asociación ilícita por venta de insumos médicos en casas de salud durante la pandemia ocasionada por la COVID-19. En dicha propiedad, se incautaron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, relojes de alta gama y lingotes de oro, esta detención encendió las alertas de varios casos relacionados con el narcotráfico y lavado de activos.
Leandro Norero, de camisa roja, es conducido a prisión por efectivos policiales. El capo sería asesinado en la cárcel meses después. Foto: Policía Ecuador
“Señora Fiscal, también es importante poner nuevamente en contexto que la detención de Leandro Norero, dejó en evidencia los tentáculos del narcotráfico que alcanzó a incrustarse mediante la realización de obras públicas como es el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta, que mantiene contratos millonarios con empresas vinculadas a los carteles, que utilizaron testaferros como contratistas como es el caso del ciudadano extranjero Daniel Mistele, quien configuraría el perfil de un operador, o testaferro del desaparecido Norero Tigua, es decir, nos encontramos en un escenario donde el dinero del narco ha sido utilizado y destinado para la construcción de obras”.
En esa línea, la carta denunciaba las vinculaciones de dos candidatos de la revolución ciudadana a temas de presunto narcotráfico y lavado de activos. El primero candidato a la alcaldía de Tosagua, Manabí, involucrado en un operativo de narcotráfico por parte de la Policía Nacional, y la candidata a alcaldesa del cantón San Lorenzo, en Esmeraldas, de la cual se señalaba la posesión inexplicable y exhibición de decenas de miles de dólares en efectivo. Ambos fueron electos a las respectivas alcaldías en las elecciones seccionales del 4 de febrero del 2023.
La carta a la Fiscal General también mencionaba una denuncia del presidente de la República, nada menos, quien había dicho, quien habló a un medio internacional sobre la condecoración que hizo el entonces asambleísta de UNES Ronny Aleaga Santos, “integrante de la banda delincuencial Latin Kings”, a un marino, en octubre de 2021, quien en diciembre de 2022 fue detenido junto con Júnior Roldán, alias JR, por entonces líder de la banda criminal Los Choneros.
“Dentro de los detenidos por actos delincuenciales está un marino en servicio activo, lo cual es grave, que ha sido condecorado por un asambleísta y que, además, trabaja en la seguridad de ese asambleísta. ¿Qué más pruebas quiere usted? Hay que presentarlo frente a la justicia y lo vamos a hacer. No tenga duda. No me va a temblar la mano para hacerlo y para ordenar a los servicios de inteligencia del Ecuador que presenten la información”. No se tuvo más noticias sobre el tema.
La denuncia del Frente Parlamentario Anticorrupción también puso énfasis en la captura del capo Enrique Portocarrero. El relato a la fiscal general de estos hechos señalaba que “el 22 de noviembre del 2022, la policía española detiene al ciudadano de nacionalidad ecuatoriano Portocarrero Castillo Enrique Antonio con Cl. 0801867839, en el aeropuerto de Barajas España en cumplimento a la difusión roja de la INTERPOL N°18-20347, emitida el 25 de junio de 2022, por el Distrito de la Florida, por el delito de Tráfico de Cocaína; bajo la coordinación efectuada entre el CIES y la UN-BAC de la Policía Nacional.
Señora Fiscal General del Estado, decía la carta, "es necesario precisar que Enrique Portocarrero hasta el año 2022, controlaba los cantones de Atacames, Muisne y Pedernales, para el envío de droga hacia mercados Internacionales en Europa y Estados Unidos, además estableció los vínculos delictivos con la organización delincuencial Los Cabezas, quienes en la actualidad son el principal proveedor logístico del Grupo ilegal Armado de Colombia Frente Oliver Sinisterra (FOS), manteniendo sus operaciones en el cantón Atacames, parroquia Tonchigue”.
También mencionaba que Portocarrero a través de su hijo, que se desempeñó en el año 2021 como Teniente Político de Muisne, y su hijastra, compraron una empresa de seguridad, ubicada en ciudad de Guayaquil, por un valor aproximado de USD 90.000.00, la cual recibió, según la denuncia, “cuantiosos contratos con el Ministerio de Salud Pública (MSP), especialmente en la ciudades de Duran y la Libertad en la provincia de Santa Elena, por un valor USD 994.897".
Enrique Portocarrero fue detenido por las autoridades españolas, cuando pidió visa para pasar por ese país camino al mundial y esta fue concedida.
La noticia criminis a la fiscal Salazar daba cuenta también de las empresas vinculadas a Portocarrero, entre ellas gasolineras, exportadoras, de transporte… Y de una en particular, una disquera en Cali, Colombia, “la cual representó a dos artistas esmeraldeños, uno de los cuales interpreto temas musicales para políticos como Andrés Arauz, Abdala Bucaram y la actual prefecta de Esmeraldas, María Zambrano Ortiz, la cual se está religiendo para la seccionales del 2023 con el partido Político Social Cristiano”.
También señalaron, con nombres y apellidos, a los candidatos y partidos o movimientos políticos que Portocarrero estaba financiando con miras a los comicios seccionales.
Ese mismo día, el portal La Posta, lanzaba a modo de denuncia un audio de Leonardo Cortázar, lo que significaría un parte aguas para el gobierno de Guillermo Lasso, que cinco y medio meses después, luego de que la oposición (PSC y RC) recogiera las denuncias de presunto peculado en las empresas públicas y narcotráfico, instaurase un juicio político contra el presidente, quien decretó la disolución de la Asamblea el 22 de mayo del 2023.
Estos hechos opacaron y disolvieron en la opinión pública las denuncias de narcopolítica emitidas por el Frente Parlamentario Anticorrupción FPA.
El FPA se creó precisamente para sostener una serie de investigaciones sobre crimen organizado y su penetración en los poderes e instituciones del Estados, así como en la economía del país. Fue un hito en esas denuncias la difusión y luego viralización en las redes sociales, el 28 de mayo del 2022, de una fotografía en la cual aparecían juntos, en una piscina de Miami, en la casa de Javier Jordán, varios personajes conocidos, entre ellos el asambleísta del correísmo y vocero del bloque en la Asamblea, Ronny Aleaga, y Leonardo Cortázar, el presunto cabildero de contratos en el sector de las empresas eléctricas públicas.
La fotografía genero un terremoto político, sobre todo por las relaciones de Aleaga con Jordán, quien a su vez estaba vinculado al caso Norero, porque su captura ocurrió en una casa perteneciente el anfitrión de la piscina de Miami.
La foto fue explicada por el medio digital Periodismo de Investigación, medio fundado por Fernando Villavicencio y que dirigía el periodista Christian Zurita desde que Villavicencio entró a la política.
"Todo apunta a Xavier Jordán hoy acaudalado y parte de la estructura criminal de Leandro Norero. En esta foto desde la izquierda constan: Pablo Mendoza, Ronny Aleaga, Leonardo Cortázar, Xavier Jordán, Freddy Garay", dijo el medio sobre el que sería el anfitrión de la pool party, relacionado con el presunto narcotraficante Norero, conocido como El Patrón, “cliente A1 en la banca ecuatoriana y dueño de varias propiedades de lujo sobre todo en Guayaquil”.
Pero ese mismo día, el 28 de mayo, otro ex integrante de pandillas, esta vez de Los Ñetas, aparecía en otra foto, que habría sido tomada el 2009. Se trataba del propio Leandro Norero, solo que más joven y más delgado, quien posa junto al expresidente Rafael Correa y su ex ministro, Ricardo Patiño, en lo que habría sido uno de los diálogos que se mantenían para integrar a esa pandilla a la vida civil.
La respuesta de Correa ante la publicación de la foto con Norero fue burlarse de Villavicencio, retuiteando una foto con la cara de Patiño cambiada por la del legislador.
Pero luego de burlarse, Correa pasó a declarar que no sabía de las relaciones de Aleaga con Jordán, procesado por presuntos contratos irregulares en hospitales del IESS y ordenó que su bloque lo investigara. Esto finalmente quedó en el aire.
Aleaga respondió, tardíamente, que no era amigo de Jordán sino que el cuestionado empresario es pariente de su mujer, lo que no fue suficiente para evitar que Estados Unidos le retire la visa.
El escándalo político antecedió al ataque armado a la casa de la familia de Villavicencio, en septiembre de ese mismo año. Desde entonces, Fernando Villavicencio estuvo en la mira de los criminales.
Quito 6 de enero 2023. El asambleista Fernando Villavicencio presenta una denuncia en contra de varios candidatos que estarían vinculados con el narcotrafico y las redes de Norero. Foto: API
El 13 de abril del 2023, cuando se procesaba en la Asamblea el juicio político al presidente Guillermo Lasso, Villavicencio presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de cinco asambleístas por la presunta planificación de una atentado mortal en su contra, usando sicarios. Los denunciados fueron Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez, de la Revolución Ciudadana, y el legislador Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano, quien había tenido un altercado físico con Villavicencio en una sesión de la Comisión de Fiscalización y donde el socialcristiano profirió amenazas contra el presidente de la Comisión. Esta denuncia no fue conocida por el país hasta después del asesinato de Villavicencio, el 9 de agosto del 2023, y la reveló su colega y amigo Christian Zurita en las primeras horas luego del magnicidio. Los involucrados negaron los cargos.
Durante la campaña electoral denunciaría que durante sus recorridos, por tres ocasiones, su equipo de seguridad había sido abordado por "emisarios" de Los Choneros quienes, a nombre de alias Fito, su cabecilla, les advirtieron que atentarían contra el candidato Villavicencio si es que seguía mencionando a Fito y al grupo de delincuentes en sus presentaciones electorales.
Un día antes de ser asesinado, a las 7:00 del martes 8 de agosto, Villavicencio dijo en la cadena televisiva Ecuavisa, denunció la actuación de algunos miembros de la Policía Nacional del Ecuador, con las siguientes palabras: "la Policía sabe, inteligencia de la Policía sabe dónde están las guaridas de los delincuentes, de los narcotraficantes, de la minería ilegal, sabe dónde están los sicarios. Por eso, mire, el evento dolorodísimo de ese padre de familia que es disparado frente a su hija, horas después la Policía aprehende al presunto responsable. La Policía sí sabe, hay un liderazgo blandengue, porque no hay un liderazgo en la Policía y hay vínculos de la Policía, de la fuerza pública con estas estructuras. Si queremos dar un golpe letal al crimen organizado, tenemos que depurar la fuerza pública, sacar las manzanas podridas y atacar...".
Horas después, el candidato iría a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia en contra de los presuntos autores de la renegociación de los contratos petroleros, en el 2012, durante el gobierno de Rafael Correa. Según la denuncia, el Estado ecuatoriano habría sido perjudicado en USD 9.000 millones por una mala negociación de los costos de producción del barril de petróleo, que benefició a las empresas extranjeras operadores de bloques en la Amazonia. Los denunciados fueron Jorge Glas y otros vinculados al sector petrolero de entonces.
Durante la parte final de su campaña, antes de ser asesinado, Villavicencio declaró constantemente que una de las soluciones que aplicaría contra el narcotráfico, si es quera nombrado presidente de la República, sería militarizar los puertos. Se refería no solo a los puertos estatales, sino a los puertos privados, que funcionan con poco control del Estado ecuatoriano y de la Policía Nacional. Días después, Christian Zurita afirmaría ante la prensa internacional que Fernando Villaviciencio fue asesinado por lo que dijo que haría: la militarización de los puertos, por donde sale la mayor cantidad de cocaína a los puertos de Europa.
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