Contraloría observa inconsistencias en contratos del Municipio de Cuenca
En un informe de 57 páginas, la Contraloría General del Estado (CGE) hizo observaciones a procesos de contratación de personal dentro del Municipio de Cuenca en el período comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2022.
Para la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Concejo Cantonal, Diana González, lo que hizo la Contraloría son solo observaciones y recomendaciones. Con estas, se le da la oportunidad a la nueva administración de corregir y no cometer los mismos errores de las administraciones anteriores, aseguró la edil.
Entre las observaciones del informe, presentado este mes, se detalló que hay terminaciones de contratos durante los primeros años de la gestión del exalcalde Pedro Palacios y parte de la administración del también exalcalde Marcelo Cabrera.
Y, según explicó, son terminaciones de contratos de trabajadores que ya tenían cierta estabilidad que la ley les otorga cuando ya se han dado un determinado número de contrataciones ocasionales.
“Con esto, la persona adquiere derechos y, al parecer, esto no se consideró”, aseguró González.
En este sentido, se terminaron los contratos y no se dio las liquidaciones correspondientes, explicó.
Asimismo, enfatizó que las observaciones son de tipo civil y que, ahora, deberán ser respondidas por las personas que cumplían funciones y cargos públicos en el área de Talento Humano del Municipio. Recordó que son personas que tienen derecho a responder y defenderse.
No obstante, a futuro la Contraloría podría emitir glosas.
Desde su punto de vista, todas las observaciones que haga la Contraloría, están bien. Pero es correcto que se haga seguimiento a todos, “porque todos debemos cumplir”, indicó.
El problema que anticipa la funcionaria es que hay funcionarios que ganaron acciones de protección porque “defendieron su derecho laboral y ahora deben ser reubicados en sus cargos anteriores”, agregó González.
La actual administración debe responder por la gente que se desvinculó y que mediante acciones de protección retomaron a sus cargos y ahora se los debe reincorporar, pagarles el tiempo no laborado y, además, pagar a quienes están ocupando estos puestos. “Ahí viene un problema grave y complicado con la ley”, sentenció González.
De lo que la Concejal conoce, hay una empresa Municipal a la que ya han retornado funcionarios.
Acciones
“En este informe hay cosas que nos preocupa”, explicó a Diario El Mercurio el concejal y miembro de la Comisión de Fiscalización, Rubén Valencia.
Según él, estos contratos presentan pérdidas de juicios, acciones de protección interpuestas y aseguró que esto significó una erogación al Municipio.
Además señaló que hay acciones que “no se ajustan a la ley y no la respetan… Esto no aporta a la ciudad”, detalló.
Aunque aún recava información sobre el informe,Valencia espera conocer a las personas responsables de estos hechos y se analizarán acciones. “Revisaremos medidas administrativas y judiciales”, finalizó el edil.
Detalles
Durante el examen, la Contraloría revisó alrededor de 150 contratos de trabajo de la entidad Municipal y descubrió inconsistencias como: ausencia de certificados, falta de experiencia laboral y conocimiento e incluso que había un posible parentesco familiar con un funcionario.
Por ejemplo, en seis casos no cumplían con los conocimientos requeridos para el perfil del cargo. Además, no se evidenció el cumplimiento de la instrucción formal y experiencia laboral.
De acuerdo a la Contraloría, todos los servidores no acataron los deberes de los servidores públicos establecidos en la Ley Orgánica de Servidor Público (LOSEP).
En el examen también se detalla que entre los responsables perfilan talento humano y las entregas tardías de declaraciones. Una cuarta parte de las personas, presentaron el ‘inicio de gestión’ fuera de la fecha prevista.
Esto consta en los formularios de ‘Declaración Patrimonial Jurada’ de la Contraloría.
En los nombramientos provisionales, hallaron que en siete expedientes no cumplieron con lo establecido en la ley “dado que en tres casos no contó con toda la documentación de respaldo previo al ingreso”, reza en el documento.
Muchos de los contratos observados corresponden a cargos de confianza de la anterior administración Municipal. (I)
DATOS
– La Contraloría analizó contratos entre 2018 y 2022. En este periodo, el Municipio pagó alrededor 134 millones de dólares en remuneraciones.
– La Contraloría General del Estado reveló deficiencias e inconsistencias en los concursos de méritos y oposición en el Municipio.
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