Toscanini y Valencia se equivocan una y otra vez
Durante las dos últimas semanas el gobierno nacional ha tomado dos decisiones erráticas en la conducción de la política migratoria. Como consecuencia de ello, su legitimidad se ha visto afectada tanto en la arena nacional como internacional. En primer lugar, decidió solicitar pasaporte a ciudadanos venezolanos, a sabiendas de que dicha medida era abiertamente inconstitucional y que, sobre todo, afectaba al derecho de movilidad de un pueblo sumido en la miseria y el abandono. El gobierno trató, por tanto, de resolver el problema migratorio por el lado de las víctimas del drama político del hermano país y no por sus causas, su gobierno despótico y violador de Derechos Humanos. El resultado era absolutamente previsible: una jueza decidió suspender la medida aludiendo, precisamente, razones humanitarias y de constitucionalidad. Más allá del efecto reparador hacia el flagelado pueblo venezolano, el gobierno debió soportar un duro revés ante la opinión pública y un llamado de atención tácito pero condenatorio del entorno internacional.
No conformes con los resultados de su desafortunada decisión, tanto la Cancillería como el Ministerio del Interior insisten ahora en dar salida al éxodo venezolano imponiendo otra medida que, aunque aparenta tener visos de legalidad, no es sino una muestra de que su necedad no tiene límites. En efecto, requerir la cédula de identidad con la apostilla da cuenta que tanto Toscanini como Valencia no quieren claudicar ante la resolución judicial tomada por la jueza Naranjo frente a las medidas cautelares solicitadas por la Defensora del Pueblo y apoyadas por el Defensor Público. Con toda seguridad, en las próximas horas la misma magistrada se encargará de propiciar otro golpe a la fallida política auspiciada por el gobierno nacional. Con ello, la imagen del país se seguirá deteriorando, el gobierno acumulará su segunda derrota política en pocos días y el problema seguirá presente, sin solución.
En lugar de proponer medidas endebles y que lesionan derechos básicos, el gobierno pudo diseñar una política nacional que permita afrontar la migración, recibir a los hermanos venezolanos que desean permanecer en el país y facilitar el tránsito de aquéllos que buscan mejores días en Perú u otros países de la región. De esa forma, el discurso progresista (que parece no ser más que eso) se plasmaba en hechos y el gobierno asumía con la entereza del caso este fenómeno coyuntural y frente al que en otras ocasiones han sido nuestros compatriotas los que se hallaban en estado de indefensión. No obstante, se prefirió tomar no una sino dos medidas abiertamente inconstitucionales que, como se ha mencionado, socavan la imagen del país en lo local y también en lo internacional. Menudo problema en el que los ministros del interior y de relaciones exteriores han colocado al gobierno nacional.
Si realmente el Presidente Moreno quisiera asumir el problema suscitado en Venezuela podría ser más analítico y orientar sus acciones hacia al verdadero causante de la migración. Sin embargo, frente a esa maquinaria de miseria, explotación y violación de Derechos Humanos, como es el desgobierno de Maduro, nuestro país no deja de asumir una posición tímida, dubitativa, endeble. Si se quiere aportar a la resolución del conflicto venezolano, hay que perder el temor reverencial que parece infundir la vicepresidenta, la ex canciller y todo su séquito de allegados en el gobierno nacional. Es necesario, por tanto, afrontar con entereza la realidad y repudiar la dictadura de Maduro. Si se piensa que con decisiones intermedias (como es la salida de la ALBA) el país se puede situar como mediador entre los que defienden abiertamente a Maduro y los que lo condenan, la realidad desafortunadamente dice otra cosa. No es el momento propicio para aparecer como buenos componedores pues nuestro historial de diez años de apoyo incondicional al chavismo no permiten generar la confianza que se requiere para cumplir dicho rol.
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Dado que el gobierno no tiene los arrestos suficientes para asumir una posición más firme respecto al causante de la migración, al menos debería retirar a la brevedad el requerimiento de la apostilla en la cédula. Es preferible dejar sin efecto ahora una decisión errática que esperar a que sea la esfera judicial la que nuevamente sancione constitucional y políticamente a un gobierno que se precia de inclusivo pero que, en los hechos, no hace sino imputar la responsabilidad del gobierno venezolano a sus conciudadanos. Tras cuernos, palos. Para Toscanini y Valencia no fue suficiente ser evidenciados en una ocasión por irrespetuosos de los derechos de los venezolanos. La necedad puede más e insisten en su visión simplista del problema migratorio.
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