martes, 21 de agosto de 2018

Revelan movimientos financieros de magistrados de Corte Constitucional

El Pleno de la Corte Constitucional se instaló en sesión (17 de julio 2018)
A puertas de que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T) conozca un informe de la evaluación a los jueces de la Corte Constitucional, que podría devenir en el cese anticipado de todos sus magistrados -y en medio de una investigación penal abierta por la Fiscalía General del Estado- el sitio Milhojas, uno de los más sólidos portales de investigación periodística en el Ecuador, ha difundido algunos de los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), basados en los que, la Fiscalía inició, en junio de este año, indagaciones previas por presunto delito de lavado de activos, en contra de varios magistrados y funcionarios de la Corte Constitucional (CC).
Según Milhojas, en los movimientos financieros de los investigados se encontraron “operaciones inusuales e injustificadas”, como “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes, “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”, “pagos de cheques sin registro de beneficiario”, “depósitos significativos” de ordenantes no identificados o envíos de dinero a paraísos fiscales.
Los jueces investigados son: Francisco Butiñá MartínezWendy Molina AndradePamela Martínez LoayzaMarien Segura ReascosAlfredo Ruíz GuzmánRuth Seni PinoargoteTatiana Ordeñana SierraManuel Olvera Maldonado y Antonio Gagliardo Loor.
Una de las indagaciones previas, signada con el número 170101818061503 apunta al magistrado Manuel Viteri Olvera, por la misma razón. Una segunda indagación previa con registro 170101818061405 señala a la jueza Emma Roxana Silva Chicaiza.

Francisco Butiñá

 Juez de la Corte Constitucional desde el 5 de noviembre de 2015. Fue asesor de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, del Ministerio del Deporte y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, durante la administración de Rafael Correa.
Entre 2012 y 2018, tuvo ingresos totales por aproximadamente USD 452.000 mil dólares. Según Milhojas, USD 281 mil dólares corresponden a depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes. En 2010, hizo una transferencia al paraíso fiscal de Namibia, por $USD 514,00.
Según la Superintendencia de Compañías registra participación accionaria y administrativa en las empresas Adextelecom S.A. (gerente general), Smiths Heiman Gmbh (apoderado), Operatec Operaciones Técnicas S.A. (accionista), Alcestis S.A. (gerente general) y Divanca S.A (accionista). Es dueño de dos inmuebles en Guayaquil.
El valor más alto, pagado por impuesto a la renta, lo registró en 2016 y 2017, con USD 7.238,00 y USD 6.249,00 respectivamente. En 2015, declaró 0 dólares y en 2014, USD 295,09.

Wendy Molina

Jueza constitucional desde 2012. En 2010, fue asesora de Patricio Pazmiño,  entonces presidente de la Corte Constitucional. Trabajó en la Procuraduría General del Estado y en el Ministerio del Ambiente.
En ocho años (2010-2018) tuvo ingresos por 446.108,00. Los principales ordenantes de pagos son: la cuenta del Ministerio de Economía, el Fondo de Capitalización del Biess y Carranza Barona Juan, seguido por depósitos que “no registran ordenantes”.
De los egresos totales, según Milhojas, USD 231.000 se deben a “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”.
A su nombre aparecen dos bienes inmuebles, con un avalúo municipal de USD 1.1 millón de dólares. Además, registra entradas de divisas desde Panamá en su cuenta bancaria, de “ordenante desconocido”, por USD 22.590,00 en el año 2010.

Pamela Martínez

Jueza desde noviembre de 2015. Entre 2010 y 2015, fue asesora del despacho presidencial y expresidenta de la extinta Comisión de Calificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2012 a 2013. Su hermano Jorge Martínez desempeña el cargo de asesor en la Presidencia. Su marido, Jimmy Salazar,  es presidente del Colegio de Abogados de Guayas.
Sus ingresos totales sumaron USD 399.753, compuestos en su mayoría por transferencias recibidas del Ministerio de Economía, y de cuentas propias, seguido de “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes por USD 59.744”. 
Los egresos, por su parte, alcanzaron los USD 40.835, de ese valor USD 5.395 corresponden al “pago de cheque sin registro de beneficiario”. A su nombre constan dos inmuebles en Quito, avaluados en USD 96.401.

Marien Segura Reascos

Llegó a la Corte Constitucional en 2016.
Sus movimientos financieros indican que, entre 2010 y 2018, tuvo un ingreso total que alcanzó los USD 410.703, de esa suma, USD 51.775 corresponden a depósitos en efectivo y cheques “que no registran ordenantes”. De sus egresos (USD 108.744), USD 4.200 pertenecen a un pago hecho a Martha Durango, tesorera de la Secretaría Técnica Plan Ecuador.

Alfredo Ruíz Guzmán

Presidente de la Corte Constitucional desde noviembre de 2015. Sus ingresos totales, de los años 2010 a 2018, suman USD 161.962, de este rubro, USD 24.880 corresponden a “depósitos y cheques que no registran ordenantes”.
La información revisada por Milhojas señala que “no se evidencia los ingresos por relación de dependencia en sus cuentas de ingresos, así como tampoco se reflejan los pagos a proveedores en sus cuentas de egresos, por cuanto se presume dispone de cuentas en otras entidades financieras (cooperativa, sociedades financieras)”. Los egresos totales ascienden a USD 42.097, “compuestos únicamente por pago de tarjetas de crédito por USD 42.097, entre 2012 y 2017”. Registra dos bienes inmuebles en Guayaquil, avaluados en USD 149.713.

Ruth Seni Pinoargote

Jueza constitucional desde noviembre de 2012. Registra obligaciones pendientes ante el Servicio de Rentas Internas como declaración de impuesto a la renta de los años 2015 y 2016 y anexo de gastos personales, año 2015 y 2016.
Sus ingresos totales, de 2010 a 2018, suman USD 600.529. De esa cantidad, USD 81.610 corresponden a “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes”. De los egresos totales (USD 110.358), USD 26.405 fueron pagados con cheques a beneficiario “sin registro”. A su nombre se encuentran registrados 28 bienes inmuebles y uno en Manta, por un avalúo total de USD 725.760.

Tatiana Ordeñana 

Jueza constitucional desde noviembre de 2012. Entre 2010 y 2013 fue consejera en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
De 2010 a 2018, sus ingresos alcanzaron los USD 830.979, por transferencias recibidas que suman los USD 548 mil dólares; y de cuentas propias (USD 32.000); además de depósitos en efectivo y cheques recibidos “que no registran ordenantes” por USD 147.717.
Los egresos totales suman USD 334.919. De esta suma, USD 206.600 mil corresponden a transferencias enviadas, entre 2012 y 2018, al Fideicomiso Catalina Aldaz, “a más de un beneficiario” y a cuentas propias, “cabe mencionar que envió a más de un beneficiario y cuentas propias USD 40.366 a Estados Unidos entre 2016 y 2017”. “Los ingresos registrados en sus cuentas son superiores en relación a su facturación y relación de dependencia (…), registra transferencias de más de un ordenante por más de medio millón de dólares”, dicen los documentos revisados por Milhojas. A nombre de Ordeñana constan seis bienes inmuebles: cinco en Quito y uno en Guayaquil, cuyo avalúo total es de USD 508.642.

Manuel Viteri Olvera

Juez constitucional desde 2012.
Los movimientos financieros indican que, desde 2012 a 2018, sus ingresos sumaron USD 553.405, por transferencias de USD 297.035 recibidas entre 2012 y 2016, “siendo sus principales ordenantes no identificados”, también recibió cheques y depósitos en efectivo que “no registran ordenantes” por USD 254.664.
Tuvo egresos totales por USD 367.339, compuestos en su mayoría por cheques del exterior, que sumaron USD 335.906, de 2012 a 2017, “siendo los principales beneficiarios no identificados, con registro a los cuales realizó envíos de dinero hacia Estados Unidos por USD 314. 950, en 2017 y al paraíso fiscal africano de Namibia por USD 20.956, en 2012; además de retiros por USD 6.108 y emisión de cheques a beneficiarios no identificados. En 2017, registró un impuesto a la salida de divisas por USD 15.051,25.

Roxana Silva Chicaiza

Jueza constitucional desde noviembre de 2015.
Sus datos financieros, según la información revisada por Milhojas, indican que, entre 2010 y 2018, sus ingresos totales alcanzaron los USD 795.598, “siendo sus principales ordenantes: más de un ordenante por USD 236. 305, cuentas propias por USD 169.842 y Multianalytica Cía Ltda por USD 32.004. Seguido por depósitos en efectivo y cheques que recibió por USD 321.766 de ordenantes no identificados y venta de divisas”.
Sus egresos sumaron USD 686.135.  De éstos, USD 363.842 fueron transferidos, entre 2012 y 2018, a Banco Pichincha, a José Silva Tutiven, cuentas propias. En enero de este año, emitió un “cheque de gerencia a favor de Nelson Moncayo Cadena por USD 206.500 quien registra como actividad económica actividades de ingeniería civil”.
A su nombre constan ocho bienes: seis en Quito y dos en Guayaquil, cuyo avalúo total aproximado es de USD 1.1 millón de dólares.
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