viernes, 31 de agosto de 2018

La defensa de Correa lo incrimina en el caso Balda

  en La Info  por 
La defensa de Rafael Correa ha tejido y lanzado una sorprendente tesis jurídica para justificar el operativo que agentes ecuatorianos y sicarios colombianos realizaron en Bogotá para secuestrar a Fernando Balda en el 2012.
Según el abogado Alejandro Vanegas, quien desde el 11 de julio ha sido nombrado como consultor jurídico para las causas penales que se siguen a Correa en el Ecuador, lo que ocurrió en Bogotá cuando se realizó el secuestro a Balda es que “las instituciones de seguridad del Estado estaban investigando la posibilidad de un delito internacional” relacionado con “ventas de aparatos de espionaje”.  Es decir que fuerzas de seguridad ecuatorianas entraron a Colombia sin el consentimiento ni el conocimiento del Estado colombiano para detener a Balda quien supuestamente iba a cometer un delito.
El razonamiento de Vanegas es el reconocimiento más contundente y claro que ha hecho hasta ahora la defensa del ex presidente de que el operativo en Bogotá fue un acto de intervención extraterritorial de las instituciones del Estado ecuatoriano. Cualquier alumno de derecho sabe que, si en efecto había la “posibilidad” de que Balda fuera a cometer un delito internacional en territorio colombiano, tenía que haber sido la policía colombiana la que tenía que haber actuado bajo órdenes de un juez o un fiscal, pero nunca policías ecuatorianos de motu proprio.
La afirmación de Vanegas hace flaco favor no solo a la causa del ex presidente sino a los intereses del Estado ecuatoriano que, cuando se produjo el secuestro, estaba siendo administrado por el propio Correa. Es decir que, además de reconocer el cometimiento de un acto ilegal en territorio colombiano, está vinculando a su defendido con una violación de la soberanía colombiana y del derecho internacional. En el supuesto de que llegue a existir una sentencia de la justicia ecuatoriana, en la que se diga que el secuestro fue un acto legítimo para evitar que haya un delito internacional, la justicia colombiana perfectamente podría considerar la posibilidad de iniciar una acción judicial por actuación extraterritorial de las fuerzas de seguridad ecuatorianas.
Hay que recordar que Correa, luego del ataque de las fuerzas de seguridad colombianas en territorio ecuatoriano para atacar la base guerrillera de Raúl Reyes en el 2009, desplegó una campaña internacional para denuncia la violación de la soberanía ecuatoriana por parte del gobierno colombiano.
Pero no solo está en juego la posibilidad de una acción judicial extraterritorial. La tesis del asesor jurídico de Correa (Caupolicán Ochoa sigue siendo su abogado) supone que, además, se deberá probar con documentos y otra clase de evidencias que los “las instituciones de seguridad del Estado ecuatoriano” tenían conocimiento de que Balda estaba cometiendo o iba a cometer un “delito internacional”. ¿Dónde están los informes de la inteligencia o la policía ecuatoriana en los que se ve que Balda estaba a punto de cometer un acto ilegal que ponía en riesgo al Ecuador como sugiere Vanegas?
El problema con la debilidad conceptual del argumento de Vanegas es que pone en evidencia la carencia de una tesis sólida y única en la defensa del ex presidente dentro del caso Balda. Esta falencia es evidente desde que el caso por el secuestro fue abierto por la Fiscalía. Desde el inicio, sus abogados han esgrimido varias tesis: que fue un caso de exceso policial, que Correa no tuvo conocimiento de que la policía y la inteligencia ecuatoriana se habían embarcado en la aventura de capturar a Balda y ahora que era un operativo legítimo para salvaguardar los intereses de la seguridad del Ecuador. Ninguno de estos argumentos ha sido sostenido con fuerza y sustemáticamente por el equipo de abogados de Correa por la sencilla razón de que todas las evidencias y testimonios apuntan no solo a que el ex presidente estaba al tanto de lo que se iba a hacer a Balda sino que es muy difícil aceptar la idea de que ese operativo pudo haber sido hecho sin el conocimiento y consentimiento de un gobernante que controlaba prácticamente todo en el gobierno.
Vanegas ahora acompaña a su tesis del “delito internacional” con el argumento de que todo el proceso en contra de Correa es nulo porque el nombramiento del Fiscal Paúl Pérez Reina, quien abrió el caso, fue inconstitucional. Vanegas, aficionado a elaborar teorías sobre constitucionalismo, sostiene que el fiscal Pérez Reina es tan solo un fiscal encargado y que como tal sus actos no tienen legitimidad jurídica. Esta es una de las razones por las que sostiene que Correa no volverá para la audiencia. “No hay -dice- garantías legales”.
Todo hace pensar que la estrategia de Correa y su equipo de abogados se reducirá a ganar tiempo y ver si en el futuro, cercano o no, la situación política e institucional del país cambia al punto de que la cancha termine inclinándose a su favor de sus intereses. Por lo que se ha visto, desde que se abrió el caso, presentar argumentos y pruebas para negar la existencia del delito o la participación de Correa es una estrategia inútil. Mucho mejor es montar un discurso político en el que se presente a Correa como un perseguido político víctima de un sistema ilegítimo. Por eso no sería raro que Correa solicite asilo político en Bélgica.
Cuando se observa la cuenta de Twitter de Vanegas se entiende la razón de su contratación como asesor jurídico de Correa y el énfasis político que pone. Vanegas es un activista político que no se cansa de colocar mensajes en los que critica permanentemente al gobierno de Lenín Moreno y en los que asegura que el Ecuador no vive en un sistema democrático. Es esa línea argumental la que se acopla mejor a la actual situación de Correa. Correa ha estado hablando en ese sentido últimamente con la prensa con la que simpatiza. Según el ex presidente, su caso es un ejemplo de lo que él y algunos de sus seguidores llaman el “lawfare” que significa la judicialización de la política.
Vanegas es, sin duda, un partidario fanático de Correa y dedica gran parte del día a publicar mensajes ensalzándolo y presentándolo como el salvador de la patria. Actúa realmente más como activista correísta que como un estratega judicial. Abogados consultados por 4P sostienen que Vanegas no es especialista en derecho penal y no es conocido como litigante. Por eso es posible suponer que, desde su punto de vista, la mejor forma de defender a su ídolo será mantener y ahondar el discurso de la persecusión política.

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