miércoles, 29 de agosto de 2018

Así enfrenta el gobierno el drama de los venezolanos

  en La Info  por 
Cuatro ministros –José Valencia, Berenice Cordero, Raúl Ledesma, Boris Palacios– y Carlos Durán, subsecretario de Salud, explicaron hoy en Carondelet la acción de gobierno frente a la diáspora venezolana. Una presentación tecnocrática en la cual se habló mucho de legalidad y muy poco del drama humano, inédito en la región por su magnitud. Precisamente por eso, la declaratoria de emergencia será refrendada por otro mes.
De las exposiciones de cada funcionario y un diálogo amplio con la prensa se pueden sacar cinco conclusiones:
  1. La administración no estaba preparado para este flujo que ya era evidente (aunque mucho menos masivo) desde hace tres años. El gobierno de Correa cerró lo ojos y el de Lenín Moreno tardó en sintonizarse con la gravedad de la situación.  Hay acciones, pero no se ve una estrategia: el ministerio de Transporte creó un corredor humanitario de Rumichaca a Huaquillas. Ha llevado 1100 personas en 28 buses. Ha pagado solamente el combustible.
    El Ministerio de Salud ha hecho hasta ahora 66.991 consultas. Ha abierto 16 centros de atención integral donde atienden 191 funcionarios. De enero a julio ha aplicado 568.292 vacunas de sarampión y ha descubierto 19 casos. Raúl Ledesma, que parece un ministro de trabajo en campaña, dice obviedades: que aplicará la ley a aquellos que empleen ilegalmente a los venezolanos. Que abrirá un call center para delatarlos. Que ya ha habido 2000 controles…
  2. El gobierno insiste en que la cédula de los venezolanos sea apostillada. Según el Canciller la medida es legal y busca un ingreso ordenado y seguro tanto para ecuatorianos como para venezolanos. Valencia admite que hay problemas para hacer ese trámite e informa que han propuesto al gobierno venezolano fórmulas para que se haga cargo de los documentos de sus nacionales: que entregue la información de las identidades a un organismo internacional, por ejemplo. Le han sugerido conectar su registro civil, o parte de él, con el ecuatoriano. Sin éxito por ahora. El gobierno defiende el pedido de que las cédulas sean apostilladas porque tiene evidencia de que algunas han sido forjadas o manipuladas. Y mantiene esa medida que es inviable para un refugiado en pleno desplazamiento. El gobierno mantiene un legalismo chato que no resuelve el problema de esos venezolanos que si no entran por el puesto de frontera, lo harán por algún chaquiñán.
  3. No hay respuestas regionales. La descoordinación es patente al punto de que apenas la semana entrante la ministra de Salud de Ecuador se reunirá con la de Perú. El Canciller Valencia anunció que la cumbre programada para el 17 y 18 de septiembre, a la que fueron invitados 13 países, fue adelantada para el 3 y el 4 de septiembre. Brasil, Colombia y Chile ya confirmaron. También fueron invitados algunos organismos multilaterales como el BID y la CAF. No se especificó a qué consensos ha llegado el gobierno con organismos internacionales como ACNUR. O qué montos ha recibido el país o está en derecho de percibir en casos como este. El Canciller dijo que hay aportes de ACNUR  o de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pero que, comparados al esfuerzo financiero que hace el país, son sensiblemente pequeños.
  4. El Canciller no dijo lo que Ecuador propondrá el 3 y 4 de septiembre en la cumbre de Quito. Pero se entiende que la reunión tendrá sobre todo un carácter logístico para encarar la diáspora y todos los problemas que los países enfrentan en forma totalmente dispersa. José Valencia No descartó plantear un tema de cuotas para repartir el flujo de migrantes, aunque dijo no estar a gusto con el término cuotas que suena a cosas y no a personas. Pero se entiende que propondrá que los países repartan la carga en función del tamaño de su economía.
  5. La relación diplomática con la dictadura de Maduro se mantendrá, aunque se ha endurecido el discurso político. El Canciller se preguntó incluso si las críticas son el mejor mecanismo para inducir un cambio de fondo en Caracas. En ese sentido, habrá que ver qué hace Ecuador en la OEA, que se reúne en un par de semanas para tratar el tema de Venezuela. Por lo pronto, el gobierno de Maduro también es esperado en Quito a la reunión del 3 y 4 de septiembre. Lo más seguro es que ese gobierno, que niega la multitudinaria diáspora, no venga. Lo espera el banco de acusados.

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