¿De qué institucionalidad habla el caudillo autoritario?
El correísmo en su expresión más repugnante sale a flote. Ahora que el gobierno de Lenín Moreno (hubiera ocurrido con cualquier gobierno) intenta hacer cambios, Rafael Correa y los suyos denuncian que hay una dictadura. Que el Estado de derecho no se respeta. Que se rompe la Constitución. Que se atropella el marco jurídico del país. Y que para que aquello no ocurra hay que recurrir a los organismos puestos por ellos, para que juzguen si los mecanismos utilizados y las decisiones tomadas son constitucionales.
Aquellos correístas que defendieron la estructura jurídica, armada en Montecristi, ahora pueden colegir que funciona a la perfección. Que montaron –con la Constitución como base– una armatoste autoritario que permitió a Correa, estando en el gobierno, violar la Constitución, desconocer las leyes, amañar los concursos para poner a sus militantes en los puestos clave. Y que le permite decir, ahora que está en la oposición, que ese Ecuador que desea cambios, cayó en una dictadura.
Ecuador está en dictadura. twitter.com/alejandrvanega…
Lo dice él y lo repiten todos sus impresentables. Basta oír a Soledad Buendía y a Edwin Jarrín. A Ricardo Patiño y a Marcela Aguiñaga. O en forma más sutil a Gustavo Jalkh. Esa coartada hace parte del proyecto político autoritario. Primero amarraron todas las instituciones al poder Ejecutivo. Crearon un bodrio (el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) para que, a nombre de la sociedad, nombrara, con concursos mañosos, a los encargados de no ver lo que hacía el poder y de no oír ni defender a sus víctimas. Da chiste ver las tretas de Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo, o de Edwin Jarrín, ex miembro del Consejo de Participación cesado, montando parodias de funcionarios probos heridos en su honor. Jarrín inició incluso una denuncia penal contra Solanda Goyes por haberle dicho la verdad.
¿Qué clase de #CPCCSTransitorio es éste que amenaza a otras Funciones del estado en caso de acatar decisiones judiciales? ¿Acaso no se ha enterado que esto es un delito?
¡Se burlan del mandato popular y violan principios elementales de nuestro estado constitucional de derechos!
Nada fue dejado al azar. A esas leyes redactadas sobre medidas; a esos organismos encargados de interpretarlas; a esos fiscales y jueces a su servicio, se agregó lo que estamos viendo: organismos nombrados para sobrevivir incluso a la gestión del Ejecutivo, asegurar la impunidad de la década, empapelar y paralizar al nuevo gobierno. Correa y los suyos llaman “institucionalidad” ese montaje, esa camisa de fuerza. Ese es el marco jurídico, esa es la legalidad constitucional que dicen que ahora se está violando.
La farsa no puede ser mayor. Es obvio que el Consejo de Transición Transitorio es, como lo fue desde el inicio, una anormalidad jurídica y política. Pero es innegable que Correa y los suyos encadenaron al país a la lógica de un caudillo, Rafael Correa. Él y su partido privatizaron el poder político a su nombre. El Consejo de Transición Transitorio no puede someterse a esa lógica por evidentes razones: ¿Alguien duda de que la Corte Constitucional haya sido una correa de transmisión al servicio de quien la nombró? ¿Alguien cree en su sano juicio que esa Corte, que no ha hecho honor a su jerarquía, es, como dicen los correístas, una instancia independiente de control constitucional? ¿Y entonces, por qué hubo tantas violaciones de todo tipo, durante la década correísta, sin que esa Corte haya defendido la democracia, la institucionalidad, los derechos humanos? ¿Alguien puede creer que en los concursos amañados –aunque ese término produzca erisipela a Edwin Jarrín– no se haya previsto que si el primero en la lista falla, por el motivo que sea, debía ser reemplazado por el segundo o por el tercero?
¿A qué llaman, entonces institucionalidad? ¿Y qué significa respetar la institucionalidad? ¿Aceptar que una decisión del Consejo de Participación Transitorio sea evaluada por la Corte Constitucional, cuando es ella la que tiene cuentas pendientes (la lista es larga y dolorosa) con el país? ¿Significa acaso entender, como dice Daniel Mendoza, con una candidez fingida, que la evaluación que debe hacer Julio César Trujillo y los otros consejeros es a los miembros nombrados por el Consejo cesado y no a las instituciones?
¿Se debe entender, en definitiva, que la evaluación de los operadores del autoritarismo que violaron la ley, la Constitución y socaparon la corrupción -o están inmersos en ella- se debe hacer según disponga la Corte que ellos pusieron y los mecanismos institucionales que produjeron esas prácticas autoritarias y corruptas? ¿Se debe aceptar que los funcionarios que sean enviados, eventualmente, a la casa sean reemplazados por los que les seguían en la lista de los concursos amañados? ¿Acaso el país sigue soñando con los ojos abiertos?
¿Se debe entender, en definitiva, que la evaluación de los operadores del autoritarismo que violaron la ley, la Constitución y socaparon la corrupción -o están inmersos en ella- se debe hacer según disponga la Corte que ellos pusieron y los mecanismos institucionales que produjeron esas prácticas autoritarias y corruptas? ¿Se debe aceptar que los funcionarios que sean enviados, eventualmente, a la casa sean reemplazados por los que les seguían en la lista de los concursos amañados? ¿Acaso el país sigue soñando con los ojos abiertos?
El correísmo es un todo, así concebido y sin posibilidad de ser modificado. Eso explica el mandato del pueblo al Consejo de Participación Transitorio dado en las urnas el 4 de febrero pasado. No dice que debe guiarse por los dictámenes del caudillo autoritario ni por esos guardianes de su templo que confunden democracia con dictadura. Los demócratas saben que la dictadura, si así la quieren llamar, la impusieron ellos al Ecuador durante diez años. Hoy, por el daño institucional que hicieron, el país tiene que deshacer tortuosamente el ovillo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario