El observador

 Gazeta Cuenca

La alcaldía del escándalo permanente

Cuenca no es una ciudad cualquiera. A lo largo de su historia, incluso en los momentos más complejos, ha preservado una tradición de institucionalidad, respeto a la ley y autoridades conscientes de que gobernar también implica dar ejemplo. Por eso resulta imposible ignorar una realidad incómoda: la actual administración municipal ha quedado atrapada en una sucesión de escándalos y conflictos que han desplazado la gestión pública hacia los titulares propios de la crónica judicial y policial.

Desde el inicio mismo de la administración, en 2023, la agenda municipal dejó de girar exclusivamente en torno a planificación, obras o desarrollo urbano. El primer gran impacto público no fue una política pública, sino un escándalo: la denuncia de abuso sexual que implicaba a funcionarios del Departamento de Comunicación del Municipio.

Aunque los hechos involucraron a funcionarios y no al alcalde de manera directa, el daño institucional fue profundo. No solo por la gravedad del caso, sino porque expuso fallas en los filtros de confianza, en el control interno y en el clima laboral de una administración que se presentaba como garante del orden y los valores.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, los conflictos se fueron acumulando. Allanamientos a empresas municipales como la #EMOV, investigaciones fiscales, denuncias de redes internas de corrupción administrativa, enfrentamientos permanentes con el Concejo Cantonal y acusaciones de violencia política presentadas por concejalas han marcado una gestión donde la confrontación dejó de ser excepción para convertirse en rutina.

A este escenario se suman los exámenes especiales de la Contraloría General del Estado, que han puesto bajo observación decisiones sensibles del Municipio. Informes relacionados con la adquisición de un vehículo blindado para uso del alcalde, el contrato de terminación mutua de radares y la construcción de hospitales municipales han identificado indicios de responsabilidad civil y administrativa, y en determinados casos han dejado abierta la posibilidad de responsabilidades de carácter penal. No se trata de sentencias ni de condenas, pero sí de alertas institucionales graves que no pueden ser minimizadas ni reducidas a simples disputas políticas.

El momento más delicado y simbólicamente más fuerte llegó cuando un juez ordenó la localización y captura del alcalde para obligarlo a comparecer en un juicio por injurias que se ha dilatado. No corresponde prejuzgar el fondo del proceso, pero sí recordar un principio básico de la democracia: la máxima autoridad de un cantón no es un ciudadano cualquiera. Está llamada a dar ejemplo de cumplimiento de la ley, de comparecencia oportuna ante la justicia y de respeto al sistema judicial, no a tensarlo hasta el límite ni a apoyarse en maniobras procesales que erosionan la credibilidad institucional.

La imagen de una alcaldía obligada por orden judicial a responder ante los tribunales, mientras enfrenta observaciones de organismos de control y conflictos internos constantes, afecta la autoridad moral del cargo, incluso antes de cualquier fallo. En política, la forma no es un detalle menor: es parte esencial del fondo.

Nada de lo anterior implica, por sí solo, una afirmación de culpabilidad ni una condena penal. Pero el periodismo no existe para administrar silencios cómodos. Existe para exponer los hechos y exigir explicaciones. Y los hechos muestran una administración absorbida por el escándalo permanente, la judicialización del conflicto y una narrativa que suele convertir informes técnicos, decisiones judiciales u observaciones de control en persecuciones políticas.

Cuenca merece una discusión seria sobre su futuro, no una gestión atrapada en la polémica continua y la defensa permanente. Gobernar no es ganar el relato todos los días; es construir confianza, y la confianza se pierde cuando la institución se confunde con el ruido.

La historia evaluará los resultados de esta administración. Pero el presente deja una advertencia clara: cuando la alcaldía se instala en la lógica de la crónica roja, no es una persona la que queda expuesta, sino la ciudad entera.