MIGRACIÓN PELIGROSA
POR FRANCISCO ESCANDÓN G.
Una nueva ola migratoria se desarrolla en el Ecuador. Entre los años 2021 y 2024, aproximadamente
cuatrocientas mil personas que salieron del país no retornaron obligados por el instinto de supervivencia
ante una gravísima crisis que continúa aún después de la pandemia del coronavirus.
Previo a este último desplazamiento masivo de compatriotas, otros dos tuvieron lugar. El primero inició
en los años setenta del siglo anterior y se prolongó por más de una década debido a la hiperinflación, la
crisis de deuda y los programas de austeridad ordenados por el Fondo Monetario Internacional; en
tanto, el segundo fue provocado por el feriado bancario durante el cambio de siglo último.
Sumadas las tres oleadas de emigración suman 1,2 millones de ecuatorianos que viven en el extranjero,
el 8% de la población, según datos de la ONU. Es evidente, siguen siendo las razones económicas las que
motivan la migración, aunque ahora la violencia e inseguridad también ocasionan el éxodo de
ecuatorianos.
Pese a que las políticas de los países de destino y de los países de tránsito son cada vez más restrictivas,
continúan las migraciones encubiertas por el negocio del tráfico de personas. Cada vez más el
coyoterismo se entrelaza con otras transgresiones (la extorsión, los delitos sexuales, el secuestro, el
homicidio; etc.) violatorias de los derechos humanos.
Después de la ruptura diplomática generada por la incursión en la embajada mexicana, los migrantes
ecuatorianos en este país de tránsito son más vulnerables ante discriminaciones xenófobas y la carencia
de oficinas consulares. Urge resolver el impasse, caso contrario el abandono y la indefensión en el
territorio azteca supone mayor riesgo a los compatriotas.
Solo en lo que va del gobierno de Daniel Noboa casi cien mil compatriotas abandonaron el país. Ese flujo
migratorio no menguará, son necesarias una serie de políticas que incorporen principios universales de
protección y asistencia humanitaria que logren la reducción y prevención de la migración riesgosa, la
inclusión de ecuatorianos en el exterior y los permisos de trabajo a largo plazo (Estatus de Protección
Temporal o TPS por sus siglas en el caso norteamericano).
El estatus de migrante, de ecuatoriano establecido en otro territorio, no exime de responsabilidad al
Estado que poco o nada hace por esos compatriotas que sostienen la economía nacional. Sólo durante el
año 2023 las remesas recibidas sumaron 5.400 millones de dólares, es estratégico transformar esos
recursos en capital productivo, en inyección para el empleo y el desarrollo, que propicie el retorno de
los connacionales y la reunificación.
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