El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama realizó el viernes 11 de marzo un plantón en el Parque Calderón de la ciudad de Cuenca, para rechazar la pretensión de hacer mega minería en los páramos del Macizo del Cajas, en especial al conocerse de la aprobación en noviembre del año pasado de la licencia ambiental para el mega proyecto de oro Río Blanco.
Esta protesta se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer para denunciar también la farsa de la propaganda corporativa y gubernamental sobre que la minería trae "desarrollo" y "bienestar". Lejos de esto lo que los mega proyecto Río Blanco y Quimsacocha han generado es mayor violencia contra las mujeres, como lo indica el Frente en el comunicado que sigue:
Es realmente indignante ver cómo el gobierno actual miente, miente y miente de la forma más descarada diciendo que el inicio de la industria minería será la salvación para Ecuador, que la mega minería traerá “desarrollo”, “bienestar”, que con la minería “se vencerá la pobreza”.
La evidencia de lo que sucede con la mega minería de las corporaciones transnacionales en todo el mundo, desmiente de tajo esta campaña a favor de las empresas extranjeras (chinas y canadienses principalmente), que se están adueñando de territorios en los páramos andinos y la Amazonía ecuatoriana para iniciar el cáncer minero, contando como principal publicista y cómplice con Rafael Correa y su gobierno de la farsa denominada “revolución ciudadana”.
En Latinoamérica cada vez más mujeres participan en forma activa en los procesos de resistencia contra la minería, otras industrias extractivas y relacionadas, lo que las convierte en blanco de la violencia institucionalizada, en decir, aquella que proviene de las corporaciones mineras, los gobiernos y estados. La muerte en Honduras de Berta Cáceres, defensora de los Derechos Humanos, es una de las lamentables pérdidas de los últimos días por los conflictos con industrias extractivas y de megaproyectos de muerte.
Pero no sólo lo que sucede en otros países desmiente las falacias sobre la minería responsable, sino lo que sucede en el propio Ecuador desde hace más de una década cuando se entregaron las concesiones a las corporaciones extranjeras sin que las comunidades, y mucho menos las mujeres de los territorios invadidos, hayamos sido informadas ni consultadas.
Desde el momento mismo en que, violando los derechos humanos y constitucionales de las y los ecuatorianos, se les entregó los territorios vía concesiones, comenzó la historia de la gran minería que se repite en todos los continentes, es decir, la violación sistemática de derechos, pisoteo de libertades y garantías, adecuación de la legislación para favorecer la penetración del capital minero transnacional, represión, uso de la fuerza contra las comunidades, grupos, organizaciones y/o personas que se oponen a la invasión minera, criminalización de la protesta, y a más de todo ello, otro patrón que se repite por todo el mundo: aumento de la violencia contra las mujeres.
Mujeres de distintas comunidades nos hemos levantado contra los mega proyecto de minería en Ecuador. En algunos casos hemos iniciado procesos de organización a partir de nuestra participación en las movilizaciones en defensa del territorio, en especial, desde el 2006 y 2007. Cuando en el 2008, mujeres provenientes de distintas comunidades de Azuay y Morona Santiago, decidimos conformar el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, ya habíamos sido blanco de la represión, encarcelamiento, persecución judicial, entre otras violaciones a nuestros derechos.
Por ejemplo, desde el 2006, Lina Solano Ortiz co-fundadora del Frente, ha enfrentado varios juicios con acusaciones penales como invasión de edificios, robo, obstaculización de la vía pública, entre otros. Algunos de estos juicios fueron archivados por la Amnistía otorgada por la Asamblea Constituyente en el 2008, especialmente aquellos que se iniciaron por las movilizaciones en contra del proyecto Mirador en el Pangui y Gualaquiza. Otros, a pesar de haber sido incluidos en la Amnistía, continuaron adelante, tal es el caso de la supuesta invasión del campamento Rosa de Oro de la minera Ecuacorriente-Explorcobres, que estaba ubicado en el área del proyecto Pananza-San Carlos. Jamás se puedo probar absolutamente nada de las falsas acusaciones que hacía la empresa sobre que varias personas, entre ellas Lina Solano Ortiz, encabezaron un grupo armado que habría tomado el campamento de Rosa de Oro por asalto y robado pertenencias de la empresa por un monto de alrededor de 20 mil dólares.
¿Acaso esto no es violencia contra la mujer? No es fácil tener que enfrentar una lluvia de juicios penales sin recursos ni para contratar una o un abogado, ser acusadas injustamente y ser amenazada de ir por varios años a prisión por el sólo hecho de defender a la Madre Tierra; y por otro lado, constatar como las empresas pueden conseguir testigos que mienten infamemente esperando ver a una mujer tras las rejas, seguramente no sólo por el hecho de haberse rebelado contras las mineras, sino de ser un “mal ejemplo” para otras mujeres.
¿Y no es violencia privar de la libertad a las mujeres por atreverse a levantar su voz en contra de la injusticia de minar nuestros páramos y la Amazonía?
Durante las movilizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS), en junio del 2007 en exigencia de la salida de las corporaciones mineras, a pocos meses de iniciado el gobierno de Correa y cuando Alberto Acosta era Ministro de Energía y Minas, varias mujeres en distintos puntos el país fueron injustamente privadas de su libertad, entre ellas Lina Solano Ortiz, quien fue detenida en forma violenta por la policía en Cuenca (sector llamado de El Descanso), donde las comunidades cerraron las vías que comunican esta ciudad con la Sierra norte y el sur Oriente.
Cabe recordar que estas movilizaciones fueron fuertemente reprimidas por el gobierno de Correa, y muchas mujeres fuimos agredidas física y verbalmente por la fuerza pública, atacadas con gas lacrimógeno y balas de goma a pesar de tener nuestros hijas/hijos en brazos o de cargarlos en la espalda; incluso se llegó a despojar a algunas mujeres de sus polleras y exhibirlas en las carreteras, recibiendo así un trato degradante. Jamás olvidaremos que quien estuvo a la cabeza de esta infame represión fue Oswaldo Larriva, Gobernador de Azuay en ese entonces.
Otra Defensora de la Pachamama, Francisca Zhagüi Chuchuca, fue injustamente privada de su libertad en abril del 2008, a poco de conformarse el Frente de Mujeres. Detenida en Victoria del Portete durante las protestas convocadas por la CNDVS en exigencia de que la Asamblea Constituyente emita el Mandato Minero, la compañera Francisca tenía 65 años de edad. Otras personas que fueron encarceladas junto con ella recuerdan que cuando llegó a la cárcel con sus brazos en alto gritaba: “Viva el paro”. Posteriormente se le inició un juicio penal por “Obstaculización de la vía pública” por su inquebrantable oposición al megaproyecto Quimsacocha hoy cambiado de nombre a Loma Larga.
Pero, quizá los momentos más difíciles que ha tenido que enfrentar el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama fue en enero de 2009, cuando varias compañeras de la organización fueron detenidas durante las protestas en contra de la aprobación de la ley de minería, y se iniciaron juicios por “Terrorismo Organizado”, “Obstaculización de la vía pública” y “Lanzamiento de cuerpos a vehículos en marcha”, por hechos acaecidos en la parroquia Molleturo, donde las comunidades cerraron la vía que conecta Cuenca con las provincias de la Costa.
Nuevamente el incondicional Gobernador de Correa, Oswaldo Larriva, hizo todos los esfuerzos para inculpar a miembros del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, dando supuesta “pruebas”, como un oficio sobre el tema de Río Blanco, que le dirigieron representantes de la Comuna San Felipe de Molleturo entre los que firmaba Georgina Gutama como Secretaria de esa organización.
Fueron varios meses de zozobra, que incluso quiso hacer mella en la salud de las acusadas, hasta que algunos de los procesos fueron sobreseídos en primera y segunda instancia por falta de pruebas de la Fiscalía, quedando abierto el de Obstaculización de la vía pública, en el que se pidió prisión preventiva para las implicadas y luego se fijó una fianza que las mujeres nunca estuvieron en condiciones de pagar. Fue una verdadera persecución judicial en contra de mujeres campesinas de Molleturo por oponerse a megaproyecto minero Río Blanco. El último de los procesos judiciales prescribió recién en agosto de 2013.
Todo el sufrimiento de estas madres y sus familias al ser tratadas como criminales ¿no es acaso violencia contra las mujeres?
Y a más de la represión brutal por parte de la fuerza pública, la criminalización, persecución judicial, encarcelamiento, etc., hemos recibido insultos de parte de funcionarios públicos de este gobierno comenzando por el propio Rafael Correa, hasta sus subalternos, como Oswaldo Larriva, quien luego de dejar la Gobernación pasó a la Gerencia de la empresa municipal de Telecomunicaciones y Agua Potable de Cuenca ETAPA, y en varias ocasiones, en reuniones públicas insultó a compañeras del Frente de Mujeres, como en diciembre de 2011 en Molleturo cuando las llamó “asalariadas de las mineras” y las acusó de estar “financiadas por esas grandes corporaciones extranjeras mineras”.
¿Escuchar este tipo de infamias no es acaso violencia contra las mujeres? Y más tratándose de un funcionario público, es decir, de un actor con poder estatal contra Defensoras de los Derechos Humanos.
El último ataque que ha recibido el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama fue en octubre de 2015, cuando quisimos realizar una manifestación pacífica para rechaza al proyecto minero Río Blanco. Este hecho deja en evidencia el nivel de intolerancia y el grado de irrespeto a los derechos a los que se ha llegado en Ecuador. El 20 de octubre del año pasado, durante la visita de Rafael Correa a Molleturo para inaugurar una obra de Ecuador Estratégico, quisimos exhibir una pancarta con la consigna “Minería responsable, cuento miserable” en el Parque Central de Molleturo hasta donde llegó Correa, siendo por ello agredidas física y verbalmente por miembros de la policía y agentes de seguridad política, quienes nos golpearon para quitarles la pancarta y luego nos detuvieron por más de dos horas en una calle aledaña al parque hasta que Rafael Correa se fue de Molleturo. De esta manera se violó nuestro derecho a la resistencia, a la libertad de opinión y expresión, a la integridad física, a la participación y organización, entre otros. Ocho de las agredidas, dos de ellas cercanas a los 80 años de edad, pusimos una denuncia en la Defensoría del Pueblo y se lleva adelante una investigación.
A esta violencia institucionalizada debemos sumar la que hemos recibido de parte de personas de nuestras propias comunidades que están a favor de los proyectos mineros. El rompimiento del tejido comunitario es uno de los primeros efectos que trae la minería y esto genera aumento de violencia contra las mujeres a este nivel, lo que ha provocado que seamos agredidas física y verbalmente por nuestro activismo en defensa de la Madre Tierra, como en los ataques ocurridos en diciembre de 2008 contra Livia Jiménez en Victoria del Portete, y, en abril de 2009 contra Etelvina Misacango en Molleturo.
Estos son sólo algunos de los casos que han sido registrados por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Protección del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, y que los hemos denunciado en organizaciones y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y en ocasiones en la Defensoría del Pueblo, sin que hayamos logrado que nuestros agresores sean por lo menos amonestados por sus actitudes prepotentes, machistas y discriminatorias.
Y estos casos son sólo un ejemplo de lo que ocurren con las mujeres en resistencia a la invasión minera en Ecuador, que hemos tenido impactos directos incluso antes de que comience la explotación de los minerales.
Mientras las corporaciones están siendo protegidas y apoyadas por el Estado y gobierno, cuentan con seguridad jurídica y pueden utilizar el aparato judicial en contra nuestra, las mujeres de los territorios afectados por la minería no podemos ejercer nuestros derechos, no tenemos seguridad jurídica, ni acceso a la justicia, es decir, estamos en total indefensión frente a las poderosas corporaciones transnacionales y sus cómplices nacionales.
Ante todo lo expuesto nos preguntamos: ¿se puede hablar de que la minería trae “desarrollo” cuando hay un aumento de la violencia contra las mujeres de territorios afectados por esta actividad extractiva?, ¿se puede hablar de que la mega minería trae “bienestar” cuando se pisotean los derechos de las mujeres, se desoye sus reclamos, se las criminaliza, se les niega la participación?, ¿acaso la condición jurídica y social de la mujer no es uno de los elementos básicos para superar la pobreza y el “subdesarrollo”?
¡POR EL DERECHO A DEFENDER NUESTROS DERECHOS
Y A LA MADRE TIERRA!
FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA
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