#Ecuador Anticorrupción sigue luchado para que no entierren caso #Manduriacu
Un recurso adicional. La Comisión Nacional Anticorrupción no se resigna al archivo de la investigación por las supuestas irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu. Jorge Rodríguez, coordinador del colectivo, dice que queda una vía. No quiere adelantar la estrategia.
El caso pasó por un proceso sui generis en la Corte Nacional de Justicia.
El viernes, el juez Luis Enríquez declaró “la extinción del ejercicio de la acción penal”. Pero cuatro días antes, el conjuez Roberto Guzmán había negado la solicitud de archivo presentada por la Fiscalía y dispuso que ese organismo haga una exhaustiva investigación.
La Fiscalía no estuvo de acuerdo. Por eso, la fiscal subrogante, Cecilia Armas, pidió que se revoque el fallo de Guzmán y se declare la extinción del ejercicio de la acción penal. Otra solicitud similar fue presentada por el gerente general y representante legal de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP).
Enríquez acogió esos pedidos. EXPRESO le solicitó, vía correo electrónico, una entrevista para hablar del tema. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
En su providencia, el juez dejó sin efecto la decisión del conjuez. De inmediato los miembros de la Comisión presentaron un pedido de revocatoria del auto de extinción del ejercicio de la acción penal.
¿La razón? Según ellos, el archivo de la denuncia no procede porque se trata de “delitos neta y exclusivamente dolosos que comprometen la eficiencia y transparencia de la administración pública que maneja fondos públicos”.
El grupo anticorrupción denunció el presunto cometimiento de los delitos de peculado y cohecho en el caso Manduriacu. Pidieron a la Fiscalía que investigue si es que existieron sobornos o sobreprecio en la construcción de la central hidroeléctrica.
Rodríguez insiste en que “la esperanza nunca muere”. Para él, lo actuado por el juez Enríquez es “una grosera interpretación de la ley que hace un juez que, cuatro días antes, se había hecho a un lado de resolver el tema en audiencia pública”. Rodríguez cree que existen intereses detrás de este caso.
Cuestionó que nunca se les corrió traslado con la petición de Fiscalía, ni se les permitió introducir defensa alguna antes de la decisión.
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