Otras facturas de la corrupción

Análisis de Hoy

El superávit es total. Superávit de cifras, de rankings, de instituciones, de buenas intenciones, de formas... Ecuador, para más muestras de buena predisposición, cuenta incluso con un cómic -Los superéticos- para luchar, desde la imaginación y la tinta, contra el azote de la corrupción. Y si bien los indicadores internacionales destacan los avances del país en la materia, resta todavía un oportuno camino de sinergias institucionales para la prevención y la sanción de los delitos contra los recursos públicos.

De los propios balances de la Contraloría se desprende, por ejemplo, que entre el 2009 y el año que concluye se realizaron 8 213 informes y de ellos 925 arrojan indicios de responsabilidad penal. Además, de todo lo analizado, se imponen $24 millones de sanción por responsabilidades administrativas y  $301 millones por glosas. Por ello, la Fiscalía, de oficio, puede conocer los casos y disponer el proceso correspondiente. No obstante, en el camino de la Contraloría al Ministerio Público, separados apenas por el quiteño parque El Arbolito, algo pareciera extraviarse a la sombra de las araucarias, pues el promedio histórico señala que de todos los casos investigados apenas el 2% concluye en la justicia.

Si se repasan las estadísticas de otras entidades, se activa otro tanto de impotencia. La Subsecretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, adscrita a la Secretaría de la Administración, indicó que en 2013 fueron abiertos 220 expedientes, por denuncias ciudadanas contra funcionarios, y de ellos 81 casos corresponden a hechos de presunta corrupción. La buena noticia, desde la versión oficial, es que en 2017 ya no habrá corrupción...

Todos estos son apenas subregistros, en función de lo denunciado por la gente o lo investigado por los organismos de control, en un contexto paradójico de opacidad informativa. Paradójico, pues pese a que el país cuenta con el V Poder, el de Transparencia y Control Social, la mayoría de entidades públicas no se apropian, aún, de ese valor. El Consejo de Participación Ciudadana conoce, por ejemplo, que cerca del 90% de entidades no cumple exhaustivamente con sus informes de transparencia.

Cifras más, cifras menos, la ONU sostiene que América Latina pierde, cada año, hasta $40 mil millones por la corrupción. ¿Cómo se cuantifica, entonces, todo lo que se pierde por falta de confianza social en los organismos estatales de control? ¿Cuánto crece esa factura cuando, a la par, la impunidad aumenta?  ¿Para qué denunciar después, si sobre los denunciantes puede revertirse el curso de la justicia? Ecuador despide así un 2013 con casos poco esclarecidos y con la sensación de enredarse entre instituciones sin sanciones claras a las dinámicas de corrupción en el Estado.