El debate para extraer petróleo del subsuelo del Amazonas
llega a su momento decisivo
Ecuador quiere financiarse con el petróleo de la reserva del
Yasuní después de que fracasara el proyecto de conservarlo intacto a cambio de
una aportación internacional
Hablamos con las voces en contra de la extracción, que
preparan la convocatoria de una consulta popular, y con los que la defienden
Por: Marina Blesa
Extraer o no extraer. El debate palpita con fuerza en las
calles de Quito, Guayaquil y Santo Domingo. Las asociaciones de ecuatorianos en
España hacen lo propio para que la polémica sea objeto de coloquio también en
las ciudades de Madrid, Barcelona o Valencia.
150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 596 de aves, 200
de mamíferos, 500 de peces y 4.000 de plantas. En una sola hectárea, según
fuentes del Gobierno ecuatoriano, viven más especies de animales que en
toda Europa y más especies de árboles y
arbustos que en Estados Unidos y Canadá juntos.
“Catalogado como la
zona más biodiversa del planeta”, recuerda Esperanza Martínez, presidenta
de Acción Ecológica, “el Parque Nacional
Yasuní alberga a los dos pueblos en aislamiento voluntario de Ecuador, los
Tagaeri y los Taromenan, que se internaron en la selva virgen a inicios de los
setenta, justo cuando arrancaba la exploración y futura explotación
petrolera en el país".
A esta riqueza natural y humana, hay que sumarle,
precisamente, una que todavía hoy permanece invisible al ojo humano: el
petróleo que subyace bajo los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT),
situados en la cuenca alta del río Napo, tributario del Amazonas.
“No me gusta la minería, no me gusta el petróleo, pero mucho
menos me gusta la pobreza y la miseria”, repite a ambos lados del Atlántico el
presidente de Ecuador, Rafael Correa. 2013 fue el año en que el ordenó archivar
la Iniciativa Yasuní-ITT, una propuesta
gestada en la sociedad civil en 2006, auspiciada por el Gobierno en 2007 y
destinada a dejar en el subsuelo el petróleo del Amazonas a cambio de una
compensación económica por parte de la comunidad internacional, ya que se trata
de una reserva de la biosfera de importancia global.
Abandonado el llamado
Plan A por falta de apoyo de los países extranjeros, el Gobierno de
Correa puso en marcha el Plan B el
pasado agosto, dando luz verde a la empresa estatal Petroamazonas para que
comenzara las operaciones exploratorias en el terreno.
Economistas, ecologistas y ambientalistas iniciaron entonces
una movilización internacional con el objetivo de recolectar las 584.116 firmas
(5% del padrón electoral) que obliguen al Gobierno a convocar una consulta
popular, dejando así el futuro del Yasuní ITT en manos de los más de 15
millones de ciudadanos ecuatorianos. "Es potestad del pueblo pronunciarse
sobre temas de interés social”, sostienen diferentes agrupaciones desde YASunidos, colectivo contrario a la
extracción.
La llegada de 2014 ha iniciado la cuenta atrás: quedan 3
meses para saber si los detractores de la explotación consiguen el apoyo
suficiente para que el referéndum tenga lugar. “El futuro de Ecuador es
responsabilidad de todos”, afirma Aída Quinatoa, presidenta de la Coordinadora
Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE).
La pregunta del millón sería: ¿cuándo? Para Correa y Lema
“extraer es una cuestión de conciencia y justicia social, Ecuador saldrá de la
pobreza con apoyo internacional o no”. Para voces críticas como Martínez y
Quinatoa, “hay otras opciones, y explotar es un atentado contra la naturaleza y
las generaciones futuras”.
Instalados en bandos ideológicos opuestos, los primeros
asumen las “contradicciones propias de las políticas de cambio a favor de las
mayorías”. Los segundos apuestan por otras alternativas y no aceptan “el precio
a pagar para construir proyectos como, por ejemplo, el FLOK Society". La polémica está servida.
Llamada fallida a la
corresponsabilidad internacional
A cambio de mantener el Yasuní libre de perforaciones y
cumplir así con el compromiso de uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (sumak kawsay,
en lengua quechua), Correa pidió en 2007 responsabilidad internacional ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas: 846 millones de barriles de petróleo
en el campo ITT, equivalentes al 20% de las reservas del país, quedarían sin
sacarle rendimiento económico si el mundo asumía su responsabilidad aportando
2.700 millones (el equivalente al 50% de lo que el Estado percibiría si extraía
los casi mil millones de barriles que se calcula que hay en el parque).
“Se compensaría así la pérdida de ingresos y se gratificaría
el papel de sumidero de CO2 del parque nacional”, proclamaba el entonces
ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor. No en vano, dejar
el petróleo bajo tierra significaba no emitir más de 400 millones de toneladas
de CO2 (similar a las emisiones de España en un año).
Sin embargo, pese a las potentes campañas publicitarias y al
apoyo de países como Alemania, la propuesta del mandatario ecuatoriano, el
famoso Plan A, fue un estrepitoso fracaso: sólo se logró recaudar el 0,37% de
lo previsto. “La iniciativa se adelantó
a los tiempos, y no fue comprendida”, dijo Correa el 15 de agosto de 2013, al
anunciar la finalización de ésta. Apelando a una lógica ambiental y económica,
añadió: “No era caridad lo que pedíamos, sino corresponsabilidad con el cambio
climático”.
En conversaciones con eldiario.es, Alberto Acosta, exministro
de Energía y Minas y coimpulsor de la iniciativa, discrepa y considera que, “en
realidad, quien no la comprendió y no estuvo a la altura del reto propuesto por
la sociedad ecuatoriana al mundo fue el propio presidente Correa”.
El Plan B, explotar el 1 por 1.000 del Yasuní ITT, siempre
fue, según Acosta, “la primera opción” del Gobierno: “El presidente jamás tuvo
una posición firme a favor de la iniciativa, sus mismas acciones minaban las
grandes posibilidades que tenía el proyecto. Debió ser la punta de lanza de una
política exterior que, a partir del reclamo de la deuda ecológica, propusiera
la construcción de una justicia ecológica global”.
Este giro del presidente, para el economista Alfredo Serrano,
miembro de la Fundación CEPS, responde,
sin embargo, a una urgencia social y humana: “Correa lo intentó pero no pudo
ser, el neoecologismo yerra si su propuesta política se ancla en conservar toda
la naturaleza intacta dejando de atender muchas injusticias acumuladas por el
neoliberalismo”. O dicho de otro modo, como puede leerse en la misma página web
de Iniciativa: “El mundo no aprovechó la oportunidad que propuso el ITT, el
futuro de Ecuador no tiene por qué ser responsable de aquello”.
La falta de corresponsabilidad internacional no hizo
desaparecer la fuerte concienciación ecológica y colectiva que la sociedad
había alcanzado ni tampoco las necesidades de un país en vías de desarrollo:
“En Ecuador –coinciden voces de ambos bandos– urgen inversiones superiores a
los 70.000 millones de dólares (52.900 millones de euros) para erradicar una
pobreza ya en descenso (en los últimos 6 años los índices se han reducido del
37 al 27%) y extender el bienestar a las comunidades menos favorecidas”. La
clave está, y aquí es donde la polémica alcanza su punto álgido, en cómo
conseguir esos ingresos.
Tecnología punta frente
a Constitución
“Sólo se intervendrá una extensión mínima del Yasuní, unas
1.000 hectáreas” (en total ocupa 982.000), y además se hará con una “tecnología
punta que respete a las comunidades y al medio ambiente”, ha asegurado el
Gobierno en reiteradas ocasiones. Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, hace
saltar la voz de alarma al subrayar la ilegalidad del plan: “El artículo 57 de
la Constitución prohíbe los procesos extractivistas en zonas donde viven
pueblos aislados”. Defensores de la explotación como Alfredo Serrano sostienen
que “la actividad no incidirá en la vida de los pueblos aislados, ya que los
campos están alejados de la llamada zona intangible donde habitan esas
nacionalidades”.
“Ahora existe una normativa adecuada y la voluntad política
del Gobierno para defender los recursos naturales de una forma eficiente”,
asevera la ministra del Ambiente, Lorena Tapia. José Lema, del Colegio de
Ingenieros Geólogos, cree que, efectivamente, el “daño será menor”. Como
antecedente, cita los trabajos que
Petroamazonas efectúa en el campo Pañacocha, ubicado en otra norteña
reserva natural, que ha recibido reconocimientos internacionales por sus buenas
prácticas ambientales. “Esta empresa estatal viene desarrollando trabajos
similares en esa área, donde existe una afectación temporal, mientras se
realiza el oleoducto solamente”.
Los opositores a la explotación alertan de la afectación que
sufriría la fauna, la flora y los pueblos en aislamiento voluntario en el área
protegida más grande de Ecuador. Para Alberto Acosta, “no existe la posibilidad
de una explotación sin afectación a la naturaleza ni al entorno social”.
Patricio Chávez, representante de Amazonía por la Vida, coincide con el
exministro en que “se ha explotado petróleo en la Amazonía ecuatoriana desde
hace más de cuatro décadas y, aun así, el país nunca ha podido solventar sus
carencias, todo lo contrario, en las provincias petroleras los índices de
pobreza y enfermedades son más altos que en el resto del país. Además, apunta,
el hecho de que en la ecuación del ITT haya también actores internacionales
como China nos hace sospechar que esta dinámica no va a cambiar”.
El presidente del Movimiento de los Índigenas de Ecuador,
Carlos Pérez, de la Confederación Kichwa (Ecuarunari), asegura que “la única
manera de evitar es no tocar, ya que la pobreza no se combate sembrando más
pobreza; debemos apostar por ser una potencia ambiental que respete a la madre
Naturaleza”.
En este sentido, el economista Alfredo Serrano advierte de
que “se ha pasado del antropocentrismo al pachamacentrismo, de manera casi
frívola si se tiene en cuenta la deuda social y ecológica heredada” (Pachamama
es la Madre Tierra incaica).
“La economía ambiental, al servicio del neoliberalismo, opta
por explicar todo parcialmente, con enfoque mecanicista, crematístico y
antropocéntrico. Por el contrario, la economía ecológica –subraya Serrano–
procura tener una visión integral, que acepta la complejidad aunque sea a costa
de ser menos preciso, que entiende que los sistemas interactúan entre sí. El
hombre no puede ser el centro del mundo, pero la naturaleza tampoco”.
Acosta, amigo y colega de Serrano, contraataca: “Proponer una
salida del extractivismo ampliando el extractivismo es una torpeza, nuestra
supervivencia depende de la naturaleza y no al revés”.
Otros planes, otras opciones, otras voces
Informes gubernamentales revelan que la extracción de crudo
del ITT podría generar unos 40 mil millones de dólares (cerca de 30.000
millones de euros) en poco más de 20 años, es decir, que se podrían obtener
unos 2.000 millones por año (unos 1.500 millones de euros).
No obstante, avanza Acosta, “si el Gobierno requiere
recursos, puede obtenerlos de múltiples formas”. Según las últimas encuestas,
el 92,7% de la población apoya la idea de mantener el petróleo bajo tierra.
El Centro de Derechos Económicos y Sociales
enriquece el debate y pone sobre la mesa una tercera opción, el Plan C: “Redistribuir la riqueza para no
explotar el Yasuní y salvaguardar a los indígenas aislados”.
Organizados en la plataforma
YASunidos, miles de ecuatorianos, convencidos de que “otra forma de
habitar el mundo es posible”, se afanan desde el pasado 18 de octubre por
conseguir el mínimo de firmas necesario para la consulta antes del 15 de abril.
En España, también. Aída Quinatoa, presidenta de Conadee, lidera movilizaciones en ciudades
como Madrid o Barcelona para que sus compatriotas –que rozan el medio millón–
apoyen lo que ella considera la más justa de las causas: “No explotar el ITT
para vivir en armonía con la naturaleza”.
La condición finita del petróleo como fuente de riqueza y los
perjuicios que comunidades indígenas y colonos sufrieron a raíz de la actividad
petrolera de la compañía Chevron-Texaco
constituyeron el germen de notables resistencias en contra de las extracciones
de hidrocarburo en el país. “La iniciativa –aunque haya fracasado, sostiene
Acosta– potenció una conciencia ciudadana y ecológica sin precedentes que ayudó
a la construcción de la tesis de una moratoria petrolera en el centro sur de la
Amazonía ecuatoriana”.
“Si hay un tema en el que Ecuador nos ha puesto de acuerdo,
es el Yasuní”, asiente Esperanza Martínez. “La resistencia nos hará libres”,
añade Carlos Pérez. Sin embargo, no todos los indígenas o ecologistas están a
favor de la no extracción. Algunos, como Alfredo Serrano, insisten en
“conciliar justicia ambiental con justicia social, afrontando sin invisibilizar
la tensión entre pueblo y naturaleza para que todos puedan disfrutar del buen
vivir”.
A esta forma de ver las cosas se suma un grupo de amazónicos
liderados por una treintena de alcaldes que han declarado su apoyo al plan del
Ejecutivo asegurando que sólo de esa forma las poblaciones de la Amazonía
podrán desarrollarse.
2014, el año del desenlace
“¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano
mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo
suelo?”. La pregunta de consulta impulsada por los colectivos sociales se suma
a una larga lista de interrogantes: la intención manifiesta de reducir la
dependencia de los recursos naturales ha puesto a Ecuador en el punto de mira
internacional.
¿Superará el país latinoamericano el modelo neoextractivista
en 2014? ¿Será vinculante el resultado de la consulta si ésta llega a
efectuarse? ¿Ganarán terreno las alternativas gestadas en colectivo que
proponen una distribución de la riqueza más igualitaria? O, por el contrario,
¿asistirá Ecuador a un proceso paulatino de recorvensión económica explotando
sus recursos naturales y sin, como dicen, afectar al medio ambiente y a las
comunidades indígenas? La cuenta atrás ha comenzado.
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