Los Assange ecuatorianos

Por: Jeanette Hinostroza

Es increíble el nivel de cinismo al que hemos llegado.  La semana pasada fuimos testigos del primer caso de linchamiento mediático que cumple con todos los requisitos descritos en la Ley de Comunicación y que fue puesto en práctica por dos medios gobiernistas. Se utilizaron espacios periodísticos, no para revelar información de interés público como ordena la ley, sino para dañar la imagen de Martha Roldós, una política que ha criticado frontalmente al Gobierno y al presidente Rafael Correa.   En el supuesto reportaje de investigación, ambos medios publican correos electrónicos que Martha Roldós reclama que fueron robados de su cuenta personal.

Sin embargo  en este caso no hubo allanamientos, ni  “acción judicial urgente” que prevengan el delito; tampoco reacción alguna de parte del aparato judicial y policial ecuatoriano frente al delito supuestamente cometido.  Como se trata de personas críticas al Gobierno nadie hace nada. 

Además de usar,  según señala Martha Rldós,  información robada,  ambos medios publican información falsa, como por ejemplo la referente a los sueldos que supuestamente recibirían los periodistas que iban a participar en el proyecto Tamia News o que estaban financiados por la CIA, argumento que luego sirvió para tachar a Roldós de estar traicionando la memoria de sus padres.  Afortunadamente los ecuatorianos sabemos quién es Martha Roldós y cuál es el objetivo de los supuestos “patriotas” que la critican. 

Lo más sorprendente es que ante las evidencias el Superintendente de Información siga callado, imagino que  no considera que este caso amerita acción de oficio alguna, pero sería bueno que nos explique por qué.  Esperemos a ver cómo reacciona ante la denuncia que Martha Roldós anunció que enviará a su despacho.  

¿Quién robó los correos electrónicos de altos funcionarios del Gobierno?  ¿Quién hizo lo mismo con la información privada de una política de oposición?  ¿Quién posee la tecnología que supuestamente se necesita para hacer este trabajo?.  ¿Quién financia estas actividades?  Supongo que estas preguntas jamás tendrán una respuesta, mientras la verdad posiblemente involucre a agentes del mismo Estado. 

El problema es que en el Ecuador hay dos tipos de Assange: los que están cercanos a los intereses del Gobierno, calificados de valientes defensores de la libertad de expresión; y los que son calificados de vende patrias por revelar supuestos casos de corrupción que involucrarían a funcionarios del Gobierno.    Ambos han publicado “información robada”, pero al parecer solo el segundo grupo estaría expuesto a ser castigado con todo el rigor de la ley.  Si las instituciones creadas para controlar la información que se publica en los medios no reaccionan en este caso se podría demostrar que la Ley de Comunicación solo fue creada para sancionar a los periodistas de los medios privados y mantenerlos callados; y que los periodistas de medios públicos e incautados no corren peligro, pueden hacer lo que quieran mientras sigan el libreto del Gobierno.