Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado mantienen bajo proceso a seis alcaldes de diferentes cantones del país por presuntos delitos que van desde peculado y enriquecimiento ilícito hasta delincuencia organizada, asociación ilícita y comercialización ilegal de combustibles. En conjunto, los casos investigan presuntos perjuicios económicos que, según las autoridades, alcanzarían cerca de USD 100 millones.
Aquiles Álvarez – Alcalde de Guayaquil
Es uno de los casos de mayor repercusión nacional. Enfrenta el caso Triple A, por la presunta comercialización ilegal de combustibles. Además, es investigado en el caso Goleada, por presunto lavado de activos, delincuencia organizada y defraudación tributaria. Recientemente fue condenado por incumplir una medida judicial al no portar el grillete electrónico que le fue impuesto mientras avanzaban las investigaciones.
René Castillo – Alcalde de El Tambo
Es el más reciente alcalde procesado. La Fiscalía lo investiga por un presunto peculado relacionado con un contrato municipal de USD 49.545. La defensa sostiene que el monto que no habría podido justificarse sería considerablemente menor y rechaza las acusaciones.
Vicko Villacís – Alcalde de Esmeraldas
Fue vinculado al denominado caso Blindaje, en el que la Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos y delincuencia organizada. La investigación busca determinar la existencia de una estructura para el movimiento y ocultamiento de recursos de origen ilícito.
Ángela Plúa – Alcaldesa de Simón Bolívar
La autoridad municipal enfrenta un proceso por el presunto delito de asociación ilícita. La Fiscalía investiga su posible participación en una estructura que habría cometido irregularidades en la administración pública. La causa continúa en etapa judicial.
Darío Macas – Alcalde de Machala
Fue detenido dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, las primeras indagaciones apuntan a un incremento patrimonial que no guardaría relación con sus ingresos legalmente justificados, motivo por el cual se inició el proceso penal.
José Arroyo Cabrera – Alcalde de Pujilí
Es procesado por el presunto delito de peculado, debido a supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos y contratos municipales. La Fiscalía sostiene que existieron indicios de afectación económica al Estado, mientras el proceso continúa en la justicia.
Las investigaciones se encuentran en distintas etapas procesales y, conforme al ordenamiento jurídico ecuatoriano, todos los alcaldes mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia ejecutoriada. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando elementos para determinar posibles responsabilidades en cada uno de los casos.
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