El observador

 

Caso Progen: Juez de EE. UU. autoriza a Celec rastrear fondos entregados en Florida

Ecuador obtuvo un fallo parcialmente favorable en Estados Unidos dentro de las acciones emprendidas para determinar el destino de los fondos públicos entregados a Progen Industries LLC por los contratos emergentes de generación eléctrica suscritos durante la crisis energética de 2024.

El juez Sean Flynn, del Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida, permitió a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) continuar con siete de las nueve citaciones judiciales dirigidas a terceros con las que busca obtener información para rastrear el dinero otorgado.

Progen había intentado detener las diligencias mediante una orden de protección. La empresa calificó las actuaciones impulsadas desde Ecuador como una “campaña de acoso”.

Sin embargo, la mayoría de las revisiones previstas se llevarán a cabo, abriendo la posibilidad de que CELEC obtenga documentación de terceros para reconstruir el recorrido de los recursos públicos transferidos a la compañía estadounidense.

Ecuador busca seguir el rastro de USD 104,4 millones

La disputa judicial parte sobre la base del Caso Progen o Caso Apagón, por el que la Fiscalía General del Estado procesa en Ecuador a 21 personas por presunto peculado, incluido el exministro de Energía y Minas, Antonio Goncalvez, y el exgerente de CELEC, Fabián Calero.

La investigación gira alrededor de dos contratos emergentes adjudicados durante el déficit energético de 2024: uno por USD 99,4 millones para la central Salitral y otro por USD 49,7 millones para la central Quevedo.

Se llegó a desembolsar el 70% del valor total de ambos contratos como anticipo, equivalente a USD 104,37 millones. Ese monto constituye, según la tesis de la Fiscalía, el presunto perjuicio ocasionado al Estado.

El Ministerio Público sostiene que durante las contrataciones se habrían omitido o evadido procedimientos para favorecer a Progen Industries LLC, pese a que sus propuestas no cumplían todos los requerimientos técnicos, económicos y jurídicos.

Además, la investigación señala que los generadores entregados no eran nuevos ni técnicamente compatibles, pese a las condiciones establecidas para su adquisición. Los equipos debían comenzar a operar en noviembre de 2024, pero nunca entraron en funcionamiento.

Dentro del proceso se ordenaron además medidas sobre el patrimonio de los investigados, entre ellas la retención e inmovilización de cuentas y la prohibición de enajenar bienes.