Exclusiva: Una red narco tejió nexos con decenas de policías en Ecuador y éstas son las relaciones secretas
Una estructura narcodelictiva con conexiones en la actividad minera fue detectada a fines de 2024 en el operativo policial transnacional Gibraltar. Los hilos de sus contactos llegaron hasta filas de la Policía y otras entidades estatales. Esta investigación periodística revela los niveles de penetración que alcanzó el grupo criminal, que contó con decenas de uniformados y colaboradores en los puertos, algunos de los cuales siguen en actividad. Muestra los mecanismos que usa el narco para captar colaboradores. Y pone al descubierto las relaciones con un cartel de los Balcanes.
Cuatro figuras fueron cruciales para el envío de la cocaína hacia Europa.El empresario Carlos Zambrano es uno de ellos. Ya en 2002 estuvo vinculado con una causa de narcotráfico y salieron a la luz sus contactos en las filas de la Policía en la época. Fue absuelto y volvió a la actividad privada. Además, tres miembros de la Policía en servicio pasivo fueron fundamentales en la estructura revelada en el caso Gibraltar.
En primer lugar, el coronel Julio Miño del Hierro, exjefe de la policía judicial en Guayaquil y otras unidades especiales. También, el sargento Edwin Coque, quien trabajó en la Unidad de Puertos. Todos ellos, con el empresario a la cabeza, fueron procesados y sentenciados por delincuencia organizada para narcotráfico, en 2025.
Una pieza del entramado fue identificada recién al final del proceso judicial. Solo se conocían sus sobrenombres de ‘Sapo’ o ‘Rana’. En el pasado fue un miembro policial, pero no fue incluido en esta causa judicial, por estar fuera de los plazos. En consecuencia, Carlos S. no fue sentenciado.
Con el grupo narcodelictivo se relaciona otra estructura, que blanqueó los recursos obtenidos en una empresa minera. El coronel Miño fue el eslabón entre ambos, por tener relación directa con los operadores mineros ubicados en el cantón azuayo de Ponce Enríquez. Esto lo recoge el expediente judicial.
Quiénes aparecen entre los contactos
Para entender y documentar el mecanismo de penetración, este equipo periodístico revisó, durante seis meses en la Fiscalía, miles de documentos, que incluyen informes periciales, versiones, análisis criminalísticos, asistencias penales internacionales, reportes de la UAFE, contratos. Los cotejó con entrevistas a decenas de fuentes. Revisó la causa judicial foliada en carpetas, tras pedidos de acceso. Descubrió que la información más significativa y relevante de este caso no consta en el expediente publicado en el Sistema de Trámite Judicial (SATJE), de libre acceso. Luego, contrastó los datos con fuentes en España y Serbia.
El celular del empresario Zambrano, un Iphone 6 esconde sorpresas. Fotos con uniformados en reuniones sociales. Imágenes lo muestran junto con empresarios procesados por corrupción en adquisición de insumos durante la pandemia. Y con figuras políticas, cuando estaban en cargos de elección popular.
Las grabaciones de las escuchas telefónicas, autorizadas por un juez dentro del proceso, son reveladoras. Organizaba reuniones sociales en su lujosa residencia, con la asistencia de oficiales de la policía. Varios de ellos rindieron versiones ante el fiscal del caso Gibraltar. Algunos coincidieron en que el general de la policía César Zapata estuvo entre los invitados, en un asado, en 2021.
Zapata fue comandante de la policía entre octubre de 2023 y agosto de 2024. En enero de 2024 habría hablado con Zambrano, consta en el expediente. El oficial, hoy en servicio pasivo, niega de plano haber tenido cercanía con el empresario. Su versión consta en el voluminoso proceso. Un miembro de este equipo pidió su pronunciamiento, pero no accedió a conceder una entrevista.
Así operaba el grupo narcodelictivo
Entre 2023 y 2024 este grupo envió a España y Países Bajos 8,7 toneladas de cocaína, ocultas en bultos en contenedores con latas de atún, exportados por una empresa alimenticia, con sede en Manta, Manabí. Otro cargamento, de 664 kilos, fue incautado en Guayaquil. Las capturas detonaron investigaciones transnacionales y el desmantelamiento de la organización en 2024.
Nuevas indagaciones surgieron para determinar quiénes son los líderes. En una de ellas, agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas con Coordinación Europea (UIACE) siguen la pista, con apoyo de policías españoles, del cartel balcánico que financiaba las operaciones hasta el envío desde Guayaquil
En esta ciudad costera operan dos puertos concesionados y ocho terminales portuarias privadas. Manejan en conjunto el 92 por ciento del comercio exterior de Ecuador.
Las terminales concesionadas son Posorja DP-World y Contecom, que tienen contratos con el Estado, el cual regula sus operaciones de seguridad y establece obligaciones para el control.
Estas facilidades concentran los envíos más grandes de carga al exterior, especialmente productos agrícolas, alimentos del mar y otras materias primas. Entre los puertos privados más importantes destacan: TPG (Terminal Portuario de Guayaquil), Naportec (Bananapuerto), Fertisa (Especializado en fertilizantes y carga multipropósito) y Trinipuerto.
Aunque en todos hay presencia de unidades antinarcóticos, solo las terminales concesionadas tienen obligaciones contractuales para cumplir exigencias legales, el resto se rige por actos administrativos de la Autoridad Portuaria.
El nexo con el clan de los Balcanes
Los documentos revelan que el empresario Carlos Zambrano armó la red de contactos. Por los hallazgos del caso Gibraltar, él fue sentenciado por delincuencia organizada para narcotráfico en 2025.
Pero su actividad empezó décadas atrás. En 2002, ya estuvo enjuiciado en un caso de narcotráfico. Se ordenó su captura y estuvo prófugo hasta que el proceso en su contra se diluyó. Por entonces se conocieron sus estrechas relaciones con altos oficiales y jefes de la Policía, de la época, que pusieron a su servicio y de su familia agentes que lo cuidaban y trasportaban en vehículos oficiales en Guayaquil y Quito.
Precisamente por ese perfil, habría sido reclutado como intermediario de un cartel de los Balcanes, para los envíos desde Ecuador hacia Europa, indicaron a esta alianza agentes que trabajan en forma coordinada con la Unión Europea. Ellos llevan adelante una investigación multinacional.
Los clanes de los Balcanes (incluidos los albaneses, serbios y montenegrinos) se convirtieron en menos de diez años, en los principales protagonistas de la expansión del negocio de la cocaína hacia Europa. Despegaron en el crimen transnacional desde Ecuador por varios factores. El principal es que la demanda de cocaína se disparó en ese continente por la pandemia del Covid-19.
El grupo liderado por Zambrano, alias “Carlitos”, despuntó después de la pandemia. Siguiendo esa pista esta alianza documentó cómo la estructura pudo infiltrarse en filas policiales, corrompiendo, esta vez, a unos 40 uniformados en unidades especiales en varios puertos, así como varios militares. Los uniformados cumplen todavía diferentes funciones en las terminales, según un oficial Antinarcóticos. El diagrama que identifica a estos cooperantes y su papel específico para la contaminación de los contenedores en puertos de Guayaquil está incluido en el proceso judicial revisado por este equipo.
Los policías hoy están bajo la lupa, en una investigación previa que se derivó del caso Gibraltar. Según oficiales antidrogas, esta estructura opera indistintamente para cualquier organización que requiera sus servicios
Cuál es la trayectoria del empresario
Zambrano, de 63 años, se educó en Quito en un colegio privado regentado por la orden salesiana y viajó a Estados Unidos en la adolescencia. Volvió para graduarse de la secundaria. Su familia tenía una buena posición económica.
En su juventud, a mediados de los 90s llegó al sector camaronero en Cojimíes, al norte de Manabí. Por esos años conoció a altos oficiales de varias unidades especiales, en especial del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Quien le presentó a algunos de oficiales fue un médico guayaquileño que practica tiro. Al percatarse de que las condiciones de la unidad eran modestas y rudimentarias, Zambrano hizo una donación para mejoras en las instalaciones, con lo cual se ganó el aprecio y reconocimiento de los uniformados.
Sus relaciones salieron a la luz en 2002, en un informe del entonces inspector de la Policía, general Édgar Vaca (+), quien dirigió una investigación interna recabando testimonios de policías en torno al procesado Carlos Hong Mayorga. Meses después el general Abraham Correa fue dado de baja por el presidente Gustavo Noboa por “mala conducta profesional”.
En 2002 Hong fue sentenciado a seis años de prisión por narcotráfico. Lideraba una banda que operaba en Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Fue detenido en una mecánica de pintura de vehículos, al norte de Quito, donde se encontraron 122 kilos de cocaína. Tres meses después el general Correa y su ayudante, un capitán, fueron procesados y sobreseídos por la Corte Superior, igual que Zambrano.
Los envíos a Europa empezaron luego de la pandemia
Entre 2019 y 2020, el empresario contactó al entonces coronel de la policía Julio Miño del Hierro. El oficial ejercía por esos años el cargo de director de la Policía Judicial de Guayas. En esas funciones pudo haber borrado el pasado judicial por narcotráfico de Zambrano, según se desprende de la investigación interna en las filas, recogida en un informe policial adjuntado al proceso del caso Gibraltar.
En 2022, en un taller mecánico, Zambrano conoció al sargento de la policía, en servicio pasivo, Edwin Coque. Su cuñada estaba enferma y la esposa de Zambrano le dio apoyo espiritual. Coque se dedicaba a la venta de carros chocados.
La relación de amistad se hizo cada vez más cercana. El sargento retirado, quien salió de la entidad en 2020, le comentó que era amigo de uniformados que trabajaban en la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA) de la Policía.
De esta manera, Zambrano, empezó a coordinar con los dos exmiembros policiales, el coronel y el sargento, la logística para el envío de cargamentos de droga.
Para ello usaron teléfonos celulares específicos, con la aplicación encriptada Zangi, de origen armenio que era usada por el Tren de Aragua, por sus altos niveles de hermetismo, y que la mafia rosarina había adoptado para sus comunicaciones.
El sargento Coque pasaba a ser el contacto con los policías de la agencia UIPA, a cargo de puertos.
Miño del Hierro se encargaba de la logística relacionada con el envío, para lo cual reservaba un cupo para exportación de contenedores. Cada cupo (booking) tiene un código alfanumérico.
En el proceso judicial salió a la luz que Miño del Hierro, además, ‘manejaba’ dos grupos de policías en puestos estratégicos. El primero estaba liderado por un teniente coronel, con ocho subordinados a su servicio. Y el segundo estaba dirigido por un mayor, con ocho policías a su cargo.
Cómo se armaba el rompecabezas en el puerto
La modalidad de revisión en puertos consiste en que dos de cada tres contenedores son abiertos, dependiendo de la información de perfilamiento que reciben los policías. Así los agentes confirman con inspecciones apoyadas con canes si existe o no una contaminación con droga, con base en datos sobre cargas reportadas con mayor riesgo.
Miño informaba cuál era el contenedor contaminado (la jerga que usaban es ‘el preñado’), luego de comprobar que la empresa exportadora escogida para el envío era la adecuada. La caja “preñada” no era revisada, gracias al direccionamiento que recibía uno de los policías infiltrados, a cargo del control.
El valor que recibían los encargados de ocultar la droga en los cargueros era 700 dólares por kilo. Se pagaban una vez que el barco estuviera en alta mar, ya que la organización consideraba que en ese punto terminaba su responsabilidad con los clientes en Europa.
La Policía fortalece la autodepuración
El inspector general de la Policía, general Víctor Herrera, explica que ante las alertas de participación de uniformados en las redes delictivas en los puertos para el envío de cocaína la institución ha reforzado medidas de control interno y contrainteligencia para fortalecer la autodepuración.
En particular le preocupa la contaminación detectada entre uniformados de la Unidad de investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA) y el Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC).
También alerta que un problema de fondo es la restitución a unidades especiales de policías que han sido dados de baja por cometer delitos.
“Lo más peligroso -advierte Herrera- es que ciertos grupos delictivos también son integrados por expolicías, que conocen bien cómo opera la institución y se encargan de reclutar a personal en servicio activo. El último mes nueve policías han sido asesinados por sicarios en Manabí. Los investigadores estiman que seis tenían vínculos con bandas. Cinco fueron dados de baja y eran parte de unidades antidrogas".
Operadores criminales en empresas de servicios
Fuentes de Antinarcóticos indicaron que hay controles y casos de contaminación en puertos, tanto concesionados como privados, donde el problema es recurrente: en varias terminales se han detectado cooperantes internos, reclutados por organizaciones del narcotráfico. Son ciertos trabajadores y autoridades.
En especial -según coinciden un oficial de la Policía y dos jefes de seguridad portuaria- un grave problema son las empresas privadas de seguridad y de servicios como alimentación que también han sido infiltradas. El personal fue captado para facilitar los ilícitos de las bandas. En junio pasado, en uno de los puertos fueron despedidos 20 trabajadores identificados como operadores delictivos, según fuentes portuarias.
Este mecanismo se consolidó en el contexto del incremento de la producción y demanda de cocaína a escala global. Ecuador se volvió un eslabón en esa cadena por sus características únicas: la ubicación geográfica de este país, entre Colombia y Perú, los más grandes productores de esa droga; y, una economía dolarizada desde el año 2000, que facilitó el flujo y lavado de dinero del narcotráfico en la economía formal.
Las conversaciones del empresario y el general
Zambrano vivía en la lujosa zona de Samborondón, en la urbanización Bonaire, con su esposa. Ambos se casaron muy jóvenes: de eso hace más de 43 años. María Auxiliadora M. revelaría, en el proceso por delincuencia organizada, que fue víctima de maltrato psicológico. Sufría depresión y estaba medicada.
Ella daba terapias de sanación para familiares de policías con enfermedades crónicas. El empresario aprovechó esta práctica para estrechar vínculos con los uniformados.
Otro método de acercamiento eran las invitaciones a reuniones y fiestas en su residencia. Allí acudían policías de distintas jerarquías, incluidos coroneles y generales, vestidos de uniforme y también de civil.
Zambrano se reunió con el general César Zapata Correa, se desprende del proceso. En pandemia él estuvo a cargo de la zona 8, que incluye Guayaquil y otras zonas. Fue ascendido al cargo de comandante de la Policía el siete de octubre de 2023. Estuvo en funciones hasta agosto de 2024.
En una llamada telefónica, que fue interceptada en el caso, Zambrano fue grabado mientras conversaba con un interlocutor. Menciona que “sería bueno llevarle unas levas (chaquetas a Zapata) porque sale seguido en televisión”.
Cuando el empresario fue interrogado sobre esta conversación, por el fiscal, mencionó que tenía amistad con el dueño de un establecimiento de ropa de caballero, y que le facilitó al oficial unas chaquetas, “como cortesía, por amistad”.
Aclaró en su versión que el general no tenía ropa de civil. En esa versión, afirmó que Zapata recibió las chaquetas y que no necesitaron arreglo alguno, pues le quedaron a la perfección. El exclusivo almacén confecciona ropa a la medida, con líneas diseño italiano en Guayaquil.
El oficial negó relación alguna con el empresario
El general fue llamado a declarar en Fiscalía. Negó una relación de amistad con el empresario. De hecho, afirmó que bloqueó su contacto, para no recibir sus llamadas. Aclaró que su trayectoria policial de más de 35 años fue limpia y nunca tuvo relaciones comerciales, ni de otro tipo, con Zambrano.
A fines de enero de 2024 –cuando Zapata era comandante de la Policía- mantuvieron una conversación telefónica, que también fue interceptada y motivó varias preguntas del Fiscal.
De acuerdo con el empresario, un mayor de la Policía le pidió concretar el pase de una uniformada, de una provincia a otra, ya que se trataba de una colega embarazada, que además es hija única, y que fue trasladada a un sitio distante. Para lograrlo, Zambrano dijo que se reunió con Zapata, en el almacén italiano de ropa de caballeros.
Con Zambrano -dijo Zapata- “mantuve conversaciones triviales, como cualquier otro conocido me pudo haber llamado, y dichas conversaciones nunca se llegaron a plasmar”.
Parrillada entre amigos en la residencia
Durante el juicio, el mayor Jorge Cortez rindió su versión sobre las circunstancias en las cuales conoció al empresario Zambrano.
En 2021 Cortez fue trasladado a Guayaquil para realizar el curso de ascenso del grado de capitán a mayor.
Al término de evento le dijeron que Zapata, entonces jefe de la Zona 8 de Guayaquil, Durán y Samborondón, quería plasmar ese discurso en un proyecto ejecutable para ese distrito. Con ese fin debía trasladarse al Cuartel Modelo para concretar una reunión. Sin embargo, la cita se postergó por la agenda apretada del jefe policial.
Luego de las seis de la tarde, tras esperar en vano, Cortez recibió la orden de dirigirse a un domicilio particular, en la urbanización Bonaire, según declaró el mayor.
Llegó a la ubicación que le enviaron, según su relato.
Y agregó en su narración:
Cortez afirmó que detalló su proyecto durante aproximadamente 30 minutos y se retiró de esa residencia.
Reconoció que luego, en el transcurso de varios años, se encontró con Zambrano tres veces más en eventos deportivos y sociales en Guayaquil, Manabí y Quito. En uno de ellos coincidieron mientras comían en un exclusivo restaurante italiano.
También detalló un encuentro fortuito con el excoronel Julio Miño del Hierro, procesado y sentenciado con Zambrano, en el mismo restaurante en el centro norte de Quito, donde coincidieron con sus esposas. Cortez mencionó que acostumbra visitar ése y otros sitios los jueves, una vez por semana, con su grupo de amigos.
Cuando el fiscal le preguntó al general Zapata por qué le presentó al mayor Cortez al empresario Zambrano, respondió:
A continuación, el abogado del excomandante interrumpió el interrogatorio. Dijo que su defendido ya no respondería más preguntas del fiscal, ni de ninguna de las partes. La diligencia terminó ese momento intempestivamente.
Un miembro de esta alianza periodística contactó a Zapata para saber cómo conoció a Zambrano, sobre la reunión en su domicilio. Y del regalo de las chaquetas.
Otros uniformados de distintas jerarquías fueron llamados por fiscalía a declarar. Uno de ellos, perteneciente del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) afirmó que Zambrano le fue presentado en 2021 por dos de sus superiores en servicio pasivo. Dijo que conversó varias veces con él, quien tenía preocupación por temas de seguridad. Zambrano se enteró que el jefe directo de este uniformado intentaba lograr un traslado al exterior y se ofreció para conseguir el cambio, sin éxito.
El policía afirmó que el empresario lo invitó a su cumpleaños, que empezaría desde la tarde, pero recién llegó en la noche, por sus obligaciones laborales. Detalló que en el festejo encontró a varios oficiales de la Policía, que vestían de civil. Uno de ellos era el entonces general Zapata.
Sentenciados en el caso Gibraltar
El primer desenlace del caso Gibraltar ocurrió en diciembre de 2025. Siete de los implicados fueron sentenciados.
Dos de los principales responsables de todo el entramado recibieron penas reducidas, bajo el argumento de que en la fase crucial de la investigación fiscal revelaron información trascendental para esclarecer el caso.
Carlos Zambrano fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión, “aplicando el principio de favorabilidad y el atenuante trascendental”.
El coronel pasivo Julio César Miño del Hierro recibió una pena similar, por su cooperación con datos que abrieron otras líneas de investigación. Bajo esas mismas consideraciones atenuantes, tres fueron sentenciados a 20 meses de cárcel, mientras que otros dos recibieron las penas más altas, de cinco años, aunque su papel en la estructura criminal fue más bien secundario, como operadores.
No fue procesado el ex policía Carlos S, quien era conocido como ‘Rana’ o ‘Sapo’, y pudo ser otro de los vínculos con los responsables de los envíos.
Uno de los indicios consta en el proceso. Cuando el gran cargamento de más de seis toneladas fue descubierto en España, los miembros del grupo dieron señales de alarma. Uno de ellos afirmó que había recibido amenazas de muerte por parte de ‘Sapo’, quien se sintió traicionado, al enterarse que la cantidad de droga enviada era diez veces más grande de lo que él conocía.
Surgieron dudas de que alguien del grupo estaba coordinando a espaldas del resto otros envíos de cocaína.
Además, un oficial de la Marina fue vinculado inicialmente pero la justicia no encontró elementos para inculparlo. Él mantuvo conversaciones con el empresario.
Esta radiografía de la estructura narcominera revela la importancia de los roles de intermediarios en las organizaciones criminales. Este es el mecanismo que emplean sistemáticamente los clanes de los Balcanes, pues sus cabecillas prefieren estar en el exterior, una vez que la escala de sus operaciones en Ecuador salió a la luz los últimos años. Esta investigación tuvo el apoyo de la entidad sin fines de lucro Resilience Collaborative.
FUENTE: REVISTA VISTAZO
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