25 de Agosto del 2023
LEA LA PRIMERA PARTE
Petrochina, "la denuncia del siglo"
Ecuador made in China fue un libro que Fernando Villavicencio escribió y publicó cuando tenía sobre sus hombros una orden de prisión. En este se incluyen varias investigaciones publicadas sobre el sector petrolero, en especial, una investigación sobre la contratación de la deuda pública con China y la intermediación petrolera, que dejaba, ya en este entonces (2013) y según la denuncia, entre dos y cuatro dólares de pérdida por cada barril exportado por el Ecuador. En palabras del propio Villavicencio, este libro "desentierra secretos comerciales y financieros. Como el cambio de propiedad del crudo ecuatoriano en altamar, en los propios buques de Flopec; o que el petróleo entregado a Petrochina es revendido por traders, especialmente a las refinerías de la multinacional Chevron-Texaco, en la costa oeste de EE.UU., y aun más, descubrir que por esta intermediación el país habría perdido al menos tres dólares por barril, lo cual representa una cifra de 1.250 millones de dólares durante todo el período".
Portada del libro de investigación donde Villavicencio amplió su investigación sobre los mecanismos de comercialización y exportación petrolera con Petrochina.
El modus operandi de este mecanismo, denunciado como doloso, sostenía que "en este gobierno (Correa) se han llevado a cabo 10 contratos de provisión de crudo y fuel oil, sin licitación entre Petroecuador y Petrochina. Los compromisos representan 461 millones de barriles de petróleo en contratos a largo plazo, uno de ellos se extiende hasta el año 2019. De acuerdo con la publicación, se ha edificado un escenario en el cual Petroecuador realiza una transacción con Petrochina, donde se transfiere un monto superior a 36 000 millones de dólares —si se considera cada barril a USD 80—, por la recepción de tres créditos de 1000 millones y dos de 2000 millones de dólares. Desde este prisma, China recibe 461 millones de barriles de petróleo —36 000 millones de dólares— del Ecuador, los cuales son revendidos por adelantado, por la intervención de los traders Taurus Petroleum y Castor Petroleum, especialmente en el mercado estadounidense. Por esa cantidad de crudo Ecuador ha recibido, en comparación, la cantidad de 7000 millones de dólares al 7% de interés, más comisiones del 1,07%, menos 3 dólares por barril que se llevan los intermediarios".
La trama de intermediación condujo a una serie de detenciones en la justicia de Estados Unidos, donde ahora funcionarios e intermediarios de Petroecuador y de las intermediarias confesaron haber recibido y entregado millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno de Correa.
Pero en el gobierno correísta, el entonces presidente de Petroecuador (que pagaría prisión por una trama de sobornos) contrató de forma irregular un bufete de abogados para enjuiciar a Villavicencio, y se presentó una denuncia en Fiscalía, por le supuesto delito de "alteración de información", denuncia que fue archivada dos años después por el propio Ministerio Público.
Varias denuncias periodísticas de Villavicencio vincularon al llamado "zar" del petróleo, Enrique Cadena, vinculado por el periodista al caso Petrochina. A través de su abogado, Cadena formalizó al menos tres acciones judiciales en contra de Fernando Villavicencio, entre el 2016 y el 2018.
El juicio por hackeo y el brutal allanamiento
El 3 de octubre del 2013, Fernando Villavicencio y Belén Palma publicaron en Plan V el amplio reportaje llamado El expediente Chevron, en el cual se repasaban los cincuenta años de relación de la multinacional petrolera con el país, los conflictos de esa relación y las incoherencias del gobierno de Correa, el cual, para desviar la atención internacional del escándalo de la aprobación de la Ley de Comunicación —llamada Ley Mordaza por todos los sectores democráticos del país y del mundo—, emprendió una campaña de comunicación política en contra de la petrolera. Mientras atacaba a la multinacional, revelaba el informe, los gobiernos de Correa y Hugo Chávez hacían negocios con esta y varias subsidarias.
Pero la parte sustancial del reportaje, es lo que hizo que el correísmo en el poder monte en cólera contra el periodista Villlavicencio. Bajo el subtítulo de Los temores de Carondelet, Villavicencio y Palma citaban información obtenida por el entonces asambleísta Cléver Jiménez, quien en una carta dirigida al presidente Correa le pedía explicaciones de porqué el Gobierno había contratado un bufete de abogados internacional para que represente a sus intereses contra la petrolera, pero esa misma firma representaba los intereses de Chevron en Tailandia. Esta información provenía de un cruce de correos electrónicos entre la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría, que según el informe y el propio Jiménez constaban en un expediente judicial en las cortes de Nueva York, por tanto era información pública.
En una parte del reportaje se citaba que "según el asambleísta (Jiménez), el bufete Foley Hoag y su representante Paul Reichler no sólo formarían parte de la defensa del Ecuador, sino que también estarían aliados a la compañía Chevron, como cliente de la multinacional, por lo que las estrategias de defensa podrían verse seriamente afectadas, al no existir lealtad parcial en el caso. Entre la información que maneja el asambleísta Jiménez, se encuentran datos estrictamente relacionados a la preocupación expresada por parte de funcionarios del gobierno ecuatoriano, al enterarse de que la firma Foley Hoag, desde el 2009, maneja ciertos intereses de Chevron. Hechos que habrían sido confirmados con el propio abogado Reichler". Esto significaba un claro conflicto de intereses, como denunciaba el reportaje.
También revelaba las preocupaciones del alto gobierno ecuatoriano por posibles represalias de la multinacional en contra de activos del Ecuador en el exterior, si es que se perdía el caso y las cortes internacionales daban la razón a la transnacional. Se citaban entre los activos las oficinas del Banco del Pacífico en EEUU, buques de la flota petrolera ecuatoriana y aviones de la estatal Tame.
La denuncia de la familia Villavicencio en la Fiscalía, por el asesinato de Fernando, da cuenta de que luego de la publicación del reportaje hubo un nuevo cruce de correos entre los funcionarios mencionados, y entre el presidente y sus funcionarios, entre ellos el director del servicio de inteligencia, Senain, señalando un probable hackeo de sus correos pero admitiendo, también, que esta “información sensible” de sus cuentas había sido parte de una hackeo atribuido a personas vinculadas, según ellos, a Chevron y que estaban en poder de terceros. Sin embargo, el gobierno de entonces decidió acusar a Jiménez y Villavicencio de esos hackeos y Alexis Mera, entonces Secretario Nacional Jurídico, pidió a la Fiscalía una Acción Urgente en el domicilio de los dos denunciantes, lo cual se ejecutó a la medianoche del 26 de diciembre del 2013, incluida la madrugada del 27.
La incursión a la casa de la familia Villavicencio-Saráuz, fue brutal. Hombres armadas y agentes fiscales irrumpueron a golpes y sometieron a la familia a humillaciones y exposiciones que violaron su derecho a la intimidad. El trauma de sus hijos pequeños no se ha podido superar hasta ahora. Los agentes estatales se llevaron todos los documentos físicos y electrónicos, los celulares y las cumputadoras. Igual ocurrió en el despacho legislativo (que tuvo la autorización expedita de la entonces presidenta de la Asamblea, Gabriela Ribadeneira) y departamento en Quito del asambleísta zamorano Jiménez.
La acción violenta fue denunciada al mundo por organismos de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión. La denuncia penal de la familia Villavicencio detalla los nombres de quienes estuvieron involucrados en este acto, de la siguiente manera:
“La asociación de los mentados delincuentes, Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, Diego García, Galo Chiriboga, Jorge Blum (el juez que autorizó el allanamiento), Gabriela Rivadeneira, José Luis Jaramillo, Tnte. Crnel. Galo Erazo, Pablo Romero (secretario de Inteligencia), Rommy Vallejo, Pedro Espinoza y Rodrigo Sandoval, planifican un robo de información, equipos, instrumentos de trabajo, documentos y fuentes, (…) incurriendo los denunciados en un concurso ideal de delitos, para vulnerar los derechos y para efectuar el robo, para apoderarse de la información de un periodista cuya reserva de la fuente está garantizada por la ley y convenios internacionales”.
Este es el detalle de lo que la denuncia penal en la Fiscalía, por parte de la familia de Villavicencio, tiene que ver con la planificación y ejecución de lo que ellos claifica como "robo de información" de propiedad del periodista un un allanamiento considerado desproporcionado. VER PDF
Las imágenes del allanamiento fueron difundidas en cadena nacional por el gobierno de Correa.
Dos semanas después de los allanamientos, y luego del escándalo nacional e internacional por la desproporcionada actuación judicial, el gobierno cambió la versión. De la acusación de hackeo en contra de Villavicencio y Jiménez, el gobierno dijo que la autora de los hackeos había sido gente vinculada a la empresa Chevron. Y que los dos acusados debían demostrar cómo esa información llegó a sus manos, y así se cambió el “delito” a divulgación de información reservada. Clever Jiménez perdió su curul en la Asamblea controlada por el correísmo y con Villavicencio debieron pasar a la clandestinidad por una orden de prisión dictada meses antes.
Fernando Villavicencio en la madrigada del 27 de diciembre, durante el allanamiento a su domicilio.
Con Lenín Moreno en la presidencia, y luego de que ocurriera el distanciamiento con Correa, Villavicencio retornó al país luego de permanecer por varios meses en Lima, en donde había solicitado asilo político. El periodista, junto a su esposa y ninguna maleta de ropa, salió por tierra desde Guayaquil a Talara, desde donde tomó un avión a Lima. Ahí fue recibido y protegido por una asociación de periodistas, que pidieron también apoyo de colegas del Ecuador, porque habían recibido una información de que el gobierno de Correa había enviado un grupo de agentes de inteligencia de la Policía para secuestrar ilegalmente a Villavicencio y llevarlo de regreso al Ecuador, como se planificó e hizo con el opositor político Fernando Balda, en agosto del 2012. El 18 de abril del 2017, en Lima, pidió asilo político, y mientras la respuesta de la cancillería peruana llegaba, investigó y publicó en la revista Caretas reportajes sobre su denuncia de las irregularidades de la intermediación petrolera.
El caso de Jiménez y Villavicencio era el 1772129131879 y estaba radicado en la Sala Especializada de lo Penal, Policial y Tránsito. La jueza fue la Dra. Julieta Magaly Soledispa Toro. Desde su despacho comunicó a Cléver Jiménez y a Fernando Villavicencio, en julio del 2017, la sustitución de la orden de prisión que pesaba sobre ellos por medidas —llamadas— sustitutivas. Una de estas medidas fue la colocación de un grillete electrónico en uno de sus tobillos, la prohibición de salir del país y la instauración de un cerco electrónico por el que se le permitiría transitar. Desde Lima, Villavicencio denunció un “sicariato judicial” en su contra suya y de sus compañeros, mientras de Jiménez aceptó las medidas a cambio de defenderse en esa libertad controlada. Meses más tarde, de manera sorpresiva, Villavicencio apareció en Quito, y dio una inesperada rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Pichicha, dirigida por su defensor Ramiro García Falconí, donde anunció que aceptaría las medidas sustitutivas. Luego de varios recursos, la justicia ecuatoriana declaró el estado de inocencia de Jiménez y Villavicencio, tras las acusaciones del gobierno de Rafael Correa.
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