El observador

 

POR: Andrés Bucheli Peña Publicado en la Revista El Observador (edición 125, octubre de 2021)

Justicia para la naturaleza

En referencia a la actuación de la Defensoría del Pueblo del Azuay, que en días pasados habría dictado una orden de cumplimiento inmediato para la paralización de los trabajos concernientes al proyecto de ciclovía “Cuenca unida en bici”; con absoluto asombro, varios ciudadanos fuimos testigos de aquella posición irreverente para con los mandantes por parte de la autoridades municipales, de manera particular, el primer personero, desvelando sin duda su aflicción personal calificaba públicamente de “amargados” a los supuestos opositores de su obra maestra, desmereciendo el justo reclamo de la ciudadanía al igual que la argumentación técnica – científica de los profesionales y gestores ambientales que hemos apoyado e impulsado hace más de una década la implementación de un verdadero proyecto de movilidad alternativa, incluyente y amigable con el medio ambiente, por ello categóricamente denunciamos de manera frontal los trabajos y obras irracionales que han provocado la degradación ecológica en las orillas de los ríos y otros espacios emblemáticos de la ciudad y la provincia, como han sido los rellenos, ocupación y explotación minera en las riberas del río Cuenca, la tala indiscriminada de bosque ripario sobre el margen de protección del río Machángara y desde luego este caso específico, que corresponde sobre todo a la infraestructura complementaria de la ciclovía que se ejecuta en la actualidad en las orillas de los ríos Yanuncay y Tomebamba, donde es notaria la obsesión de remplazar por enormes mamotretos de hormigón las prodigiosas áreas naturales que son de vital importancia para el equilibrio ecosistémico, el régimen hidráulico, la mitigación apremiante de los inclementes efectos del cambio climático y que representan sobremanera la icónica belleza de la ciudad de los cuatros ríos; lugares donde se ha alterado significativamente el entorno, sin justificación lógica, sino más bien con absoluta incoherencia técnica, que permite entrever por demás un gasto desmedido de los recursos públicos. Cabe resaltar, que el dictamen defensorial impuesto sobre este proyecto en particular, fue sustentado mediante informes elaborados por parte de las entidades competentes en materia ambiental, estos señalan el incumplimiento de los procesos y medidas para el control y mitigación de impactos durante la ejecución de la obra, asimismo, demuestran la grave afección de especies arbóreas protegidas, suelo y vegetación natural; que se entiende, forman parte del bien de dominio público, conformado por el lecho de río, sus orillas y los márgenes de protección establecidos en la ley de recursos hídricos, perceptiblemente inobservada por las autoridades como es de costumbre, así lo demuestra esa prepotente y casi dictatorial actitud que exhibió públicamente el “burgo maestre”, dónde además manifestó su desacato al fallo; curiosamente, horas después se consiguió incluso la descalificación de la medida por parte de la autoridad defensorial nacional, dejándola sin efecto, de este modo se sentaba un penoso precedente, pues al parecer para los autores de una desvergonzada burocracia, los derechos consagrados a la naturaleza, no valen nada, o simplemente se estiman exactamente igual que su palabra, con la cual se burlan de sus mandantes, olvidando que estos delitos son imprescriptibles. La oposición de los moradores también ha sido persistente y esto se debe además a las grandes deficiencias de orden técnico y económico que presenta el proyecto, entre las más notables se tiene por ejemplo: La demolición de infraestructura pública recientemente entregada, tales como el re capeo asfáltico y aceras que se han facturado a los frentistas y ahora fueron remplazadas con la estructura de pavimento embaulada de la ciclovía entre bordillos y calzada, en otros tramos se demolió la acera para reconstruirla con una estructura de pavimento de alta resistencia como si se tratara de una autopista para dar paso a la ciclovía, entonces ¿Por dónde debe transitar el peatón?. Las camineras existentes en la orillas del río se ven interrumpidas debido a la ocupación ilegítima de esta superficie por parte de entidades como el Benemérito cuerpo de Bomberos y la Empresa Municipal ETAPA, situación que hasta la fecha no ha sido resuelta por parte de las autoridades municipales, quienes abiertamente se habían comprometido en disponer el retiro de estas infraestructuras para recuperar el espacio que le corresponde al ciudadano; en su defecto se ejecutaron variantes y plataformas de concreto a costa de la destrucción y retiro del área verde que fueran espacios emblemáticos y de los pocos que ahora quedan en la ciudad, medida con la que no se da solución a la problemática para los peatones pero favorece al incremento de los rubros y por ende del costo. Haciendo una evaluación general, la ruta que atraviesa la ciclovía se ve alterada en varios sectores ya sea por infraestructura pública y privada, inmuebles, cerramientos y sobre todo los ingresos de vehículos hacia las viviendas, evidentemente no conduce hacia un destino de gran demanda como son las Universidades, por lo tanto no representa una alternativa para facilitar la conectividad de sus principales usuarios, como deberían ser los estudiantes por ejemplo; por todo lo mencionado, ciertamente no garantiza una movilidad segura para el ciclista y es excluyente con el peatón. Para disimular la agresión contra la naturaleza, se han implantado jardineras con helechos y otras especies ornamentales, como si esto pudiera esconder la gran magnitud del ecocidio consumado; la compactación del suelo y el retiro de la vegetación o especies arbóreas en la margen de protección del río, representa una grave alteración en la firmeza y estabilidad del arcén que continuamente recibe el embate del cauce, las consecuencias las estamos padeciendo cada temporada invernal, probablemente ahora con mayor intensidad, esto sumado al desmesurado monto del contrato que se paga con el dinero de todos. Al respecto de lo que ocurre, es inadmisible que un atentado ecológico se pretenda calificar como “desarrollo urbano”, por lo mismo intolerante, que un proyecto inconsulto y de carente planificación sea el pretexto para destrozar bienes intangibles e históricos, violando normativas y derechos, no solamente de los moradores colindantes con estos espacios, sino de todos los ciudadanos, quienes somos legítimos dueños del patrimonio que nos pretenden arrebatar, por lo que es inexcusable defenderlo a pesar de la actitud desleal de quienes dicen ser amigables con el medio ambiente y al mismo tiempo descalifican las acciones que se plantean para la restauración de las áreas brutalmente agredidas; aquellos indolentes funcionarios que con exposiciones cantinflescas e inconexas pretenden hacernos creer que son los dueños absolutos de la verdad, al parecer únicamente son amigables con quienes no interfieran en su mezquina ambición de mantenerse embelesados en las mieles del poder. Esta hipócrita posición “ambientalista”, nos ha revelado también la priorización del gasto innecesario, entonces nos preguntamos ¿Cuáles son las verdaderas pretensiones? ¿Qué intereses defienden? Definitivamente no los de ciudad y muchos menos los de movilidad; en esa fantasiosa realidad en la que se encuentran acompañados de varios postulantes al buró del cabildo, caen en el ridículo y la torpeza de pasear impávidos sobre una flamante “Hero”, mientras en las narices de los gremios profesionales e incluso la academia, se perpetua una masacre al medio ambiente sin precedentes. Indudablemente así procuran consolidar la plataforma que los catapulte hacia un nuevo mandato, amen de la sensatez de los mandantes, seguramente están consolidando la herramienta que los sepulte en el cementerio de la política; empero es irrelevante para los ciudadanos, pues lo que concierne ante acciones arbitrarias y atentatorias, son medidas concretas y urgentes, para que a través de los procedimientos judiciales necesarios, se ordene la remediación ecológica y la restitución de las especies que han sido seriamente afectadas. A pesar de las nefastas decisiones que irresponsablemente se han tomado respecto a este tema de interés general, no duden todos aquellos “alegres” burócratas, que en algún momento deberán responder por acciones y omisiones de carácter administrativo, civil y penal; afortunadamente los cuencanos de bien no negociaremos jamás con el patrimonio natural, ya que es la única oportunidad de garantizar el desarrollo sustentable para las generaciones presentes y futuras, no olvidamos, ni descansaremos hasta que en definitiva se otorgue justicia para la naturaleza.