La justicia corrupta anda suelta
El presidente de la República se refirió hoy a un juez, de apellido Oñate, que dejó en libertad a cinco delincuentes, entre ellos “al presunto responsable del asesinato del director de la cárcel El Inca en Quito”. Lo declaró “enemigo de la seguridad pública y defensor de los delincuentes”. Y llamó al Consejo de la Judicatura a que le aplique una sanción ejemplar.
El presidente Lasso hizo hoy lo que han hecho en muchas ocasiones la Fiscalía, la Policía, las víctimas y ciudadanos que ven, con asco y desesperanza, cómo delincuentes tardan más en ser apresados que en ser liberados. Los mecanismos ya están rodados e involucran, por ejemplo, interpretaciones de la ley como en el caso de Daniel Salcedo: él salió en libertad gracias a que un juez consideró que había caducado la prisión preventiva, a pesar de que había sido condenado en primera instancia.
En este desangre aparecen triquiñuelas jurídicas, medidas cautelares, acciones de protección, hábeas corpus, errores de procedimiento por negligencia o voluntad. En muchos casos se sospecha que la delincuencia compra a los jueces o amenaza directamente su vida y la de sus familiares.
El hecho cierto es que cada día más delincuentes, prontuariados, vuelven a la calle antes de ser condenados. Ese diagnóstico es conocido. Se repite. Y ya no importa que el asco y la desesperanza sean expresados incluso por el primer mandatario. Nada se mueve, el problema se agrava y no hay responsables.
¿Quién se hace cargo de esa cantidad de jueces venales que pululan en el sistema? ¿Quién responde por el caos que implica que cualquier juez -sin la competencia debida- pueda impartir justicia constitucional? ¿Quién se ocupa de esos jueces que, como afirma la Fiscalía en el caso de Salcedo, hacen -por la razón que sea- una mala interpretación de la normativa vigente?
¿Quién puede explicar cómo jueces como Juan Paredes, el Chuky Seven del caso El Universo- sigue impartiendo justicia, a pesar de la miseria legal y ética que demostró y a pesar de que, por su culpa, el país fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2021? Esa Corte consideró que la sentencia de Paredes violó “la Convención Americana de Derechos Humanos, en la tramitación penal” presentada por Rafael Correa contra los directivos de El Universo y Emilio Palacio.
Nadie responde. Ni el Consejo de la Judicatura. Ni la Corte Nacional de Justicia. Tampoco la Corte Constitucional. Todos, en los hechos, levantan los hombros y, finalmente, nadie se siente responsable o concernido. Estado impotente, Estado de chiste. Con un Consejo de la Judicatura que no inspira apostar un dólar por sus virtudes. O las de sus miembros. Con organismos dedicados a investigar las fortunas sospechosas (ejemplo la UAFE) que nada dicen sobre los nuevos ricos que también hay en las cortes. Con entes estatales que deberían inquietarse de la disolución nacional que se siente y están dedicados a destrozarse entre ellos.
El presidente Lasso no puede, claro, intervenir en ese poder. Pero lo peor que podría ocurrir es que también él se sume al pelotón de organismos y personas parqueados en el diagnóstico deprimente que, cada día, se reitera en el país. No es dable, tampoco, circunscribir la expectativa a que el Consejo de la Judicatura sancione al juez corrupto de turno. Eso lo sabe hacer y lo hace para lavarse la cara y las manos.
Algo se debe poder hacer, por ejemplo, desde el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el Cosepe. Porque si hay jueces que, en vez de aplicar la ley, son aliados de la delincuencia, el problema incumbe al Estado en su conjunto. El país, instalado en una dinámica demente de degradación, reclama respuestas y herramientas consensuadas y eficaces que inviertan la tendencia.
El Estado debe conciliar cómo enfrentar el momento y también los mecanismos para proteger a los funcionarios que quieren hacer honestamente su trabajo. Del Cosepe deberían salir esos acuerdos y esas acciones. Y ahí sí el presidente puede, como jefe de Estado, liderar esas voluntades y negociar tareas y plazos.
Foto: Judicatura.
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