Mi artículo para la Revista El Observador.
LA MILLONARIA INCAUTACIÓN DE UNA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA
René Cardoso Segarra.
Cuando en febrero del presente año fui nombrado como director del Museo Pumapungo por el Señor Ministro de Cultura de ese momento, el Lcdo. Julio Bueno Arévalo, varias sorpresas me esperaban al asumir esa dirección a la que retornaba luego de cuarenta años, desde 1978, cuando la Dirección General de los Museos del Banco Central, liderada en ese momento por el arquitecto Hernán Crespo Toral y el economista Sergio Durán Pitarque, solicitó mi participación en la organización del Museo para Cuenca. Eran épocas de oro. Ya me referiré a esas memorias en otros artículos.
Al aceptar el encargo del Ministro Bueno, tenía conocimiento de algunos de los problemas del Museo Pumapungo y me sentía con la experiencia para asumir un nuevo reto que la vida me ponía y en ese propósito buscaría a los mejores colaboradores para tratar de corregirlos o al menos señalar los posibles caminos de solución. En mis primeras inspecciones a sus instalaciones y en especial a las colecciones (cerca de cien mil bienes del patrimonio cultural de la Nación) a su Teatro y al Parque Arqueológico, pude darme cuenta de la magnitud de los problemas tanto técnicos como administrativos.
A inicios de marzo presenté al Señor Ministro Bueno mi primer informe en el que le advertía de la gravedad de lo detectado: “… en cumplimiento de los deberes ciudadanos consagrados en el Art. 83 de la Carta Magna, de manera especial en su numeral 8, tengo la obligación de hacer conocer a su autoridad graves situaciones que no solamente ponen en riesgo los bienes culturales y reservas que se encuentran a cargo de la Institución que me honro dirigir, sino que además podrían incurrir por acción u omisión, en delitos contra el derecho como “destrucción de bienes del patrimonio cultural” tipificado y reprimido en el Art. 237 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y “sustracción de bienes del patrimonio cultural” tipificado en el Art. 240 del Código ibídem”. Así inicié la descripción de los graves problemas y ese mismo detallado informe (documento público Nro. MCYP-MPAP-2021-0281-M de fecha 09 de marzo de 2021) lo hago conocer en junio a la actual Ministra de Cultura y Patrimonio, Lcda. María Elena Machuca Merino, a la Viceministra y al Subsecretario de Memoria Social, insistiendo su pronunciamiento.
En este breve artículo, que lo puedo presentar gracias a la gentileza de Revista El Observador, voy a hacer mención solamente a una de esas graves situaciones: el abandono de seis mil cuatrocientas cuarenta y cinco piezas producto de incautaciones internacionales, en este caso realizadas en Génova, Italia. Es una colección inmensa que con sorpresa encontré en unos de los subsuelos del Museo Pumapungo, piezas embaladas en 62 cajas de madera en las que fueron transportadas desde Italia al Ecuador y que permanecen en las mismas condiciones en que llegaron: encajonadas por más de tres años. Las fotografías que acompañan a este texto, evidencian la precaria situación.
Los contenedores llegaron al Museo Pumapungo a principios del año 2018. En una nota de prensa aparecida en diario El Mercurio de fecha 31 de enero del 2018, con motivo de la recepción de esta colección, Joaquín Moscoso, en ese entonces director nacional del Instituto de Patrimonio Cultural, indicó que “el embalaje de las 62 cajas tuvo un costo de 500 mil dólares”. En esta misma nota de diario el Mercurio, la viceministra Andrea Nina, manifiesta: “El objetivo de esta entrega es que en el marco del Sistema Nacional de Cultura, los bienes se pongan al servicio de la ciudadanía para la investigación y en exposiciones que posibiliten entrar en vínculo con el sitio de su origen, para así lograr un contexto más amplio”. En la misma nota se indica que “según pronósticos del MCYP, en seis meses esos bienes pueden estar listos para exhibirse…Tamara Landívar, coordinadora zonal del MCYP, explicó que el espacio donde reposan los bienes es el más idóneo para la conservación, pues cuenta con las condiciones de seguridad”.
En un documento elaborado por el INPC el 4 de enero del 2018, sugiere que las cajas solo sean abiertas en presencia del personal técnico del INPC-Quito quienes realizarán la inspección pieza por pieza, acción que no se llevó a cabo. La señora Landívar, directora (e) en ese momento del Museo, procede a abrir las cajas para una rueda de prensa en ausencia del entonces custodio de esos bienes, el Lcdo. Jorge Ortega Armijos, actual funcionario del Museo, rompiendo así la cadena de seguridad y traspaso.
En mis manos reposan informes, oficios, que se cruzan entre el Museo, el INPC y el Ministerio, en los que se evidencia todo un laberinto burocrático, indecisiones, además de inconsistencias, de leves a graves, sobre el estado de las piezas y su autenticidad. Finalmente, en un informe elaborado por técnicos del Museo Pumapungo, el 08 de diciembre del 2020, es decir tres años después de la recepción de esa colección en el Museo, se sugiere que se anule el proceso de entrega-recepción de esa colección “mientras no sean corregidos y depurados los listados correspondientes…”
Mis preguntas, que entiendo también serán compartidas por los lectores, son: ¿cuántos millones le costó esta incautación al Estado ecuatoriano? ¿cuánto pagó el Estado para cubrir con los honorarios de los abogados internacionales? ¿qué papel desempañó la parte ecuatoriana en el proceso de autentificación e inventario de esa colección? ¿cuánto le costó la contratación de pólizas de seguros para cada uno de esos seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco bienes? ¿cuánto costó la transportación internacional? ¿por qué el Museo recibió esa colección sin disponer de los espacios adecuados para su exposición ni de los técnicos en arqueología que puedan analizarla? ¿qué sentido tiene mantener una colección encajonada, sin función social, sin posibilidades de estudios especializados? Ya sabemos que solo para el embalaje se gastó medio millón de dólares. Podemos en consecuencia imaginar cuánto le representó al país, a los dineros públicos, esa operación. En fin, quedan planteadas esas interrogantes que espero sean acogidas por las autoridades de control que deberían iniciar serios procesos de investigación.
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