La Prefectura, una mina de oro para Guamán y sus alfiles
Jorge Guamán despegó tras llegar a la Prefectura de Cotopaxi, en 2014. Adquirió dos terrenos, de 5 y 20 hectáreas cada uno, y una casa de 1.989 m2, por los cuales pagó 236.000 dólares, hasta el 2020. En ese lapso también despuntó su empresa Ambasodas. Los colaboradores de Guamán suman ingresos por USD 1,2 millones en sus cuentas y propiedades, que no han justificado. A esto se suman los 8,9 millones que ingresaron a las cuentas del contratista Santiago Sinchiguano, que no declaró al SRI. Todos están enjuiciados por delincuencia organizada, pero el proceso se suspendió hasta febrero porque Guamán es candidato a alcalde de Latacunga.
Redacción Código Vidrio
“Saludos director. Un favor, ¿Tienes el saldo de los caramelos verdad? Puedes transferirlos a esta cuenta”.
El mensaje fue recibido la mañana del 8 de febrero de 2022, por WhatsApp, en el celular de Pablo Velásquez. Por esos días, Velásquez era director de Compras Públicas de la Prefectura de Cotopaxi. Junto con el pedido, su teléfono recibió el dato de una inversión, cuyo titular era el entonces prefecto Jorge Guamán Coronel.
El director conocía los negociados y los pagos a la perfección. En su celular constan capturas de hojas en excell, proyectos, adquisiciones y saldos. Era el brazo derecho del prefecto Guamán, su hombre orquesta.
Velásquez es uno de los diez procesados por el presunto delito de delincuencia organizada, que la Fiscalía investiga en ese gobierno provincial.
Sin embargo, desde el 11 de octubre la acción penal quedó en suspenso temporalmente y la prisión preventiva que los implicados cumplían quedó sin efecto.
¿La razón? El 27 de septiembre, el pleno del Tribunal Electoral de Cotopaxi calificó la candidatura de Guamán para la Alcaldía de Latacunga, en los comicios seccionales, que se realizarán en febrero de 2023.
El artículo 108 del Código de la Democracia contempla que desde la inscripción de la candidatura hasta la proclamación de los resultados electorales, un postulante a un cargo de elección popular no puede ser encausado, salvo en casos excepcionales como delitos flagrantes o violencia intrafamiliar. Eso explica la suspensión temporal del proceso para Guamán. La decisión judicial extendió el beneficio de la suspensión temporal a los otros nueve encausados. Así, hasta febrero de 2023, el proceso queda en pausa, a pesar de los hallazgos de los investigadores, que aquí revelamos y destapa la presunta operación de una red criminal que durante varios años operó libremente en la Prefectura.
Ambasodas, la empresa de Guamán y su hija
La compañía de bebidas Ambasodas es una pieza crucial en la investigación. En enero de 2020, el prefecto Guamán aceptó el cargo de presidente de esta entidad privada, según documentos de la Superintendencia de Compañías recabados para esta investigación. Guamán venía ejerciendo la función de Prefecto desde 2014 y fue reelecto en 2019.
Una de las accionistas de la empresa es Sisa Guamán Toaquiza, hija del prefecto. El 2021 la compañía reportó un movimiento económico de 500 mil dólares.
En 2018, Guamán le propuso a un coideario de Pachakutik, con trayectoria de comerciante, docente y político, que administrara la planta y que le apoyara en la compra de un lote en el parque industrial de Ambato para trasladar la fábrica a ese lugar. De la propuesta tuvieron conocimiento tanto Sisa Guamán como la entonces gerente de Ambasodas, quien tres años antes trabajó en el área de Talento Humano de la Prefectura de Cotopaxi.
Ambasodas fue constituida en 2013, con un capital de dos mil dólares. Para 2016, el resultado económico de la empresa fue una pérdida de 9.000 dólares, por lo que entró en disolución. Sin embargo, un año después fue reactivada, cambió su domicilio a Salcedo (Cotopaxi). En 2018, por decisión de sus directivos se amplió el objeto social de la firma para permitir contratos de asociación, de franquicias o representaciones comerciales de personas naturales o extranjeras.
La asociación con el coideario político del Prefecto se disolvió en 2019. No obstante, a su cuenta bancaria llegaron varias transferencias económicas sin su consentimiento, lo cual consta en reportes del sistema financiero. Y desde la cuenta de un hermano suyo se transfirieron 7.500 dólares. Sobre los pagos tenía conocimiento Pablo Velásquez, director de Compras, según documentos recabados para este reportaje.
La feria de cargos y el apoyo al paro
Sisa Marisol Guamán Toaquiza aparece como la mayor accionista de Ambasodas, con un capital de USD 1.500. Mientras su padre (USD 500 de capital) era prefecto, en su último período, fue presidenta del Patronato, que impulsa obras sociales, para mostrar la cara más amable y solidaria del GAD provincial. Hace seis años ella salió del país para estudiar Economía, cuando aún vestía su atuendo indígena. Al regresar, en 2020 estuvo más cerca de su progenitor en el Patronato y también en la Prefectura. Ahí tenía injerencia en nombramientos y otras actividades, según testimonios y otros indicios recabados en el proceso por delincuencia organizada.
En octubre del 2021 Sisa conversó desde su celular con una dirigente del Movimiento Idígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Ella le contó que en una reunión -siempre a favor del Prefecto- acordaron pedirle que desde la Prefectura apoyaran al paro que planificaban, con un médico y una ambulancia del Patronato, a lo cual accedió parcialmente ofreciendo un médico. Eso consta dentro del juicio en los progresivos de las escuchas e intercepciones de mensajes realizados durante la investigación.
Otra evidencia del apoyo a la paralización indígena desde la Prefectura aparece en una comunicación que Pablo Velásquez, director de Compras, tuvo con Maritza Salazar, asesora de Guamán. Ella le comentó que les habían pedido que cooperen con refrigerios para la movilización, pero como la participación era delicada habrían quedado en poner a USD 20 por persona. Así, querían levantar un fondo para entregárselo a una intermediaria y “conforme se vayan desarrollando las cosas el prefecto Guamán puede tomar otra decisión”.
Por esos días, Sisa también se contactó por celular con Velásquez, quien le alertó que tenían un problema que debían afrontar por una investigación que relizaba la Fiscalía, completamente reservada, por la compra-venta de cuatro propiedades oficializadas en la notaría de José León. Esos negocios estaban relacionados con el empresario Santiago Sinchiguano, contratista de la Prefectura, enjuiciado por recibir contrataciones a dedo.
En otro diálogo, Sisa le pidió a Pablo Albán, director de Obras, que diera paso a la contratación de Patricio Jácome. Ella tenía contactos permanentes con funcionarios del círculo cercano del Prefecto. En otra comunicación, que es parte del proceso judicial, Velásquez se comunicó con Juan José T., quien le comentó que ya había intervenido para que Sisa trabajara en la Universidad de Cotopaxi, que se lo contara al Prefecto, pues el nuevo ciclo empezaría en abril.
En enero del 2022, Sisa también le pidió a Albán que le ayudara ubicando a un amigo como chofer, ya que en el Patronato que presidía solamente necesitaban médicos y enfermeros. Albán accedió y le pidió que le entregara la carpeta con los datos del postulante.
1,2 millones a cuentas de funcionarios
Los principales colaboradores de Guamán suman ingresos por 1,2 millones de dólares en sus cuentas y propiedades, que no han podido justificar. A esto se suman los 8,9 millones que ingresaron a las cuentas del empresario Santiago Sinchiguano, uno de los mayores beneficiarios de contratos direccionados en la prefectura, que no declaró al Servicio de Rentas Internas (SRI). Entre 2018 y 2022 el constructor tuvo ingresos por 12,3 millones, según informes del sistema financiero y el SRI adjuntados al proceso.
Precisamente en el manejo económico se evidenciaría el rol de Velázquez, como alfil de Guamán. Según la investigación fiscal, movía la plata de las coimas y las contrataciones en la Prefectura.
Entre sus cuentas y propiedades tiene 539.000 dólares, que no ha podido justificar. Su papel fue clave: gestionaba la adjudicación previamente pactada con el supuesto pago de coimas a contratistas específicos, desde 2017. También se encargaba del manejo de dinero proveniente de sobornos de una empresa privada que es investigada por la Fiscalía.
En 2020 compró cuatro propiedades, incluidos dos departamentos en lujosos edificios en Quito y Guayaquil, que suman 400.000 dólares. Entre 2014 y 2020, tuvo ingresos por sus salarios en la Universidad de Cotopaxi y en la Prefectura por 161 mil dólares. Las cuentas no cuadran.
Otros funcionarios que jugaron roles importantes en la red fueron Pablo Albán, director administrativo, apodado el “Gordo”. De sus ingresos, la Fiscalía detectó USD 110.000 que no ha podido justificar, ni guardan relación con sus ingresos. Un papel similar, aunque menos importante, tuvo Bertha Toaquiza, quien entre 2014 y 2018 fue tesorera de la Prefectura; estuvo a cargo del cobro de diezmos del 10% de los salarios a los empleados, para realizar aportes al Movimiento Indígena de Cotopaxi, MICC y la CONAIE. Ella no pudo justificar cerca de 22 mil dólares en sus cuentas y la compra en octubre del 2019 de un terreno de 24 hectáreas y otra propiedad que puso a nombre de sus padres. Por ambos bienes pagó 43 mil dólares. Otro de los colaboradores de confianza del exprefecto fue Carlos Villacís. Los últimos años tuvo ingresos injustificados por USD 494.000 en sus cuentas, así como César Coronel, que registró USD 160.000 en sus cuentas que no corresponden a sus ingresos salariales.
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