El Ecuador tiene a un Defensor del Pueblo que es incapaz de sostener aquello que dicen los informes que redacta. Y lo más grave: ni siquiera es capaz de hacerlo cuando esos informes tienen que ver con un tema tan delicado como la certeza de la muerte de una persona en medio de una traumática situación de convulsión social.
Durante la rueda de prensa de hoy 27 de enero, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, no pudo demostrar que la lista de muertos que la Defensoría redactó, luego de las protestas de octubre, se sustenta en información verificada y cierta. En un alarde del más refinado razonamiento cantinflesco llegó a admitir que una de las personas que en su lista aparece como muerto consta en el Registro Civil como vivo, pero que eso no hay forma de probarlo. «Aparece como vivo, pero no hay constatación de aquello».
La desdichada presentación del Defensor del Pueblo ocurrió cuando salió a dar su versión sobre un informe hecho por los estudiantes de periodismo de la Universidad de las Américas, UDLA, en el que se sostiene que uno de los muertos del informe de la Defensoría o no está muerto o simplemente no existe. Según la investigación de los estudiantes de periodismo, unas de las personas que está en la lista de la Defensoría como muerta, a consecuencia de los eventos en octubre, José Rodrigo Chaloisa Chaloisa, aparece en el Registro Civil como vivo. Además de que, en el caso que se haya cometido un error en el apellido, como dice la Defensoría, y que el verdadero apellido haya sido Chaluisa Chaluisa, simplemente no existe. Es decir, esa persona o no está muerta o no existe.
Pues bien, Freddy Carrión tuvo inmensos problemas para sostener su versión durante la rueda de prensa. Es más, ni siquiera la sostuvo del todo porque insistió una y otra vez, como curándose en salud, que el informe de la Defensoría no es concluyente sino que se sustenta únicamente en testimonios de las personas que participaron en las protestas y en los registros que hicieron los medios, «sobre todo los alternativos», como dijo. Para Carrión, el informe de la Defensoría no puede ser tomado como una “versión definitiva” sino que únicamente debe servir para que las instituciones del Estado la corroboren o no. En otras palabras, aquello que dijo la Defensoría en ese informe y que fue pilar para las reivindicaciones de los manifestantes, sobre todo del movimiento indígena, es apenas una recopilación de versiones sin comprobar. Según el funcionario, incluso la Comisión de la Verdad que conformó la Defensoría, es la encargada de verificar la información aunque no dijo por qué sin haberlo hecho, salió él a sostenerla.
Carrión dejó tan en claro que no está en capacidad de generar información ni siquiera medianamente creíble. Para justificar la información que puso la Defensoría en el informe, mostró una esquela mortuoria publicada en algún medio escrito, en la que se informaba de la muerte de dos personas con el apellido Chaluisa, durante esos días: José Daniel, quien el Defensor aseguró que sí había muerto al caer del puente de San Roque, y José Rodrigo, que es el que no aparece en ningún registro oficial como muerto. Según el relato del Defensor del Pueblo, esa esquela era suficiente evidencia como para que la Defensoría incluyera a ambos en su informe.
Freddy Carrión también demostró ser muy bueno para lavarse las manos y pasar la pelota de sus obligaciones a otros. Sostuvo, y lo hizo varias veces, que son los organismos del Gobierno los que están obligados a confirmar o no lo que dice su informe y los acusó de no haber hecho lo que les correspondía. Incluso defendió el trabajo de la Defensoría afirmando que su informe coincide con el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sin precisar que ese organismo también se limitó, en el caso de octubre, a recoger versiones que no fueron verificadas. El todo caso, el Defensor del Pueblo reiteró lo dicho por la CIDH: de las 11 personas supuestamente registradas como fallecidas, ocho fueron resultado de hechos violentos y los otros 3 casos aún no se sabe. Una versión cuestionada por el Gobierno.
Sobre el trabajo de UDLA Channel, Carrión dijo que que se había basado en el testimonio de una persona de apellido Bolaños que tiene antecedentes penales por estafa, pero no demostró que la información en sí haya sido falsa. Es decir, trató de deslegitimar al mensajero pero no pudo desvirtuar el mensaje.
Freddy Carrión tiene una función que, se supone, debe entregar a la sociedad certezas; exactamente lo contrario de lo que hizo durante la rueda de prensa y, como se ha visto, en el informe sobre octubre. En circunstancias socialmente traumáticas como las protestas de octubre, una autoridad del Estado con responsabilidades como las de Carrión no puede sino brindar datos certeros que ayuden a a la sociedad a dilucidar qué clase de circunstancias está viviendo y no a crear confusión y exasperar ánimos. Carrión es un funcionario irresponsable y se nota que, por encima de sus obligaciones constitucionales, están sus simpatías políticas.
El Defensor del Pueblo tuvo desde mediados de octubre del año pasado el tiempo y la autoridad necesaria para verificar que lo que decía en el informe. En una rueda de prensa, que se suponía era para demostrar que las personas que él había puesto en la lista de muertos en efecto habían fallecido en octubre, fue incapaz de mostrar lo más obvio: sus certificados de defunción. No tenía siquiera el certificado de defunción del señor Chaluisa, cuya muerte no está en discusión. La angustiosa falta de credibilidad de su versión, cuando admitió no tener ni una sola de las dos partidas de defunción, hizo que una periodista hiciera la más obvia e inocente de las preguntas: «¿Y los cuerpos, doctor?». Una débil y fingida tos fue la respuesta del funcionario.
Foto: Asamblea Nacional.
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