De acuerdo con el Art. 227 de la Constitución de la República, La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia y eficiencia.
Para que el servicio público sea eficiente y eficaz, el Estado debe proveer de todos los insumos que se requieran, a fin de que la ciudadanía esté siempre bien atendida y exista plena satisfacción por el razonable retorno de la contribución y financiamiento que esforzadamente cumple el ciudadano a través del pago de sus impuestos. Huelga decir de los recursos destinados a la capacitación permanente del servidor público para que cumpla su trabajo con calidad y eficacia.
Por ello resultará inconcebible e imperdonable que los servidores públicos se aprovechen de los bienes públicos y se destinen en beneficio personal, violentando el deber ético y moral de cuidar del uso correcto exclusivo para servir a la ciudadanía. La Contraloria es responsable de velar porque su utilización sea correcta y sancionar a quienes infringen.
Dr. Franklin Robles López
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