El observador

La "gran escoba" del Consejo Transitorio en la Función de Transparencia

El Consejo de Participación Transitorio se aplica a fondo en la remoción de las autoridades de control heredadas del correato, mientras que el conflicto con el Consejo Nacional de la Judicatura, que dirige Gustavo Jalkh, sufre una escalda verbal y política. La caída de Carlos Baca Mancheno de la Fiscalía General dio paso al encargo del fiscal provincial de Carchi, mientras Julio César Trujillo no escatima epítetos contra el CNJ. La veeduría de la Fundación Democracia y Desarrollo sostiene que el Transitorio se está extralimitando en sus funciones.

03 de mayo del 2018

FERMÍN VACA

Parafraseando al  ex presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt: "habla suavemente y lleva una gran escoba, así llegarás lejos". La caída del polémico ex superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, fue el primer indicio de cómo el Consejo de Participación Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, iba a operar en las siguientes semanas. Por medio de resoluciones amparadas en el mandato popular de la reciente consulta, los siete integrantes del Consejo han cesado, además de Ochoa, al defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, y también al fiscal general subrogante, Gen Rhea, quien estuvo en teoría a cargo de la Fiscalía General del Estado durante el feriado del 1 de mayo.

La censura y destitución de Carlos Baca Mancheno por parte de la Asamblea Nacional; la renuncia y huida de Carlos Pólit, ex contralor durante el correato; la renuncia del ex procurador Diego García, la destitución del tardíamente posesionado superintendente de Economía Popular y ex ministro de Correa, Patricio Rivera, entre otros, evidencia el terremoto que sacude a la Función de Transparencia, a donde los integrantes del Consejo Transitorio han entrado "con escoba". 

La censura y destitución de Carlos Baca Mancheno por parte de la Asamblea Nacional, la renuncia y huida de Carlos Pólit, ex contralor durante el correato, la renuncia del ex procurador Diego García, la destitución del tardíamente posesionado superintendente de Economía Popular, Patricio Rivera, entre otros, evidencia el terremoto que sacude a la Función de Transparencia, a donde los integrantes del Consejo Transitorio han entrado "con escoba".

El principal conflicto de los integrantes del Consejo es ahora con el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), que preside Gustavo Jalkh, señalado como el instrumento de control político e ideológico de la justicia durante el correato. Aunque una resolución de un juez cantonal del interior del país, quien acogió una acción constitucional de protección podría permitir que, en teoría, se reinicie el concurso para fiscales provinciales que fue suspendido por orden del Transitorio, el presidente del organismo fue enfático en calificar a Jalkh y a los abogados de su entorno como una "caterva", a la que tanto él cuanto otros consejeros, como Pablo Dávila, han amenazado la semana pasada con la destitución si es que continúan con el concurso. 

Trujillo, veterano político, quien desde hace por lo menos 50 años sabe medir sus fuerzas y calcular sus palabras, ha advertido a Jalkh en estos términos: “Jalkh y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de los Derechos Humanos no nos van a detener; cumpliremos el encargo del pueblo, pase lo que pase”.

Trujillo Vásquez agregó que "todos aquellos que se presten para participar en algún concurso de la Judicatura deben saber que por el solo hecho de presentarse serán también suspendidos de sus cargos” al tiempo que fustigó al ex defensor del Pueblo "debe saber el señor Rivadeneira es que no es más funcionario y que sus amenazas nos tienen sin cuidado porque nosotros obedecemos al pueblo ecuatoriano”.

Jalkh, de su lado, cree que el Transitorio no tiene competencias para suspender el concurso, y que la resolución con la que lo hizo no tuvo suficientes motivaciones legales. Pablo Dávila, otro de los integrantes del Transitorio, advirtió a Jalkh en Twitter que si el CNJ persiste en el concurso, los consejeros podrían declarar la "terminación anticipada" de los periodos de ese Consejo, lo que significaría defenestrar a Jalkh y varios de los abogados de su entorno, como Nestor Arbito, señalados por haber ejercido una suerte de control político e ideológico de las sentencias judiciales, para alinear el sistema judicial con el Gobierno de Rafael Correa. 

Gustavo Jalkh, ex ministro del correato, ha cuestionado las atribuciones que se habría tomado el Transitorio. 

Algunos sectores judiciales atribuyen exclusivamente a la acción de Jalkh y su CNJ sentencias polémicas, en las que los jueces dieron la razón de manera sistemática al Gobierno de Correa, y pretenden con ello exculpar a los operadores de justicia, que sostienen que fueron víctimas de presiones y amenazas y del fantasma de la aplicación del "error inexcusable", una figura calificada de subjetiva con la que el CNJ puede remover de sus cargos a los jueces por supuestamente no aplicar la ley de forma correcta. 

En el Transitorio, el discurso es claro: la consulta popular les dio legitimidad suficiente para poner en orden la Función de Transparencia, aunque ello implique remover a funcionarios como el ex defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, un abogado que fue señalado como simpatizante del correísmo por la inoperancia de la entidad que dirige en defender los derechos de opositores al correato, y, en  contraste, por su total apertura a cuanta petición formulaban los simpatizantes de Correa. Rivadeneira fue cesado por desacato, pues el ex defensor se negó a entregar su informe de labores al Transitorio. En su lugar, fue nombrada una profesora de la Universidad Andina, Gina Benavides, sobre la que Trujillo recordó que "fue insultada por Correa", aunque no es funcionaria de la Defensoría. 

El conflicto con el CNJ, que escaló esta semana, podría concluir con una nueva resolución de destitución, esta vez, de Jalkh y su entorno, que han atajado las críticas a su supuesto control de la justicia con argumentos que algunos consideran deleznables. 

La caída de Baca Mancheno

Mientras tanto, la caída del ex fiscal general del Estado, censurado por la Asamblea Nacional con 128 votos, tras un juicio político de  más de diez horas, brindó al Transitorio una nueva oportunidad para legitimarse.

Aunque el CNJ, tras una consulta a la Procuraduría, había nombrado como fiscal subrogante a Gen Rhea, fiscal provincial de Imbabura, y Rhea recibió el despacho de Baca Mancheno, el Transitorio decidió designar un nuevo subrogante, esta vez, el fiscal provincial del Carchi, Edwin Paúl Pérez Reina, quien había obtenido un alto puntaje en el último concurso para designación de fiscales provinciales. La norma establece que el fiscal subrogante deberá ser nombrado por el CNJ de entre los postulantes a fiscal provincial con puntajes más altos, por lo que se había nombrado a Thania Moreno, quien se desempeñaba como fiscal del Pichincha. Pero Moreno fue suspendida por las quejas en su contra, y en lugar de ella, el CNJ nombró a Rhea. Inmediatamente empezaron los cuestionamientos a Rhea, pues se sostenía que había quedado en décimo lugar en el concurso y por lo tanto no le correspondía el cargo. Se especuló también sobre que debía ser la abogada Gladys Terán, quien también reclamaba para sí la subrogancia de la Fiscalía General amparada en el mismo concurso e, inclusive, operadores políticos en Twitterempezaron a lanzar nombres, ante la evidencia de que el Transitorio iba a tomar el asunto en sus manos y podría nombrar a cualquiera para el cargo. Uno de sus nombres fue el de la fiscal Diana Salazar, quien actualmente dirige la Unidad contra el lavado de activos.

El ex fiscal Carlos Baca Mancheno tenía muy pocas posibilidades de seguir en el cargo. Foto: Asamblea Nacional

Operadores políticos en Twitter empezaron a lanzar nombres, ante la evidencia de que el Transitorio iba a tomar el asunto en sus manos y podría nombrar a cualquiera para el cargo. Uno de sus nombres fue el de la fiscal Diana Salazar, quien actualmente dirige la Unidad contra el lavado de activos.

Pérez Reina había participado en un concurso en la carrera fiscal para Adolescentes infractores, en 2015, en el que obtuvo una nota de más del 99%, incluso más que la propia Thania Moreno, pero el CNJ nombró primero a Moreno y luego a Rhea como fiscales generales subrogantes. Estas habrían sido las consideraciones para que el Transitorio lo ponga al frente del Ministerio Público, con la respectiva aclaración de que ejercerá sus funciones hasta cuando se nombre un nuevo fiscal, después de un concurso de méritos, esto, a pesar de que el propio Trujillo ha cuestionado los concursos como instrumento para designar funcionarios, ante las dudas de que muchos de ellos fueron arreglados para que ganaran siempre abogados cercanos al Gobierno de Correa. 

En sus primeras declaraciones al posesionarse de la Fiscalía General, el nuevo fiscal precisó que “Mi carta de presentación ha sido mi trayectoria dentro de la institución. En toda esta carrera mi conducción ha sido siempre la ley y la justicia. Jamás actuaremos en persecución de nadie. Quien haya incurrido en actos de corrupción y haya cometido delitos responderá ante la justicia”, mientras que anticipó que la prioridad de su gestión será la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, lavado de activos y el terrorismo.

La suerte de Baca Mancheno, entre tanto, estaba echada. Aunque la revelación de la escandalosa conversación entre el ex contralor Carlos Pólit y el ex presidente de la Asamblea José Serrano desembocó en la destitución del segundo, el ex fiscal defraudó al intentar crear la expectativa de que conocía hechos de corrupción de los asambleístas que finalmente no mencionó. Sus relacionadores públicos, hasta el último momento, sostuvieron que el ex fiscal iba a hacer revelaciones en la Asamblea Nacional contra Serrano y su entorno, durante el juicio político. En una entrevista con Radio Sucesos, Baca Mancheno llegó a insinuar que tenía una lista de asambleístas que habían visitado su despacho para pedir favores judiciales a cambio de votar en contra de su censura. Las declaraciones provocaron el rechazo legislativo y sellaron la suerte del ex fiscal, cuando los jefes de bloque y la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, rechazaron los términos de las declaraciones de Baca y le pidieron la lista. Aunque en las primeras horas de la mañana se decía que se habrían ajustado los 69 votos que se necesitaban para la censura, lo cierto es que en la votación final hubo 128, a pesar de que Baca pidió disculpas por sus opiniones. Sobre las denuncias que supuestamente iba a hacer, Baca no aportó mayor cosa. Se refierió a la situación de la frontera norte, siempre citando información del Gobierno y los medios colombianos, que admiten que buena parte del sur de Colombia está baja control de grupos armados vinculados al narcotráfico y sin presencia del Estado, pero no hizo ninguna afirmación más allá de la información pública. Seguro de que iba a ser cesado, Baca se enfocó en una suerte de informe de labores, en el que pasó revista a los once meses de su gestión y a los procesos penales que llevó adelante, en especial, en casos como Odebrecht.

El asambleísta por Guayas, Henry Cucalón (PSC) minimizó las gestiones de Baca en la Fiscalía. Foto: Asamblea Nacional 

Para el interpelante Henry Cucalón (PSC-Guayas), hubo poco mérito en la gestión de Baca Mancheno, pues procesos como el de Odebrecht habían sido iniciados en el extranjero por Estados Unidos y Brasil y poco o nada se podría reivindicar como investigación propia.

Pero para el interpelante Henry Cucalón (PSC-Guayas), hubo poco mérito en la gestión de Baca Mancheno, pues procesos como el de Odebrecht habían sido iniciados en el extranjero por Estados Unidos y Brasil y poco o nada se podría reivindicar como investigación propia. Cucalón también acusó durante la interpelación a Baca de ser un mal político, al tiempo que minimizó sus acciones al frente del Ministerio Público. 

El otro interpelante, el coronel de Policía (r) César Carrión (CREO-Cotopaxi) centró en cambio sus cuestionamientos en su defensa gremial de los policías del 30S, perseguidos por el correato. Ese otro eje, el de la militancia de Baca con el correísmo, su condición de consejero presidencial y hombre de confianza de Correa, y el hecho de que nunca desmintió haber recibido dinero de la Senain por sus funciones en la Comisión del 30S terminaron por liquidar las posibilidades de Baca Mancheno, mientras el ex presidente de la Asamblea, José Serrano, observó todo atentamente desde su curul, que, aunque perdió la presidencia, conservó. 

El coronel (r) César Carrión centró sus críticas en una defensa gremial de los policías del 30S. Foto: Asamblea Nacional

Si Baca no era destituido por la Asamblea Nacional, no se podía descartar que el Transitorio, que también estaba evaluando al ex fiscal pudiera cesarlo en su cargo, lo que de todas formas habría significado que un fiscal encargado, como es el caso de Paúl Pérez Reina, se hiciera cargo del despacho del Ministerio Público. 

Las críticas de la veeduría de la Fundación Democracia y Desarrollo 

Pero las decisiones del Transitorio motivaron críticas no solamente de algunos asambleístas del correísmo ortodoxo, sino de la veeduría de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo: "estas decisiones se alejan del marco legal vigente y son altamente discrecionales", dijo la veeduría. 

Sobre la designación del fiscal general encargado y de Sofía Margarita Hernández Naranjo en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la veeduría comentó que "el Consejo Transitorio basa estas designaciones en el argumento de que el mandato le entregó “facultades extraordinarias”. Señalan además que el Consejo Transitorio podrá posesionar a personas encargadas hasta que se cumpla el concurso para la autoridad definitiva".

Sin embargo, la veeduría sostuvo que "estos nombramientos se dan por fuera de las atribuciones constitucionales, legales y del mandato del referendo del 4 de febrero. Ninguno de estos cuerpos normativos da al Consejo Transitorio la facultad de nombrar titulares “encargados” de ninguna institución. Por el contrario, las leyes y estatutos que norman a cada una de estas instituciones determinan los procesos para llenar las vacantes en caso de ausencia definitiva del titular".

Sobre la polémica con el CNJ, por la decisión de un juez de la provincia de El Oro, la veeduría recordó que "la Constitución, en su artículo 87, señala que los jueces “podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho”. Además, el artículo 30 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que “el incumplimiento de las medidas cautelares será sancionado de la misma manera que en los casos de incumplimiento de la sentencia en las garantías jurisdiccionales constitucionales”.

El ex defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, fue cesado por desacato. 

La veeduría cuestionó también que el Transitorio haya defenestrado al ex defensor del Pueblo, pues "las “facultades extraordinarias de la transición” de las que habla la resolución son solo aquellas aprobadas en el mandato popular de la consulta del 4 de febrero. En el anexo aprobado por la ciudadanía se le otorga al Consejo Transitorio la capacidad de evaluar el desempeño de las autoridades nombradas por el Consejo de Participación cesado y, “de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus períodos”. Es decir, la única facultad extraordinaria es la de evaluar y, después de ese proceso, de ser el caso, cesar autoridades. La facultad de destituir funcionarios por incumplimiento de funciones le corresponde a la Asamblea Nacional a través de un proceso de juicio político, según el artículo 131 de la Constitución. En ningún caso, el Consejo Transitorio podría cesar a una autoridad antes del proceso de evaluación".

Se cuestionó también que el Transitorio haya decidido nombrar Defensora del Pueblo a Gina Benavides. "Benavides no trabaja ni ha trabajado en esa institución. Su carrera se ha desarrollado en la academia; es docente de Derechos Humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar. Benavides no fue postulante en el concurso para la designación de la primera autoridad de la Defensoría, realizado en 2017. Esta designación es arbitraria y no responde a ninguna base legal. Además de que el Consejo Transitorio no está facultado para escoger a autoridades “encargadas”, en este caso designa a una persona que ajena a la institución. La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece claramente en su artículo 9 que el Defensor del Pueblo nombrará un adjunto, primero y segundo, que le reemplazarán en los supuestos de ausencia temporal, y de vacancia del cargo hasta que se nombre al titular. Nuevamente, el Consejo Transitorio se arroga funciones que no le corresponden".

La Veeduría de la Fundación Democracia y Desarrollo cuestionó la designación de Gina Benavides como defensora del Pueblo.

En un duro comunicado, la Fundación dijo que "el Consejo de Participación Transitorio se está atribuyendo funciones que ni el mandato de la consulta popular ni la Constitución le otorgan.

En un duro comunicado, la Fundación dijo que "el Consejo de Participación Transitorio se está atribuyendo funciones que ni el mandato de la consulta popular ni la Constitución le otorgan. Bajo el argumento de que tienen “facultades extraordinarias”, los miembros del Consejo están actuando de una manera altamente discrecional, afectando la institucionalidad y la construcción del Estado de Derecho en Ecuador. La única facultad extraordinaria, otorgada al Consejo de Participación Transitorio mediante referendo, es la de evaluar a las autoridades nombradas por el Consejo cesado y, después de ese proceso, dar por terminadas sus funciones si así lo consideran. El Consejo no tiene facultad para nombrar autoridades encargadas, ni para cesar a autoridades por “incumplimiento de funciones”.

Si bien el anexo 3 de la consulta popular fue aprobado por la ciudadanía, esto no les da a sus miembros la facultad para actuar por encima de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales vigentes. El mandato ciudadano no les atribuye el poder de interpretar la normativa a su favor. Advertimos que todas estas acciones abren el camino para que, en el futuro, las autoridades “cesadas” demanden al Estado ecuatoriano, tanto en la jurisdicción nacional como en Cortes internacionales, por una eventual violación a sus derechos y garantías procesales".