¿Saben quién montó un baile de seguros de vida en la Fiscalía?

Publicado en abril 6, 2018  en La Info  por José Hernández

El correísmo fue una real caja de pandora. El estudio de la Contraloría, que sirvió al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para parar el concurso del Consejo de la Judicatura, es un misil de dos cabezas: apunta al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación en dos temas: el proceso de selección del personal efectuado entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura y los valores pagados o transferidos a los funcionarios de la Fiscalía; los dos exámenes se efectuaron entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de julio de 2015.

El Informe Completo de la Contraloría.

Por las fechas, este estudio que mostró la falsedad de los concursos de meritocracia que hubo bajo el correísmo en el sistema de justicia, incluye a Gustavo Jaklh, a pesar de que diga que solo involucra a la Fiscalía. Jalkh preside el Consejo de la Judicatura desde el 10 de enero de 2013. Es obvio que implica igualmente a Galo Chiriboga porque él dirigió la Fiscalía desde el 19 de julio de 2011 hasta el 11 de mayo de 2017. Jalkh y Chiriboga salen muy mal parados de este análisis en el cual la Contraloría revisó los procesos de selección entre las dos entidades que incluyó: convocatorias a los concursos efectuados a las carreras fiscal y administrativa, cargos y lugares, bancos de elegibles, anexos de los elegibles enviados por la dirección de Talento Humano de la Fiscalía al Consejo de la Judicatura.

Ese informe que no estaba en la web por pedido de Carlos Pólit, se dice en la Contraloría, no solo revela lo que ocurrió en los concursos amañados por la Gustavo Jalkh y Galo Chiriboga: tiene algunas otras perlas de lo que ocurrió con el manejo del dinero del Estado. La Contraloría detalla, por ejemplo, la contratación de pólizas de seguro de vida para todo el personal de la Fiscalía. Esta historia arranca el 25 de septiembre de 2012, cuando el director de Talento Humano de la Fiscalía comunica al Director Administrativo Financiero que, tras haber realizado un estudio de mercado, el presupuesto para un seguro de vida para 2700 servidores públicos suma $1.039.032,00. El 17 de Octubre se reformó el Plan Anual de Contrataciones para incluir esos seguros de vida para todo el personal de la Fiscalía. Nueve días después se autorizó el proceso de contratación mediante licitación y el 4 de diciembre de ese año el director Administrativo Financiero adjudicó el contrato a la compañía BMI del Ecuador S.A: seguro de vida para 2762 funcionarios de la Fiscalía por $730 445,95. En 2013, la Fiscalía quiso repetir la dosis. Pero el proceso de renovación fue declarado desierto “por haber sido –dice la Contraloría– inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los pliegos (…)”. En 2014, la Fiscalía subió el número de asegurados a 3016 y adjudicó, el 5 de marzo, el contrato de Equivida S.A con el 10 de marzo de 2015 como fecha de expiración, por $1 065 679,45. Más IVA, en los dos casos.

¿Qué justificó estos contratos de seguros de vida para todos los funcionarios por los cuales la Fiscalía canceló, en total, $1.974 795? En aquel momento, Galo Chiriboga, fiscal General del Estado, consultó al Ministerio de Trabajo para saber cuál era la norma técnica que establecía los límites a los que debía ceñirse la contratación de los seguros de vida. El 24 de junio, ese Ministerio le respondió que estaba analizando la normativa para regular las condiciones para ese tipo de contratación y que, una vez que la tuviera, debía contar “con el dictamen presupuestario del Ministerio de Finanzas”, antes de publicarla en el Registro Oficial.

La Fiscalía para defender la contratación de los seguros se amparó en intangibles. Uno: la Constitución dice que la Fiscalía realiza la parte pre-procesal y procesal penal. Dos: el fenómeno delictivo pone en riesgo a sus funcionarios. ¿A todos? Pues sí: la Fiscalía nunca señaló en sus informes, dice la Contraloría, a los funcionarios que, por su cargo, realizan actividades realmente peligrosas. Aquello que anotó es que sus funcionarios giran alrededor del delito y del crimen y viven en constante peligro. ¿Cuántos? Respuesta: ¡Todos y en todo el país, incluso el personal administrativo!
El Fiscal General, directores administrativos y financieros (que se han sucedido) y el director de Talento Humano de la Fiscalía no solo incumplieron leyes sino que, sin ubicar a los funcionarios cuyas vidas realmente corren peligro por su trabajo, hicieron que su institución incurriera en casi dos millones de dólares de un gasto innecesario e injustificado por el cual seguramente serán glosados por la Contraloría. Por este tema, además de los concursos mañosos, Galo Chiriboga sigue en el radar de esa institución.