martes, 17 de abril de 2018

"Guacho" reivindica el secuestro de dos civiles más
El Gobierno confirmó el secuestro de una pareja de jóvenes de Santo Domingo de los Tsáchilas, que habían ido a San Lorenzo a realizar un negocio. Los dos jóvenes aparecieron en un vídeo en el que piden al presidente Lenin Moreno ceder ante los terroristas. Habrían sido retenidos la semana anterior. Entre tanto, el cumplimiento de formulismos legales impide liberar a los hombres que reclama el jefe narcoguerrillero.
16 de abril del 2018
REDACCIÓN PLAN V
Los terroristas del Grupo Oliver Sinesterra (GOS) reinvindicaron un nuevo secuestro de civiles ecuatorianos. Se trata de una pareja de jóvenes, que vivían en Santo Domingo de los Tsáchilas, y que habían ido a San Lorenzo a cobrar un dinero, producto de la venta de una moto, según versión recogida por el canal Ecuavisa
En una rueda de prensa a primera hora del 17 de abril, el ministro del Interior, César Navas, declaró que por medio de Whatsapp la Policía recibió un vídeo de menos de un minuto, en donde un hombre joven, de acento costeño,  pide al presidente Lenin Moreno que ceda ante las presiones del GOS. Junto a él aparece una mujer, muy asustada, que no dice nada durante los 57 segundos de la grabación.
Aunque a primeras horas de la mañana el ministro Navas dijo que no se conocía ni la identidad ni la nacionalidad de los plagiados, e inclusive pedía a la población ayuda para identificarlos, hacia el mediodía el Gobierno confirmó que se trata de Oscar Efrén Villacís Gómez, de 24 años, originario de Nueva Loja, y su pareja, Katty Vanesa Velasco Pinargote, de Santo Domingo.
Aunque a primeras horas de la mañana el ministro Navas dijo que no se conocía ni la identidad ni la nacionalidad de los plagiados, e inclusive pedía a la población ayuda para identificarlos, hacia el mediodía el Gobierno confirmó que se trata de Oscar Efrén Villacís Gómez, de 24 años, originario de Nueva Loja, y su pareja, Katty Vanesa Velasco Pinargote, de 20 años y de Santo Domingo. En el vídeo, Villacís dice que tienen hijos y pide al presidente que, como padre, se conduela de su situación. Los dos civiles, que viven en Santo Domingo, sostienen en la grabación que la guerra no es suya y que no quieren correr la misma suerte que los periodistas de El Comercio, asesinados por el GOS. 
Navas dijo a primera hora de la mañana que "estos son nuestros enemigos, estos son los cobardes, sanguinarios y agresivos que lo único que buscan es robarnos la paz y tranquilidad de nuestra nación, lo hacen bajo un solo objetivo: sacar su droga por el Ecuador, por el río Mataje".
"Señor presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano, que no nos pase lo que les pasó a los periodistas; nosotros tenemos hijos, tenemos familia que ir a ver al Ecuador; nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra por favor, señor presidente, dele lo que ellos quieren, nosotros simplemente somos ciudadanos del Ecuador...", dice entre tanto el joven secuestrado en el vídeo. 
La pareja, que vivía en Santo Domingo, había viajado el pasado miércoles, mientras el país estaba pendiente de la tragedia de El Comercio, desde San Clemente, en Manabí, hacia San Lorenzo, según relataron sus familiares, para los que el Gobierno ha dispuesto protección en la capital de la provincia. El último contacto con la pareja fue el pasado jueves 12 de abril, cuando la madre de la mujer perdió comunicación con ella. Desde entonces no sabían nada, hasta que el Gobierno recibió el vídeo la noche del lunes 16. Aunque en redes sociales y medios digitales se publicó una supuesta foto de la pareja con dos niños pequeños, su autenticidad no pudo ser confirmada. 
El hecho motivó una nueva reunión del Consejo de Seguridad del Estado en el Palacio presidencial, en donde se analizó la crisis de rehenes. El Consejo resolvió que no se romperá el Estado de derecho, lo que significaría que no van a negociar canjes de rehenes con los apresados del GOS en el Ecuador. 
En el vídeo, Villacís dice que solo pide que se cumplan los exigencias del GOS, aunque no precisa si son nuevas o son las que ya habían manifestado durante el secuestro del equipo de El Comercio
Las demandas del GOS
La última vez que el joven reportero de El Comercio, Javier Ortega, apareció con vida, fue para relatar cuáles eran las dos exigencias que el grupo comandado por "Guacho", la columna Oliver Sinesterra, había puesto para la liberación de él y su equipo, conformado por el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. 
Con la voz firme, Ortega decía en el vídeo enviado por Whatsapp a las autoridades del Ecuador que el grupo de "Guacho" pedía, en primer lugar, la liberación de tres de sus militantes arrestados por tráfico de armas en suelo nacional, y en segundo lugar, que Colombia y Ecuador suspendieran su convenio de cooperación antiterrorista. 

Esta foto le llegó al Gobierno por un chat de Whatsapp por el que se comunicaban con los terroristas. 
Todo empezó este 13 de enero, cuando en un operativo en Esmeraldas, la Policía arrestó  en Mataje a tres integrantes de la columna Oliver Sinisterra. Se trata del  ecuatoriano Patrocinio C.P. alias ‘Cuco’,  de 34 años; y los colombianos Fernando T.V., de 28 años  y James C.A. alias ‘James’, de 19 años. Fueron detenidos por grupos de élite de la Policía ecuatoriana, junto con tres armas de fuego de diferente tipo y calibre (pistola, revólver), dos granadas de diferente tipo, 370 cartuchos de diferente calibre, cuatro alimentadoras de pistola 9 milímetros, 114 bornes de batería tipo pila, seis rollos pequeños de mecha lenta, 38 baterías y tres celulares. Los terroristas fueron detenidos en el marco de un operativo llamado "Impacto 13", y la foto de la Policía los muestra con los rostros cubiertos: dos jóvenes atléticos y un hombre de mediana edad algo subido de peso. 


Los terroristas fueron detenidos en el marco de un operativo llamado "Impacto 13", y la foto de la Policía los muestra con los rostros cubiertos: dos jóvenes atléticos y un hombre de mediana edad algo subido de peso.
Lo que parecía una detención de rutina se convertiría en el inicio de un espiral de violencia que sacudió al país. La Policía los buscaba por un ataque cometido en noviembre de 2017, cuando en pleno control en San Lorenzo abrieron fuego contra cuatro policías, ninguno de los cuales resultó herido. 
Los policías atacados eran parte del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos recientemente asignados a controles en la provincia verde. Desde entonces, el grupo de "Guacho" reclamó su liberación. Como no lo consiguió por medio de mensajes de Whatsapp y llamadas a los policías ecuatorianos, decidió pasar a la ofensiva, y colocó un coche bomba en el centro de San Lorenzo, en la pared posterior del cuartel de la Policía, durante la madrugada del 27 de enero. Esta fue la declaración de guerra de la columna Oliver Sinesterra al Estado del Ecuador. 
Procesados por tres revólveres 
Los tres terroristas fueron acusados de un delito menor: tráfico ilícito de armas de fuego, tipificado en el artículo 562 del Código Orgánico Integral Penal, que se castiga con entre cinco y siete años de cárcel. No fueron sindicados por terrorismo, intento de asesinato u otro delito más grave, ni se los procesó por ser parte de la columna criminal de "Guacho".
La Fiscalía General del Estado instruyó la causa y la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo la tramitó. Se dictó prisión preventiva contra los tres y se los recluyó en la cárcel de Esmeraldas. Aunque en un principio Patrocinio C. alegó su inocencia y dijo que el 11 de enero de 2018 a las 18:30 llegó a su casa en Mataje y encontró a los dos colombianos que fueron detenidos junto con él, supuestos amigos de su cuñado colombiano, Fernando M. luego, en febrero, se acogió al procedimiento abreviado, es decir, se quiso declarar culpable del tráfico de armas. Pero la Fiscalía no aceptó el procedimiento abreviado y el caso, cuando se produjo el secuestro del equipo de El Comercio seguía en la etapa de instrucción fiscal, es decir, aún no se han podido formular los cargos y sobre los tres terroristas solo pesa una prisión preventiva. 
Los tiempos del Estado de derecho
Pero si las presunciones contra los tres integrantes de la columna Oliver Sinesterra eran tan frágiles, ¿por qué no se los liberó cuando los terroristas propusieron un canje con los dos comunicadores de El Comercio y su chofer? Una fuente de la Fiscalía General del Estado aseguró que ante la demanda de los terroristas por la liberación de quienes las autoridades creían eran solo tres individuos con pistola, responsables de una balacera, se buscó la forma de agilitar el proceso legal.
En lugar de simplemente abstenerse de acusarlos y pedir al juez su liberación, en la Fiscalía se propuso al Comité de Crisis,  que había que formularles los cargos, condenarlos de manera exprés, ejecutoriar la sentencia y pasar el caso al Presidente de la República, para que el jefe del Estado les diera un indulto y ahí sí, liberarlos. 
Por más que el proceso se agilitara, habría tomado semanas, pues aunque se hubiera acordado con el Poder Judicial tramitar de manera expresa el juicio contra los tres hombres, agotado todas las instancias y poner en consideración del Gobierno el indulto, los tiempos de la justicia no coincidían con el trance de vida o muerte en el que se encontraban los integrantes de El Comercio.
Por más que el proceso se agilitara, habría tomado semanas, pues aunque se hubiera acordado con el Poder Judicial tramitar de manera expresa el juicio contra los tres hombres, agotado todas las instancias y poner en consideración del Gobierno el indulto, los tiempos de la justicia no coincidían con el trance de vida o muerte en el que se encontraban los integrantes de El Comercio. Sin embargo, el ministro Navas dijo que la audiencia y el indulto no iban a pasar del miércoles de esta semana. 
Una fuente del Palacio de Carondelet le dijo a PLANV que estaban de acuerdo con la propuesta y que tenían listo el documento del indulto la tarde fatídica en la que se conocieron las fotos de los cadáveres. 
Esta fórmula legal ha sido cuestionada por juristas como Ramiro Aguilar, quien en la red social Twittersostuvo que la forma más expedita de liberar al ecuatoriano y sus cómplices colombianos eran aplicar el principio de oportunidad previsto en la Constitución. Este principio establece que la Fiscalía puede determinar si cabe o no seguir con una investigación para no gastar los recursos del Estado en denuncias o casos infundados. 
¿Pudieron haberse salvado Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra? Es imposible saberlo, pues la Policía, en su afán de ganar tiempo para el cumplimiento de las formalidades legales, le remitió a Guacho y la Oliver Sinesterra, por Whatsapp, un vídeo en donde uno de los militantes asegura que lo están tratando bien y que el Ecuador está colaborando para su liberación.
Otro debate, sin embargo, se instaló en el seno del Comité de Crisis: ¿debía el Estado negociar con terroristas? ¿Se sentaba un precedente nefasto, en especial, porque se debía seguir deteniendo a militantes y simpatizantes de la Oliver Sinesterra en el Ecuador? Estas discusiones demoraron todavía más la toma de decisiones. 
El ministro César Navas: "No podíamos ir a la cárcel abrir la puerta y decirles que salgan" 
De su lado, el ministro del Interior, César Navas, en declaraciones a Radio Sucesoscon Juan Carlos Calderón, sostuvo que aunque el secuestro se dio en Ecuador, los comunicadores fueron llevados a Colombia y asesinados en el país vecino, probablemente el 11 de abril. De ahí que hubo contradicciones entre las declaraciones del Gobierno colombiano, que llegó a decir que los retenidos estaban en Ecuador. Colombia, dice el ministro Navas, se comprometió a no realizar operaciones para la captura de Guacho, pero según un reporte del diario colombiano El Espectador, en  momentos en que se produjo el secuestro el grupo de Guacho era perseguido por el Ejército de Colombia, que lo rastreaba por medio de un localizador que le habían puesto en la batería de su celular. El ministro admitió  que hubo "movimientos logísticos" ecuatorianos el 11 de abril, cuando por lo menos 200 hombres del Ejército ecuatoriano relevaron a los que se encontraban en San Lorenzo. 
Navas dijo que luego del atentado contra la torre eléctrica de Viche, en donde se detuvo a nueve personas por terrorismo, era imposible que el Estado no actuara.


Para el titular del Interior, los terroristas "nunca quisieron negociar" pues solo se comunicaron cinco veces y dejaron de contactar al Gobierno el sábado 7 de abril. "Hubo coordinaciones con la Fiscalía y la Judicatura", confirmó Navas, para agilitar el proceso legal.
Para el titular del Interior, los terroristas "nunca quisieron negociar" pues solo se comunicaron cinco veces y dejaron de contactar al Gobierno el sábado 7 de abril. "Hubo coordinaciones con la Fiscalía y la Judicatura", confirmó Navas, para agilitar el proceso legal. Al ser consultado por Juan Carlos Calderón sobre si se podía obviar el trámite para liberar a los tres militantes de Guacho, el ministro aseguró que se debía respetar el Estado de derecho, pues hay una instrucción fiscal en contra de los detenidos. El dos de abril, dice el ministro, se pusieron a ver quiénes eran los detenidos. "No se puede violar la Constitución y las leyes", sentenció el ministro, quien aseguró que la vida de los tres periodistas no se podía negociar liberando a los terroristas. "No podíamos ir a la cárcel abrir la puerta y decirles que salgan", aseguró Navas, cuestionado por Calderón sobre si el Estado de derecho está sobre la vida de las personas. 
El ministro relató que una unidad de élite de la Policía de Colombia, el Guala, estuvo presente desde el principio en el Comite de Crisis asesorando a la Unidad Antisecuestros ecuatoriana. Narró también que había cuatro escenarios: una negociación, una entrega, una operación militar en Colombia y la posibilidad de que fueran asesinados y agregó que sí se usaron medios tecnológicos. Sobre la veracidad de los comunicados, Navas dijo que intentaron comunicarse con los secuestradores por el canal de Whatsapp pero sin éxito. 
El intercambio, dijo el ministro, se iba a dar luego de que el miércoles de esta semana se diera la condena y el indulto. Lo iba a gestionar la Iglesia Católica, pues el obispo Eduardo Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal, aseguraba que conocía a Guacho debido a su trabajo evangélico en la provincia de Esmeraldas. Arellano se estaba desplazando a la zona para tratar de mediar, pues los familiares habían solicitado al Vaticano primero, y la Iglesia ecuatoriana después, su intervención. 
En declaraciones a la radio colombiana Bluradio, monseñor Arellano dijo que la negociación "quizá se demoró mucho", en especial, en lo referente a la liberación de los tres integrantes de la columna Oliver Sinesterra. El prelado asegura que conoció de niño a Guacho, y reiteró que no se sabe nada sobre la ubicación de los cadáveres, aunque el presidente colombiano Juan Manuel Santos admitió que están en el país vecino. 


Monseñor Arellano dijo que la negociación "quizá se demoró mucho", en especial, en lo referente a la liberación de los tres integrantes de la columna Oliver Sinesterra.
A las críticas se sumó Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, quien dijo que la negociación claramente fue un fracaso y que se debe conformar una comisión que esclarezca la verdad de lo ocurrido en este trágico suceso. 
Cuestionado  por Calderón sobre la participación de la Cancillería, pues la canciller María Fernanda Espinosa estaba de viaje, el ministro dijo que se organizaron reuniones de los dos presidentes y también de la Comisión Binacional de Frontera. La canciller Espinosa, aseguró, se comunicó diariamente con la canciller de Colombia, María Ángela Holguín.
Sobre los cuerpos de los comunicadores asesinados, el ministro calificó el proceso como "delicado" y agregó que la propia Cruz Roja ha pedido que no se difundan detalles.
"Nunca confiamos en ellos", remarcó el ministro. "Me duele que un grupo de delincuentes tenga secuestrado al Ecuador", le dijo Calderón, pero el ministro aseguró que no puede dar una fecha sobre cuándo podran ser repatriados los cuerpos de los dos comunicadores y su chofer. 
La Oliver Sinesterra da largas a la entrega de los cuerpos
En horas de la tarde del 16 de abril, el GOS envió un nuevo comunicado por medio de la televisión colombiana. Ahí dijo que se suspende la entrega de los cuerpos hasta nuevo aviso, porque no habrían condiciones de seguridad para sus efectivos. De su lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja emitió otro comunicado, en el que sostuvo que está dispuesto a continuar con las gestiones humanitarias para lograr que los restos mortales de los tres integrantes del infortunado equipo de El Comercio puedan ser sepultados en el Ecuador. 

Por su parte, el presidente Lenin Moreno dio un nuevo ultimátum a "Guacho" para que se entregue en el plazo de diez días a la justicia, para que responda por los crímenes cometidos. También se mostró dispuesto a la conformación de una comisión especial tal como han pedido los familiares. 

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