Así Correa y los suyos montaron la patraña contra Jiménez y Villavicencio

Publicado en noviembre 10, 2017  en La Info  por José Hernández

Marcela Aguiñaga se queja de que la Contraloría está siendo usada para perseguirla. Por supuesto finge ignorar lo que hizo el correísmo que tanto halaga. Un solo ejemplo, el juicio contra Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio basta para mostrar lo que fue el uso de la Justicia, la manipulación de la Fiscalía y la Procuraduría, la construcción de la mentira oficial y el uso del aparato de propaganda para imponerla.

La infamia de Correa y los suyos sigue vigente: Jiménez y Villavicencio siguen portando brazeletes en sus tobillos y el lunes pasado fue suspendida la audiencia de su caso. Esta persecución la inició el Vicepresidente Jorge Glas al pedir al Fiscal, Galo Chiriboga, el 10 de noviembre de 2013, que actúe de oficio y enjuicie a Jiménez. ¿Qué había hecho el legislador de Pachakutik en ese entonces? Decir que el bufete de abogados Foley Hoag, contratado para defender a Ecuador en juicios internacionales como el de Chevron en Nueva York, trabajaba para Chevron. Ese dato lo incluyó en un boletín con fecha del 29 de octubre de ese año. Diego García, Procurador General, inmediatamente reaccionó y dijo que esa información era reservada y coincidía con la que presentó Chevron en Nueva York, que fue descartada por la corte de esa ciudad por provenir de correos electrónicos de los jerarcas del gobierno; entre ellos los del Presidente y su secretario jurídico. Alexis Mera retó a Jiménez a decir con qué personas de Chevron trataba en Ecuador que hackeaban los correos electrónicos y los repartían.

Glas pidió proceso penal contra Jiménez. En horas Chiriboga procedió y con fecha del 11 de noviembre dio inicio a una indagación previa. ¿Qué investigaba? No lo sabía. A tal punto esto es cierto que el mismo procurador García escribe en su respuesta: (…) “no consta claramente determinado el objeto de su requerimiento”. No obstante anota que esos correos entre autoridades del Estado “están siendo utilizadas en la Acción Rico en las Cortes de Nueva York”. Por Acción Rico se conoce el juicio que siguió Chevron a Steve Dozinger, abogado de los demandantes de Lago Agrio, por violar una ley federal que castiga a chantajistas que corrompen organizaciones civiles. Dicho de otra manera, en el gobierno sabían que esos correos estaban circulando en Nueva York y que Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio, no los habían robado como dijo Correa a todo el país. Sin embargo, la máquina persecutoria ya estaba embalada.

La policía, tras una orden emitida por el juez Jorge Blum, de la Corte Nacional, pedida por Galo Chiriboga, allanó la casa de Villavicencio y la oficina de Jiménez. El juez emitió la orden el 26 de diciembre fuera de los horarios normales de despacho. Hubo irregularidades de bulto. Para violentar la oficina del legislador, por ejemplo, bastó la autorización de Gabriela Rivadeneira, entonces presidente de la Asamblea. No se respetó protocolo alguno derivado de su inmunidad parlamentaria. ¿Qué buscaban? Supuestamente las pruebas de que Villavicencio y Jiménez estaban espiando los correos del Presidente y de los altos funcionarios. Correa los acusó de aquello. En forma sorprendente, además dijo que en esos allanamientos se habían descubierto “cosas realmente graves”. ¿Cómo lo sabía? Era obvio que la Fiscalía le había dado información. No solo eso: Villavicencio denunció la presencia de un delegado de la Presidencia en el allanamiento a su domicilio. Correa y Mera no lo negaron. Y, violentando toda lógica procesal, dijeron que tenían derecho de estar presentes pues ellos habían presentado la denuncia…

Correa no cesó de acusar a Jiménez y Villavicencio de haber robado todo tipo de información. Incluso informes de la Senaim sobre narcotráfico; “cosas que ponen en peligro la seguridad del Estado”. La farsa adquirió así ribetes de novela policíaca. El 15 de enero del 2014, en una versión libre ante la Fiscalía, el Procurador García dinamitó la teoría del espionaje montada por Correa. Pero eso no se hizo público. Dijo que según la firma jurídica Winston & Strawn LLP, que patrocina al Estado en el arbitraje internacional planteado por Chevron, una señora, Margaret Petito, había informado a Chevron que tenía documentos que podrían interesarle y que, al mismo tiempo, “podrían ser catalagados como sujetos a privilegio y confidencialidad” por parte de Ecuador. ¿Por qué? Porque muchos de esos documentos correspondían al correo electrónico de Alexis Mera.

Dijo que en Nueva York pretendieron incorporar esos documentos a la Acción Rico, sin éxito. Correos electrónicos de la Presidencia, de Mera, de él mismo, del Vicepresidente, de la Ministra de Ambiente, el Ministerio de Defensa, el Fiscal General, entre otros. Dijo que esos documentos coincidían con la información que Cléver Jiménez dijo tener en su poder. En conclusión, Jiménez y Villavicencio no hackearon la información. La recibieron como, en efecto, lo afirmó Jiménez. Una conclusión que también hizo pública Mera al acusar de hackeo directamente a Chevron. Pero para entonces, ya habían sido secuestradas sus computadores, el poder había impuesto su versión y había disparado la maquinaria judicial, como perro con hambre, tras ellos. No corrigieron. Cambiaron el delito: donde figuraba espionaje pusieron “divulgación de información reservada”. ¿Pero cómo procesar a un legislador y a un periodista por divulgar información de interés público? ¿Y cómo se puede catalogar de reservada una información según la cual el bufete de abogados, contratado por el Estado para representarlo en el arbitraje con Chevron, también trabajó para esa firma? ¿Es delito porque Jiménez contó aquello en un boletín y Villavicencio en un informe publicado por el portal Plan V?

Los correos que cruzan Alvaro Galindo de la Procuraduría y Reichler, entre el 19 y el 25 de junio de 2009 prueban, además, que García fue impreciso, en su versión ante la fiscalía: dijo que el representante legal de Foley Hoag, Paul Reichler, especificó, antes de la contratación con el Estado, que un socio del bufete había sido requerido por Chevron para promover asesoría en temas de derechos humanos de sus trabajadores en general y en Birmania, en particular. “Tengo el gusto de informarte –dice Richler a Galindo– que Foley Hoag, como manifestación de su dedicación completa a la República de Ecuador y a su distinguido gobierno, ha tomado la decisión de terminar toda relación con la empresa Chevron y sus afiliados y ha informado a Chevron de esta decisión”. Entonces sí estaba trabajando para Chevron. ¿Y darlo a conocer es un delito? ¿Aquello en qué afectó la estrategia del gobierno? ¿En qué mintieron Jiménez y Villavicencio publicando en 2013 un hecho que fue zanjado por el gobierno en el 2009?

Este juicio se reactivó por orden de Correa a Galo Chiriboga el 16 de maro de 2016 y la Corte Nacional lo observó por una cadena de irregularidades. Pero este juicio, que incluyó prisión preventiva, tenía otras motivaciones: secuestrar el caudal de información que poseían entonces los dos fiscalizadores más grandes que tuvo el correísmo, neutralizarlos encarcelándolos y convertirlos en chivos expiatorios para endosarles parte de las derrotas jurídicas en el exterior por supuesta filtración de información. Es lo que ha hecho la Procuradoría.

Esta patraña correísta en la que puso todo el Estado a su servicio (como en muchas otras) y de la cual no habla Marcela Aguiñaga, no termina: Jiménez y Villavicencio están viviendo con un brazalete en el tobillo.