El “programa económico” del Gobierno: una oda a la improvisación

Publicado en noviembre 10, 2017  en Columnistas/La Info/Las Ideas  por José Hidalgo Pallares

Viernes 28 de julio. En una cadena nacional, el Presidente Lenín Moreno dice: “Para planificar nuestra política económica hemos identificado dos momentos. El primero lo hacemos el día de hoy: presentamos un diagnóstico de la coyuntura económica, cómo hemos recibido el país y la Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2017. El segundo momento será en septiembre, cuando presentaremos la proforma presupuestaria para el 2018 y anunciaremos el programa económico para los próximos cuatro años.”

Miércoles 11 de octubre. Con casi dos semanas de retraso respecto al plazo que él mismo se había fijado, el Presidente da a conocer los principales lineamientos de lo que, según él, es un “programa económico”: anuncia beneficios tributarios para las empresas más pequeñas y para los exportadores (con condiciones) y un aumento en el Impuesto a la Renta para las personas naturales que ganen más de $3.000 y para las empresas medianas y grandes, insiste en el supuesto compromiso de su Gobierno por dar sostenibilidad a las finanzas públicas y anticipa que se aumentarán los aranceles (otra manera de cargar más impuestos a los ciudadanos) y se creará una tasa “para financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando” (¡pero esa es, desde la creación de la Aduana, una de sus principales tareas!).

Jueves 12 de octubre. En un conversatorio con los medios de comunicación, el equipo económico da unos pocos detalles adicionales sobre las medidas presentadas por el Presidente y anuncia que la semana siguiente (es decir, entre el 16 y el 20 de octubre) enviará a la Asamblea un proyecto de ley con todas las reformas tributarias.

Miércoles 1 de noviembre. Nuevamente con varios días de retraso respecto al plazo fijado, el Gobierno finalmente envía a la Asamblea el proyecto de ley que incluye las reformas tributarias anunciadas por el Presidente (y muchas otras) y la Proforma para 2018.

Martes 7 de noviembre. En el evento de presentación del proyecto Ecuador 2030, impulsado por el Comité Empresarial Ecuatoriano, el Presidente Moreno reconoce que algunas de las reformas incluidas en el paquete que el Ejecutivo envió a la Asamblea la semana pasada son “un poco duras” y que tiene “un par de objeciones”. “Es posible que en algunas (de las reformas) nos hayamos equivocado”, dice.

Es decir, cien días después de haber anunciado que el Gobierno estaba preparando un programa económico o, peor aún, cinco meses y medio después de haber asumido como Presidente y siete meses después de haber sido declarado ganador en las elecciones (desde ese momento un equipo económico serio habría empezado a diseñar un programa integral para enfrentar una situación que ahora todos reconocen como difícil), Lenín Moreno admitió los errores del proyecto de ley que acababa de firmar.

El Presidente no especificó cuáles son sus objeciones a las reformas propuestas por su propio equipo. En realidad, bien podrían ser mucho más que un par, ya que quienes redactaron el texto, como se acostumbraba durante el correísmo, aprovecharon la ocasión para introducir modificaciones que exceden por mucho el supuesto propósito del proyecto de ley. ¿Las objeciones del Presidente se referirán a la intención de que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (presidida por el ministro Carlos de la Torre y que tiene entre sus miembros a Diego Martínez, el mismo que, siendo gerente del Banco Central, defendió el aumento del encaje bancario aduciendo, sin sonrojarse, que eso fomentaría la entrega de créditos) pueda “establecer condiciones y procedimientos de la provisión de dinero físico que realicen las entidades del sistema financiero nacional, por monto, denominación, tipo de canal y servicio, a sus clientes”? ¿O tendrá reparos al impuesto que se pretende instaurar a los retiros en efectivo mayores a $4.000 mensuales, lo que podría enviar señales negativas a los agentes económicos? ¿O a la intención de que ya no sea sólo el Banco Central sino también los bancos privados los responsables de proveer liquidez a la economía? ¿O a la posibilidad de que el Banco Central adquiera acciones de instituciones financieras y no financieras que pertenecen al Estado, lo que podría abrir la puerta para que toda la deuda de Finanzas con el Central se pague, como ocurrió hace pocos meses, con la entrega de papeles? ¿O se referirá a la tasa de control aduanero que, además de no estar acompañada por un nuevo servicio a los operadores de comercio exterior, es una medida groseramente discrecional (¿qué metodología se usó para definir las unidades de control de cada producto?) que, además de aumentar la tramitología y los costos de producción, tiene un claro objetivo recaudatorio? ¿O estará hablando de la Proforma para 2018, que de austera no tiene nada y que, como ya ocurrió con la de este año, vuelve a sobrestimar ingresos y subestimar el déficit? En fin…

Lo cierto es que la ocasión que el Presidente Moreno escogió para reconocer que tiene objeciones a sus propias medidas económicas no podría haber sido más elocuente: mientras un grupo de empresarios presentan sus propuestas para trazar una hoja de ruta de largo plazo para el país, el Presidente pone en evidencia que el paquete de medidas que su Gobierno envió a la Asamblea, además de estar lejos de “impulsar la reactivación económica” y mucho más de constituir un verdadero programa económico, fue preparado al apuro, como la tarea de un estudiante mediocre. El problema es que las consecuencias de esta improvisación, a diferencia de una simple mala nota, pueden ser que los millones de ecuatorianos que actualmente trabajan en condiciones inadecuadas permanezcan en esa situación o, peor aún, que la economía se deteriore aún más.