Aguiñaga, la diosa del Olimpo está herida pero no muerta
A Marcela Aguiñaga se le hará muy difícil olvidar el martes 7 de noviembre del 2017. Fue el día en que se hizo público uno de los golpes más fuertes que podía haber recibido en su estridente y destemplada carrera política. Un golpe que, al menos por un tiempo, la sacará de combate.
El golpe llegó la víspera desde el despacho del contralor Pablo Celi; es decir desde el edificio de enfrente donde ella trabaja como asambleísta: la Contraloría. Es una comunicación en que se le notifica que se le estableció responsabilidad civil culposa por 41′ 090 491 dólares por un “pago excesivo en la compra de de terreno en Los Samanes”, cuando ella era Ministra del Ambiente.
La potencia del golpe no está únicamente en el monto del dinero que supuestamente debería devolver por haber hecho que el Ministerio en el que trabajaba haya pagado un exorbitante cifra de sobreprecio por unos terrenos donde el ahora ex presidente Rafael Correa se empecinó en hacer un enorme parque para Guayaquil. No. La potencia del golpe está, también, en el timing en que le enviaron la glosa. Es decir, justamente cuando ella estaba liderando las huestes correístas que tenían que defender a Jorge Glas y combatir a la consulta popular de Lenín Moreno. La glosa no podía haberle llegado en un momento tan inoportuno.
Fue tan malo el día para Aguiñaga que incluso sus compañeros de bancada no hicieron un solo gesto en apoyo suyo, como seguramente lo hubieran hecho en otro momento y en otras circunstancias. Ella seguramente esperaba que su bancada formulara algún tipo de declaración en su apoyo, luego de la reunión de bloque esta mañana en la Asamblea. Pero no. No solo no hubo gesto de respaldo sino que luego de la reunión sus compañeros anunciaron, junto al presidente de la Asamblea José Serrano, que la mayoría había decidido respaldar la consulta de Moreno.
Que muchos de sus compañeros (incluida la niña de los ojos de Rafael Correa, Viviana Bonilla) hayan salido a respaldar la consulta debe haber dolido mucho a Aguiñaga. Tanto debe haberle afectado que los periodistas que cubren la Asamblea se sorprendieron que la estridente asambleísta no haya querido hablar con la prensa y que haya dicho, de forma escueta, que respondería al Contralor en un boletín de prensa. Y sí, para sopresa de los reporteros, ella, que siempre está buscando micrófonos, esta vez se escabulló sigilosamente y desapareció.
La glosa del contralor Pablo Celi coloca a Aguiñaga, al menos por el momento, fuera del combate que ella estaba liderando. Ella, que es sin duda la más desafiante y altisonante miembro del correísmo ultra, queda neutralizada o deslegitimada para dar la batalla que su bando necesita para evitar el juicio político a Glas que, probablemente, se aprobará en los próximas días. Queda, además, neutralizada o al menos muy debilitada para hacer la guerra que el correísmo lleva adelante contra la consulta del presidente Moreno. ¿Qué autoridad tiene ahora Aguiñaga para desafiar el proceso en contra de Glas y la consulta con una glosa gigantesca sobre sus hombros? Además, el tema de la glosa la obliga a pensar en su defensa y dedicar una importante parte de su tiempo en ese tema.
La glosa de Celi le llegó en el peor momento y ella lo sabe. Lo sabe tan bien que en un comunicado que sacó al final del día asegura que todo es parte de un operativo político en su contra en el que está interviniendo el contralor Pablo Celi. Mucha coincidencia que justo cuando estaba criticando a la Contraloría, dice, me hayan enviado una glosa sobre un informe que fue elaborado hace más de un año.
Aguiñaga es mujer de pelea y no está está dispuesta a irse por el despeñadero sola, peor aún ahora que conoce el sabor del abandono. En el comunicado que sacó algunas horas luego de la reunión de su bloque, ella señala a dos ex miembros del gobierno de Rafael Correa como también responsables de la compra de los terrenos en los Samanes por parte del Ministerio del Ambiente al Instituto de Seguridad Social de las FFAA, Issfa. Se trata de Fausto Herrera, ex ministro de Finanzas y Carlos de la Torre, actual ministro de Finanzas.
Aguiñaga sostiene que Herrera firmó un oficio en el que señalaba que “se ha procedido a una compensación de obligaciones en razón de las deudas recíprocas entre el Estado central y el ISSFA, con lo cual se evidencia que no hay perjuicio para el Estado”. En su evidente afán de no irse al infierno sola, Aguiñaga agrega en el comunicado que la Contraloría tampoco valora una comunicación de Carlos de la Torre en la que señaló que se remitía a la Controloría una copia certificada del comprobante de Registro Único,, en el cual se acredita la compensación de olbigaciones entre el Ministerio de Economía y el ISSFA por el valor de 41 millones de dólares.
“Ecuatorianos, la Contraloría se ha convertido en una herramienta de presión y persecución política hacia todos aquellos que defendemos el legado de la Revolución Ciudadana a favor del pueblo”, dice en el comunicado paradógicamente quien fue parte de un gobierno que hizo de la persecución política una práctica común y normal. “No es coincidencia”, agrega, “que esta notificación ocurra ayer, un año y medio después: y justo cuando he sido crítica a las actuaciones de la Contraloría”.
Aguiñaga puede tener razón en que la glosa elaborado por el contralor Celi es parte de un operativo político fabricado conjuntamente con el Gobierno de Lenín Moreno para desactivarla políticamente. El problema está, sin embargo, en que sus compañeros estén dispuestos a estas alturas a jugársela por ella. Parecería que el martes 7 de noviembre del 2017 la liquidaron políticamente, pero todo indica que solo está herida y con pronóstico reservado.
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