La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación frente a lo que considera una escalada de acciones judiciales y administrativas en Ecuador contra el Grupo Granasa, editor de los diarios Diario Expreso y Diario Extra. La organización advierte que este escenario refleja un deterioro en las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en el país.
El pronunciamiento se da tras la presentación de una denuncia penal por presunta asociación ilícita contra directivos del grupo, interpuesta por el liquidador de Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, en medio de una disputa por el control del 40% del paquete accionario de la compañía. Entre los señalados están la accionista Ingrid Francisca Martínez Leisker, el presidente ejecutivo Galo Martínez Leisker y otros miembros del directorio.
Según la SIP, este proceso no puede entenderse de forma aislada, ya que forma parte de una serie de actuaciones judiciales, administrativas y regulatorias que podrían incidir en la estructura de propiedad y en la línea editorial. El conflicto se originó en un intento de revertir una transferencia de acciones realizada años atrás, lo que ha derivado en intervenciones de entidades como la Superintendencia de Compañías, decisiones judiciales y ahora acciones penales.
El propio Grupo Granasa ha denunciado un “escenario complejo para la libertad de expresión” y ha alertado sobre el uso de instituciones del Estado como mecanismos de presión política.
“El uso del sistema penal y de los organismos de control para dirimir disputas que involucran a medios de comunicación genera un efecto inhibidor profundamente dañino para la libertad de prensa.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, dijo: “La independencia editorial no puede verse condicionada por presiones estructurales desde el poder”. (DLH)
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