Empieza mucho antes.
Los cobros de extorsiones a los titulares de concesiones mineras han sido sistemáticos y persistentes en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y en el Ministerio rector de esta actvidad por años. Este patrón evidenciado las últimas semanas con las actuaciones presuntamente delictivas de los directores zonales en Zamora Chinchipe y Azuay muestra un problema de fondo que es clave examinar, ya que apunta la discusión a donde casi nunca se quiere mirar. La minería ilegal empieza en el trámite que se demora o se acelera, a discreción de los tomadores de decisiones. En el informe de exportación o producción que se firma o se condiciona, en el amparo que se otorga, se bloquea o se congela de forma indefinida. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser solo criminalidad e ilegalidades en el territorio. Y ese ha sido hasta el momento el plan del gobierno para enfrentar este complejo fenómeno, poniendo en la primera línea el
nivel táctico y operativo, encabezado por las Fuerzas Armadas, pero sin ningún acompañamiento sistemático de otras instituciones. De otras entidades y organismos que puedan desplazar definitivamente a los actores criminales de esas zonas, con el apoyo del poder judicial, fiscales y policías, gobiernos locales y comunidades organizadas. Sin esta mirada integral ni convergente, el problema se convirtió en algo más estructural. Estamos frente a la captura cuasi normalizada de los eslabones de control. Y eso cambia radicalmente todo. En este escenario ya no estamos solo frente a un Estado ausente. Indiferente y falllido. Estamos frente a un Estado que, en algunos niveles, es parte orgánica del circuito de rentabilidad delictiva. Con incentivos poderosos para que los funcionarios se incorporen a las redes criminales. Por eso perseguir solo al extractor visible, al minero ilegal, a los miembros de las bandas y funcionarios corrompidos nunca va a ser suficiente. La pregunta incómoda es otra: ¿quién habilita, quién filtra, quién cobra y quién convierte el control en negocio?
Porque cuando el regulador funciona como peaje, la frontera entre minería legal, ilegal y criminal deja de ser clara. Es brumosa y sombría.Desaparece. Se extingue y solo aparece en los decretos y leyes interminables. Y ahí, ahí precisamente es cuando el problema deja de ser ambiental, policial o militar. Se vuelve un problema de gobernanza, que está enraizado en diferentes niveles del mundo minero en Ecuador.
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