jueves, 27 de febrero de 2020

El abogado de Correa compró sin plata y derrocó la Casa Coloma

   en Conexiones4P/Elenfoque/Info  por 
Fausto Jarrín Terán es el abogado más visible y mediatizado del juicio por el caso Sobornos, en el que actúa como defensor del ex presidente Rafael Correa. Hasta las agencias internacionales de prensa le han dedicado perfiles. La española EFE, por ejemplo, ha dicho de él que «este cayambeño lleva sobre sus hombros el peso más notorio de la lucha judicial contra el sinnúmero de casos abiertos contra la máxima dirigencia de Correa, acusados de presunto ‘cohecho’ …».
Por su forma de actuar y argumentar, dentro de la Corte Nacional así como en entrevistas y redes sociales, Jarrín Terán actúa más como un ardoroso militante ultra de la causa correísta que como un penalista apegado exclusivamente a la doctrina y a la práctica penal. Hay que verlo, por ejemplo, peleando en Twitter con los críticos de Correa y retuiteando mensajes de militantes de izquierda ya sean ecuatorianos o de otros países. Por eso, su defensa más que técnica ha sido política e ideológica. Jarrín es en definitiva un militante radica
Jarrín Terán no tiene muchos antecedentes como abogado en casos muy sonoros y han sido, más bien, sus intervenciones a favor de las figuras más emblemáticas del correísmo radical las que le han dado tribuna. Fue él quien consiguió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedieran medidas cautelares a favor de Jorge Glas, Paola Pabón y Virgilio Hernández. No hace mucho promovió, además, varias denuncias en contra del gobierno de Lenín Moreno ante seis relatorías de la ONU en Ginebra.
Sin embargo, hay una faceta en la vida de este abogado que no mencionan los perfiles o las entrevistas que se le hacen en los medios: su intervención en uno de los episodios más polémicos y opacos en la historia de la destrucción del patrimonio arquitectónico de Quito. Sin ser constructor ni hotelero, ni tener ningún interés aparente en el sector inmobiliario, Fausto Jarrín Terán aparece en 2011 haciendo una de las compras inmobiliarias más bizarras que se recuerde: la de una inmensa y señorial casa patrimonial en la 12 de Octubre, en Quito, conocida como Casa Coloma que, pocos días luego de comprada por él, empezó a ser derrocada.
Pero si la compra que hizo de la mansión fue muy extraña y su casi inmediata demolición un crimen por el que nunca fue condenado ni él ni nadie más, lo más llamativo fue que Jarrín pagó por ella 850 mil dólares. Llamativo porque en el 2011 era un novel abogado de 34 años al que no se le conocía fortuna. Según una nota de agosto del 2011 de diario El Comercio, él pagó ese monto en efectivo -sí en efectivo- y el año 2010; es decir uno antes de la compra, apenas había pagado 615 dólares de Impuesto a la Renta. ¿De dónde sacó tanto dinero?
4Pelagatos conversó con Jarrín sobre su intervención en el tema de la Casa Coloma. Según su versión, en el 2011 él vio una posibilidad de inversión en esa propiedad y buscó un crédito para poder comprarla, hipotecándola previamente. Sostiene, sin embargo, que no pudo conseguir el crédito. «Estructuré una propuesta de compra. Cabe resaltar que el pago de contado establecido en la escritura de compraventa se lo iba a financiar mediante hipoteca del mismo inmueble». Sin embargo, las cosas no salieron como él pensaba, según su misma versión: «La obtención del crédito para el pago del precio efectivo de la casa no pudo concretarse, dado que el Municipio, a pesar de haber existido una resolución judicial de que el bien inmueble no era de carácter patrimonial, no acató tal resolución. Por lo tanto, al verme imposibilitado en la capacidad de efectuar el pago por la adquisición de la casa, procedí con la venta de dicho inmueble a un tercero quien a su vez asumió la obligación de pagar el precio al propietario inicial».
ASÍ LUCÍA LA CASA AL POCO TIEMPO DE HABER SIDO CONSTRUIDA EN 1940.
La explicación de Jarrín es tan enredada y confusa como la reciente historia de la Casa. ¿Cómo la vendió si no consiguió el préstamo para comprarla? Según su relato, el crédito no pudo concretarse para comprar la casa pero, en cambio, sí la vendió a un tercero que, según revela, es la empresa Emajuca S.A. Ella pagó la casa a los anteriores dueños; es decir, la empresa Herdoíza Guerrero. Esta versión solo agrega opacidad al desenlace que tuvo la historia de la casa que ahora luce prácticamente destruida en uno de los sectores más caros de Quito. En una de las notas de prensa de aquel entonces, Galo Guañuña, uno de los obreros encargados de la demolición dijo tras la intervención del Municipio que “nosotros fuimos contratados por el señor Fausto Jarrín, de ahí no sabemos nada más”.
La mansión era un inmueble que fue construido en 1940 como vivienda de su primer propietario, Enrique Coloma Silva (hermano del pintor Alberto Coloma Silva). En los años 90, cuando Coloma Silva había fallecido, sus herederos la vendieron con la condición de que no la destruyera a un inversionista italiano que la transformó en hotel respetando su identidad arquitectónica. Cuando dejó de ser rentable como hotel, la empresa constructora Herdoíza Guerrero compró la casa al italiano. Una de las primeras cosas que hizo Herdoíza Guerrero, fue tratar de sacar al inmueble de la lista patrimonial, seguramente para poder construir en un terreno de gran valor por su excelente ubicación. El 27 de enero del 2010, los nuevos dueños de la casona presentaron una acción de protección alegando no haber sido notificados de que el inmueble era patrimonial, pero perdieron en esa instancia. En la Sala de lo Provincial, sin embargo, ganaron otra acción de protección interpuesta por Marcelo Herdoíza Guerrero que dejó sin efecto la primera y que es la que invoca Jarrín Terán como argumento para invertir en el inmueble como posibilidad de hacer un desarrollo arquitectónico en el lugar.
El derrocamiento fue un evidente y claro atentado al patrimonio arquitectónico de Quito, aunque Jarrín y los actuales dueños digan que ese bien no estaba en la lista de bienes patrimoniales y que la Corte Provincial de Pichincha les dio la razón en el 2010. No solo que la casa es a todas luces es uno de los más claros íconos de la arquitectura de los años 40 de la ciudad y del país, sino que en 1984 ya había sido incluida en la lista de los bienes protegidos en la declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural del Estado. En esa lista, incluso, constaba el plano de la casa. En julio de 1998 el Municipio de Quito aprobó el Inventario Selectivo de Edificaciones Protegidas del Distrito Metropolitano en el que claramente consta “el inmueble ubicado en la Avenida 12 de Octubre 2263 y Coruña (N26-15)”. 4P. tuvo acceso a la carta que Enrique Coloma Donoso, hijo del dueño original, envió al entonces alcalde Augusto Barrera en el que se revelan detalles muy particulares de la historia de la casona y que se incluye en esta nota.
El derrocamiento era tan evidentemente atentatorio a las normas municipales que fue hecho en horas de la madrugada, como para que nadie se enterara. Ocurrió el 13 de de agosto de 2011 cuando Jarrín Terán ya aparecía como dueño de la casa. Por gestión de varios concejales y la presión de un sector de la opinión pública se logró detener el derrocamiento ese mismo día.  Poco después, según una nota de diario La Hora, el abogado de Jarrín Terán, José García Cevallos, salió en su defensa y dijo que se decidió derrocar la casa amparándose en la sentencia de la Corte Provincial. Sin embargo, reconoció que «el único error que tuvo el nuevo dueño fue no haber solicitado un permiso de derrocamiento».
En septiembre del 2011 el Municipio presentó una acción extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional en contra de la sentencia de la Corte Provincial. En julio de 2016 la Corte Constitucional (conocida como la Corte Cervecera), que en ese entonces tenía entre sus jueces a Pamela Martínez y estaba entregada por entero al gobierno de Rafael Correa, negó la acción de protección y dio la razón a los dueños del terreno. Incluso ordenó que se sacara la casa de todas las listas de bienes patrimoniales y protegidos. El Municipio, sin embargo, no ha acatado esa resolución aduciendo que la casa es patrimonial de acuerdo a documentos y declaratorias distintas a las que fueron materia de la sentencia. Para entonces, Emajuca S.A., cuyo representante legal es Carlos Emanuel Juez, aparecía como dueña de la propiedad.
La participación de Jarrín Terán en el tema nunca fue clara como tampoco lo fue todo lo que ocurrió alrededor del derrocamiento, según admitieron funcionarios del Municipio actual que conversaron con 4P.  No existe en el Municipio, curiosamente, documentos que registren el traspaso de la propiedad de manos de Jarrín Terán a Emajuca S.A y, lo que es más grave, no hay una explicación coherente ni verosímil sobre los motivos por los que el propio Municipio no insistió en acciones legales para sancionar a quienes estuvieron tras la compra y derrocamiento, a pesar de que se iniciaron tres procesos.
También es particularmente confusa la participación de los abogados en el tema. Resulta que firma, como abogado de Emajuca en los temas de la Casa Coloma, José García Cevallos: él fue socio de Fausto Jarrín hasta el 2005 y en la nota de La Hora del 2011 aparece como su abogado, aunque Jarrín dijo a 4P. no conocerlo.  Funcionarios del equipo jurídico del Municipio dijeron a 4P que José García Cevallos fue abogado en este caso de Herdoíza Guerrero, luego de Fausto Jarrín y finalmente de Emajuca S.A. Es decir, todos los involucrados en el tema habrían tenido una misma defensa en el caso.
El perfil de político y militante del correísmo que tiene Fausto Jarrín Terán no es cosa menor: no oculta su empatía con el comunismo y en su cuenta de Twitter tiene fijado una frase de Lenin, el bolchevique. Pues bien: este abogado está involucrado en una operación comercial tan grande como opaca en la que, sin plata, al parecer prestó su nombre para que se cometiera un burdo atentado contra el patrimonio de la Capital.
Fotos: Ecuavisa y familia Coloma

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