La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
presentó ayer en Washington, Estados Unidos, su Informe Anual del 2012 ante la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
En ese informe se incluye el de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión, en el que se dedica un amplio capítulo a Ecuador
(catorce páginas al igual que Venezuela, frente a otros países en los que se
detalla la situación de ese derecho entre una y siete páginas).
En el caso ecuatoriano se describe el asesinato del
periodista gráfico Byron Baldeón; reformas legales aprobadas como al Código de
la Democracia en relación al trabajo de la prensa en época de campaña; leyes en
discusión, como la de Comunicación, la de Telecomunicaciones y la de Servicios
Postales.
También menciona el proyecto de Código Integral Penal, en el
que se mantienen delitos como las injurias contra funcionarios públicos,
estableciendo penas que llegan hasta los tres años de cárcel.
El informe dedicado a la situación de la libertad de
expresión en el país también señala procesos legales iniciados por autoridades
del Estado alegando responsabilidades ulteriores de medios y periodistas.
Así detalla las detenciones de ciudadanos que se expresaron
contra el Jefe de Estado; juicios a los periodistas Juan Carlos Calderón y
Christian Zurita; a EL UNIVERSO, sus directivos y el exeditor de Opinión; a los
integrantes de la veeduría para la terminación de los contratos de Fabricio
Correa con el Estado; contra el empresario Jaime Solórzano; el periodista Yaco
Martínez; el político Fernando Balda, órdenes judiciales contra diario La Hora
y amenazas de demandas a El Comercio.
El informe recoge además las “declaraciones estigmatizantes”,
agresiones y amenazas contra periodistas, de medios privados, públicos,
incautados y estatales; cadenas presidenciales, interrupción de espacios
informativos, restricciones a funcionarios públicos para que den declaraciones,
entre otros.
Otros casos
Los 10 de Luluncoto
La detención de los diez jóvenes acusados de intento de
terrorismo y sabotaje también consta en el informe anual de la CIDH.
Crédito a Gastón Duzac
En el informe se señala que la Comisión de Fiscalización de
la Asamblea pidió a la Fiscalía que investigue quiénes proporcionaron a los
medios información que estaba sujeta a sigilo y reserva bancaria.
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