El fantasma que acosa al correísmo

Por: Roberto Aguilar

Editor de contenidos

El debate parlamentario para quitar la inmunidad a Cléver Jiménez se produjo esta semana con meses de retraso y cuando ya no era necesario. El correísmo decidió rechazar las medidas cautelares de la CIDH.

Tantos meses se la pasaron los correístas negando a Cléver Jiménez la palabra, o quitándosela rabiosamente en las raras ocasiones en que se la concedían, para que venga una de ellas, precisamente ahora que él no está, a desempolvar un video de hace años y a ponerlo a hablar a tres pantallas delante de la Asamblea en pleno. María Augusta Calle está furiosa, lo cual no es novedad en este hemiciclo. Recordar a Jiménez la pone así. Que es un payaso y habla estupideces, dice con el lenguaje cariñoso que su jefe convirtió en estilo de comunicación pública, y recuerda que ella quiso enjuiciarlo penalmente pero sus compañeros de bloque se lo impidieron: “Había que levantarle la inmunidad y no teníamos mayoría”. Cosas de la vida: ahora que la tienen no hace falta. La jueza Lucy Blacio, internacionalmente conocida porque su nombramiento despertó las sospechas del propio Baltasar Garzón, se les adelantó. Lo cual tampoco es novedoso para nadie.

Como si se hubieran quedado con las ganas, los correístas escenifican en la sesión ordinaria de este jueves el proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, destitución del cargo y condena a los infiernos del asambleísta más chiquito de la nómina. El pretexto lo pone la vicepresidenta segunda, Marcela Aguiñaga, con una iniciativa que hace las delicias de sus pares: propuesta de resolución para respaldar la posición del Estado ecuatoriano contra las medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Para Aguiñaga y sus asesores, capaces de ejecutar la cuadratura del círculo con regla y compás, desaprobar a la CIDH es pan comido. Su informe, que abre el debate, es una pieza antológica de suspicacia jurídica que se da modos para cuestionar de la Comisión hasta su diligencia: que las medidas cautelares se concedieran con rapidez les parece tan sospechoso que convierten este hecho en argumento para rechazarlas.

Surrealismo histórico: los asambleístas de un Gobierno que en el pasado reciente solicitó a la CIDH la concesión de medidas cautelares en un caso que le interesaba; los asambleístas de un Gobierno que, en otro caso, ejecutó políticas para la aplicación de medidas cautelares dictadas por la CIDH; un Gobierno entre cuyos miembros figuran algunos beneficiados por medidas de ese tipo concedidas por ese mismo organismo interamericano… Hoy debaten durante tres horas si la CIDH tiene o no tiene atribuciones para dictar medidas cautelares. Y encuentran que no las tiene. Menos cuando actúa “de forma tan ágil y tan rápida”, como describe Mauro Andino para abundar en los términos de sospecha.

Los correístas, con verdadera vocación enciclopédica, abundan en jurisprudencia: caso Tristán Donoso vs. Panamá; caso Genie Lacayo vs. Nicaragua; caso Loayza Tamayo vs. Nicaragua… “Clarito, transparente como esas nieves del majestuoso Chimborazo”, dice Andino para que no quepa duda de que la razón que les asiste es telúrica, pachamamística. Y agrega, en la cresta de la ola intelectual adonde lo ha llevado la lógica implacable de sus razonamientos: “voy a ser todavía más contundente”. Hace una pausa y suelta un frase olvidable.

El sistema de razonamiento del asambleísta de ojos bovinos es arquetípico del correísmo: empieza y termina en el 30-S. “Se pretendió asesinar al Presidente –dice– y como no lograron ese funesto objetivo apareció un asambleísta para presentar una denuncia”. Ese asambleísta es, desde luego, Cléver Jiménez, que acusó a Correa de un crimen de lesa humanidad: ordenar el ataque de un hospital lleno de civiles. Blasfemia, horror, miseria humana. Rasgan sus vestiduras los correístas al unísono. Con razón “el Presidente –cuenta Andino– presentó una contrademanda y esa contrademanda fue condenando a Jiménez”. Razonamiento correísta claro como las nieves del Chimborazo: fue la demanda, no la sentencia, la condenatoria.

Pero, ¿quién ordenó el ataque militar al hospital donde permanecía presuntamente secuestrado el presidente Rafael Correa el 30-S? Cynthia Viteri cree saberlo. Al menos tiene un video que proporciona algunas pistas, así que lo comparte con el pleno de la Asamblea. En él aparece Freddy Ehlers hablando ante las cámaras de la televisión gubernamental, la única con licencia para transmitir aquel 30 de septiembre, y afirmando que el Presidente no está secuestrado, “está comandando la nación”. Habla Ehlers con simpleza tibetana mientras el país se cae a pedazos: “Él (Correa) está diciendo lo que se debe hacer”, asegura. Corte. Señal telefónica desde el hospital de la Policía. Composición gráfica en la pantalla con el rostro del jefe de Estado en primer plano. El Presidente confirma lo que acaba de decir su ministro y añade un detalle significativo: que “está listo el operativo” de su rescate y que “todavía” no ha dado la orden.

Lo que caracteriza un debate de la Asamblea regida por mayoría correísta es que aquí nadie escucha lo que no le conviene. Los argumentos del contrario pueden ser lo contundentes que se quiera. Basta con desconocerlos. A nadie puede extrañar, por tanto, que el video de Cynthia Viteri pasara al olvido inmediatamente después de proyectado. Ni el más mínimo comentario hubo al respecto. Como si la intervención de la asambleísta guayaquileña nunca hubiera tenido lugar. Los correístas continuaron expresando su indignación por las temerarias acusaciones de Jiménez y dejando de lado la pregunta de fondo: ¿quién diantres ordenó el ataque militar al hospital?

Yo también tengo un video, dice María Augusta Calle, e irrumpe con la pieza más divertida de la jornada. Las imágenes corresponden al 29 de septiembre de 2011, un año después de los terribles acontecimientos del hospital de la Policía, y en ellas aparece Cléver Jiménez trapeando el piso con el Presidente de la República. Chispeante oratoria la del asambleísta de Pachakútik. Dice que Correa, ante la rebelión policial del 30-S, “actuó como el prepotente que es” y lamenta que, cuando pidió a los insubordinados dispararle al pecho, no hubiera un solo comedido que le diera gusto: “a mí me da mucha pena que no hubo quien cumpla la orden”. La incorrección política de la oposición se expresa en rampantes carcajadas y María Augusta Calle no da crédito a lo que le muestran sus ojos: ¡¡¡Ese es Cléver Jiméneeez!!! ¡¡¡Utilizó la curul de la Asamblea para hacer una apología del delitooo!!!”.

Calle es una tromba. Algo intenta replicar Lourdes Tibán desde su escaño pero ella no le deja. “¡Cállate Lourdes!”, ordena. Y sigue. Su teoría es que ni la Asamblea, ni la jueza Lucy Blacio, ni nadie necesitó despojar a Cléver Jiménez de su inmunidad parlamentaria. Él mismo lo hizo. Según ella, el asambleísta renunció a su inmunidad cuando acudió a la Fiscalía para levantar una denuncia contra el Presidente de la República. “¡Abandonó la cancha de la Asamblea y fue a la cancha de las cortes! ¡Que juegue en esa cancha! ¡Que sea hombre!”, concluyó siempre furiosa.

Lo demás es llover sobre mojado. Lourdes Tibán, a propósito de que la hicieron callar, pide derecho a réplica y explica que ella también fue a la fiscalía a dejar una denuncia, “contra los hermanos Guamangate”, dice, por haberse robado la prefectura de la provincia de Cotopaxi, y que eso no significa que ha renunciado a su inmunidad parlamentaria. Pero la presidenta Gabriela Rivadeneira no le deja seguir. Dice que eso no tiene nada que ver con el tema en debate y le corta la palabra. No lo hace cuando Gilberto Guamangate pide contrarréplica para jurar por sus ancestros que él no se ha robado nada. En lo que queda del día, María Augusta Calle seguirá pidiendo réplicas y puntos de orden para responder a cuanto digan los opositores y se convertirá en la verdadera y única adalid de la jornada.

Luego de tres horas de intercambios de este tenor, Marcela Aguiñaga concluye las deliberaciones con ostensible cereza sobre la torta de merengue: añade un párrafo a la resolución en el que se exhorta a la CIDH a no meterse en política. Tal cual. Porque los derechos humanos, se sobrentiende, nada tienen que ver con la política. Haría bien la Comisión en mantenerse a buen recaudo de “influencias externas”. Que de la política se encarga el correísmo. Y con eso es suficiente.