EL ORIGEN DEL ORO ILEGAL
En el año 2016 quedó al descubierto de dónde nace la minería ilegal en el Ecuador. No nace en un socavón ni en la selva. Nace en oficinas de Machala y Guayaquil con papeles falsos y con protección política en Quito.
Ese año, la Policía Nacional en el operativo denominado Atardecer documentó una red que movilizó más de cuatrocientos millones de dólares en operaciones de compra y venta de oro sin justificar el origen del mineral. Las empresas centrales de la investigación fueron Spartan del Ecuador y Clearprocess. Clearprocess, registrada en Machala en 2012, reportó cero ingresos entre 2012 y 2013 y al año siguiente declaró ingresos por más de ciento ochenta y nueve millones de dólares. Spartan, dedicada desde 1979 a la venta de químicos, pasó a recibir transferencias millonarias ligadas a la comercialización de oro.
El mecanismo de blanqueo fue el uso fraudulento del Régimen Impositivo Simplificado RISE, creado para los mineros artesanales. Según la Fiscalía, se presentaron notas de venta a nombre de doscientos treinta supuestos proveedores del RISE, con suplantación de identidad y falsificación de documentos. Oro proveniente de distintos orígenes, incluido oro ingresado desde Perú, era justificado como compra a mineros ecuatorianos de bajos ingresos. Las cifras oficiales evidenciaron la inconsistencia. Entre 2012 y 2014 la producción nacional de oro fue de seiscientos setenta y cinco millones de dólares, mientras las exportaciones registradas por el Banco Central alcanzaron los mil ochocientos veintitrés millones.
La investigación criminal de ese año apunta directamente a una figura del entorno del poder político de entonces. De acuerdo a los documentos y fuentes de la pesquisa oficial, la red contó con la ayuda de Caupolicán Ochoa, abogado personal del presidente Rafael Correa.
La documentación completa de este caso, con transcripciones de interceptaciones telefónicas autorizadas por el Fiscal General de la época, puede ser verificada en la fuente original:
En esas interceptaciones, realizadas en 2015 y 2016, se registra cómo los empresarios investigados mantenían comunicación constante con Caupolicán Ochoa y con su hijo César Ochoa, quien se desempeñó como viceministro de Justicia entre marzo y junio de 2014 durante el gobierno de Rafael Correa. Los audios recogen pedidos de dinero para frenar acciones judiciales y gestiones para interceder ante jueces y ante el Ministerio del Interior.
Por esos hechos, en junio de 2016 la fiscal del caso, Diana Salazar, solicitó la detención de siete personas y se allanaron veintiún inmuebles vinculados a Spartan y Clearprocess por presunto lavado de activos.
Y ahora se entiende quién le dio el oro a los grupos delictivos.
Cuando se crea un sistema que compra oro sin preguntar de qué socavón, de qué río contaminado o de qué frontera viene, y lo convierte en oro legal con un papel falso y con un juez comprado, se crea el negocio perfecto para el crimen organizado. Los grupos delictivos no necesitan exportar. Solo necesitan venderle su oro ilegal a la comercializadora de Machala. Esa comercializadora, protegida desde Quito, se encarga de lavarlo, ponerle papeles del RISE y mandarlo a Miami como si fuera oro limpio.
Así fue como el oro ilegal se volvió legal. Y así fue como los grupos que hoy extorsionan, ponen retroexcavadoras en los ríos y matan por un pedazo de montaña, encontraron quien les comprara el oro y quien les abriera la puerta del sistema financiero.
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