La abogada en libre ejercicio Nathaly G., una de las 39 procesadas en el caso Metástasis, aseguró en su versión que ella fue contratada en 2022 por Mayra S., otra de las investigadas en esta causa por delincuencia organizada, para hacerse cargo de un habeas corpus que había solicitado Johanna Zambrano, hermana del narcotraficante Leandro Norero Tigua, ambos a ese momento investigados por el delito de lavado de activos.

La versión de Nathaly G. se dio el 31 de enero pasado, semanas antes de que Mayra S., comunicadora institucional de la Corte Provincial de la Justicia del Guayas señalada por la Fiscalía dentro del caso Metástasis como gestora de favores en la Función Judicial para el narcotraficante Leandro Norero, pida que se le tome su versión libre y voluntaria, porque quería brindar información.

Para la mañana del 16 de febrero pasado, Mayra S. fue convocada a rendir versión, pero la misma no se concretó pese a estar el fiscal asignado al caso Jefferson Aquieta y una buena parte de los abogados de los 39 acusados de ser parte de una “empresa criminal” liderada por Norero para buscar beneficios penitenciarios y fallos judiciales para él, su familia y cercanos a quien era conocido con el alias de El Patrón.

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Mayra S. no rindió su versión, pues le confesó al fiscal que temía por su vida. “No tengo las garantías necesarias para poder rendir la versión, por lo tanto no voy a contestar ninguna pregunta de Fiscalía, no voy a contestar ninguna pregunta de ningún abogado patrocinador de los diferentes procesados, no voy a rendir versión hasta que se garantice mi seguridad”, aclaró.

Quince días antes de este hecho, la abogada Nathaly G. en su versión libre y voluntaria contó a la Fiscalía que en un primer momento Mayra S. contrató sus servicios profesionales para una causa de Johanna Zambrano que se estaba ventilando en la Corte Provincial de Cotopaxi. Mediante una llamada telefónica, vía que habría sido usada en todo momento para la contratación, Mayra S. le explicó que el hábeas corpus se solicitaba por un aparente problema de salud de  Zambrano.

El costo de la representación legal de la abogada habría sido pactado en $ 6.000 y Nathaly G. entregó los datos bancarios para el depósito. Al ingresar en el proceso en el sistema de causas judiciales (Satje) la abogada se dio cuenta que la audiencia de hábeas corpus estaba definida para ese mismo día en el que habló con Mayra S. La defensora se dirigió a la sala de la diligencia y se sentó en la parte de atrás a esperar que se le confirme el depósito para poder actuar.

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A la audiencia de habeas corpus asistieron otros abogados y Johanna Zambrano se conectó vía telemática desde el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, en el que estaba. La audiencia finalmente se suspendió y Nathaly G. no actuó en ningún momento, porque no se le confirmó el depósito de lo acordado. Poco después, cuenta en su versión la abogada, Mayra S. le envió una foto del comprobante del depósito y le llamó para decirle que ya no quería que ella se haga cargo de la defensa integral del habeas corpus, sino que necesitaba que supervise y le informe del trabajo que realizaban los otros abogados.

La fiscal general Diana Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos, de la abogada en libre ejercicio decía que su intervención de colaboradora para la organización surge de su relación con Mayra S., quien habría captado sus servicios con la finalidad de viabilizar la entrega de sobornos a los jueces de Cotopaxi Santiago Z. y José Luis S., quienes conocían la acción de habeas corpus a favor de la hermana de Leandro Norero.

Para la Fiscalía, la participación de Nathaly G. se sustentaría incluso con evidencia de los depósitos de los sobornos a su cuenta bancaria, “para posteriormente hacerles llegar a los operadores de justicia”. Corrupto y corruptor, decía Salazar.

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En cambio de Mayra S. se dijo que mantenía contacto directo con Leandro Norero, al punto de existir una relación sentimental con el narcotraficante, según los mensajes encontrados en los celulares periciados. Para Diana Salazar el rol de colaboración de la comunicadora de la Corte del Guayas se efectuó desde el ámbito administrativo, armando escenarios idóneos que podían favorecer los fines de impunidad y libertad que buscaba la organización criminal, lo que comprendía identificar jueces dispuestos a “suicidarse” (así llamaban a los jueces que estaban dispuestos a todos al apoyar a la delincuencia).

“Ella negociaba de manera directa con jueces que estaban a cargo de los casos de Leandro Norero. Pactaba los sobornos con los administradores de justicia de la sala de la Corte Provincial de Cotopaxi y además manipulaba el sistema de sorteo para que caigan donde los jueces suicidas. (...) Con la acción de Mayra S., se desvió la correcta administración de justicia de forma sistemática a favor de la organización criminal”, apuntó Salazar en la formulación de cargos de diciembre pasado.

Nathaly G. en su versión rechazó todas las acusaciones hechas por la Fiscalía e indicó que no ha hecho nada ilícito o ilegal. Recordó que en el ejercicio de la profesión tiene cuatro años como estudiante y cinco como abogada, que tiene cursos, maestrías y especialidades y que por su trayectoria honesta es que sus clientes le recomiendan con otras personas como Mayra S. a quien dijo no conocer en persona, debido a que fue por teléfono o vía mensajes de texto que mantuvo esta única relación de servicios profesionales.

Leandro Norero, narcotraficante fallecido en octubre de 2022 en una balacera en la cárcel de Cotopaxi. Foto: Captura de video

La versionante dijo que mientras estuvo vigente el contrato, ella le informó de absolutamente todo lo que ocurría con el habeas corpus a Mayra S., hasta que esté proceso culminó con la entrega de un habeas corpus parcial para Johanna Zambrano.

La Sala de Cotopaxi, presididas por el juez Santiago Z. declararon que se vulneró el derecho constitucional a la salud y a la seguridad jurídica. Ante ello se dispuso al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) que le garanticen a la demandante el acceso a la salud, medicación y una dieta específica, pues se justificó que Zambrano presentaba un cuadro de hipertensión arterial, trastorno de glándula tiroides, gastritis y una inflamación en el útero.

El contrato final por la supervisión habría sido de $ 2.000 y el resto, es decir, los $ 4.000 sobrantes, refirió Nathaly G., su cliente, Mayra S., le pidió que le deposite en una cuenta bancaria.

Ante las preguntas de los abogados de los procesados, Nathaly G. confirmó que Johanna Zambrano no recuperó su libertad con el habeas corpus que ella supervisó, que ella únicamente mantuvo contacto con Mayra S. mediante el aplicativo Telegram, que jamás conoció personalmente a Nataly S., que no tenía ninguna amistad previa con ella, ni tampoco laboral, que no recordaba la cuenta en la que hizo la devolución de los $ 4.000, pero que en sus movimientos bancarios debe revelarse y finalmente que ella no emitió ninguna factura por los servicios entregados, debido a que su cliente le dijo que no necesitaba factura de la asesoría.

Desde el viernes último, existe curiosidad sobre el contenido del sobre cerrado que entregó a las 17:11 el abogado de Mayra S., Leonardo Toledo. Más de ocho horas después de que su clienta se rehusó a dar su versión por temas de seguridad, Toledo entregó un sobre sellado a la Fiscalía junto a un escrito que señala que en ejercicio al derecho a la defensa de su patrocinada, entrega en un sobre cerrado una agenda negra de tamaño pequeño, la cual contiene manuscritos con información que contribuirá a la defensa de Mayra S.

Previo a confirmar que no rendiría su versión hasta que se le garantice su seguridad, Mayra S. contó que a partir del 14 de febrero que solicitó rendir su versión ha recibido todo tipo de amenazas contra su vida. Incluso dejó sentado que a partir de las amenazas se han dado cierto tipo de movimientos inusuales en el centro penitenciario en donde se encuentra privada de su libertad por la orden de prisión preventiva que se le impuso a mediados de diciembre pasado.

“Tanto es así que el día de ayer (15 de febrero) nos encontrábamos en un solo pabellón tres personas procesadas del caso Metástasis y en horas de la tarde y noche nos invaden en el pabellón con otras doce personas procesadas que ya se encuentran cumpliendo sus diferentes sentencias”, sostuvo la procesada, quien se encuentra en la Casa de Confianza de Chillogallo, ubicada al sur de Quito, junto a Nathaly G. (I)