Vanessa Ladines: ¿agonía judicial sin fin?
Este es el duro retrato que hace Rosa Ortega, prima de la víctima, sobre la justicia y sobre Ambato que culpó a Vanessa de su propia muerte.
Vannesa Ladines fue agredida el 19 de octubre de 2013 en Ambato. Los golpes fueron tan fuertes que le provocaron la muerte. Tenía 37 años y dejó una niña en la orfandad. Hay un procesado que debe presentarse todas las semanas a la Fiscalía, pero la abogada de la familia denuncia que no lo está cumpliendo. Han pasado casi seis años y la familia de Vanessa aún teme que los jueces les quiten el derecho a tener justicia. Aquí el testimonio de Rosa Ortega, prima de Vanessa:
Nosotros logramos una sentencia en segunda instancia en la Corte Provincial de Tungurahua el 18 de mayo de 2018. En ella se reconoció la responsabilidad del agresor de Vanessa, Esteban G., y reparaba a la familia. Esa sentencia puede estar en peligro. El caso ha llegado a la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El agresor está buscando una casación de esa sentencia. Eso es lo peor que nos podría pasar a la familia y a la jurisprudencia sobre la violencia machista en Ecuador.
Por eso, la familia y las compañeras feministas hicimos un plantón frente a la CNJ el 21 de febrero pasado. Fue para mostrar a los jueces que estamos vigilantes como familia y sociedad civil organizada. También lo hicimos para evidenciar cómo los agresores están usando estos recursos judiciales para dejar que el tiempo siga corriendo y las sentencias no se cumplan. Eso para nosotros es una agonía que no nos permite vivir el duelo en paz.
Este octubre de 2019 se cumplen seis años desde la muerte violenta de Vanessa. En estos años hemos transformado el dolor en lucha. Hay muchos momentos que nos han inspirado para exigir justicia. Esto sucedió en Ambato, Tungurahua, que es la segunda provincia con los más altos índices de violencia de género del país. Allá no hay había abogados que estén especializados para que defiendan a las víctimas y en ese tiempo tampoco había fiscalías especializadas.
Los abogados que en su momento nos defendieron, que con mucho esfuerzo mi familia tuvo que contratarlos, no hicieron un buen papel. En un primer momento, el agresor fue declarado inocente (en el 2014). Sus argumentos fueron culpar a Vanessa de su propia muerte. Fue a Vanessa a quien se le sentó en la silla de los acusados. Las investigaciones indagaron sobre todo el pasado y perfil de la víctima. Dijeron que una madre no podría estar a tan altas horas de la noche sola, cuando podía estar con su familia y su hija. Manifestaron que se merecía que le pase algo así por haberse expuesto. Son criterios misóginos que naturalizan la violencia contra las mujeres y los femicidios.
Rosa Ortega, prima de Vanessa, estudia en Flacso la maestría de Género.
El abogado del agresor sostuvo que Vanessa estaba en estado etílico y que por eso se cayó. Se basaron en una investigación forense que no había registrado varios moretones en el cuerpo de Vanessa. El cuerpo de ella hablaba, decía lo que le pasó. Pero los peritos no fueron capaces de observarlo. Hicimos una exhumación y después de algunas pericias forenses en Quito, porque desconfiábamos de los de Ambato, se pudo comprobar que habían más golpes.
También hubo una campaña de desprestigio contra Vanessa. La familia del agresor replicó una iniciativa nuestra: crear una página en Facebook llamada Justicia para Vanessa. Ellos crearon otra donde cuestionaban su vida. Fue difícil vivir en Ambato: la gente no entendía que Vanessa era la víctima.
Organizamos plantones, performance, ruedas de prensa. Logramos poner el caso en la agenda pública y que defensoras de DDHH nos patrocinen. Con eso pudimos revertir esa sentencia y anularla para que el caso se investigue de cero. Eso significó un esfuerzo emocional profundo de parte de mi familia, sobre todo de mi tía, la madre de Vanessa. Mi tía tuvo que volver a recordarlo todo y testimoniar. Hicimos este esfuerzo de volver público nuestro duelo, que había sido privado hasta ese momento, con el afán de que se sepa la verdad. Después que pudimos conocer la verdad fue diferente: caminamos en Ambato dignamente.
A nosotras nos faltaba la verdad sobre qué había pasado esa noche con Vanessa. Y eso es lo que se pudo hacer en el nuevo proceso con una fiscal especializada en género como es Mayra Soria y las compañeras de Surkuna. En este proceso hubo pericias y se trató a los testigos bajo el sistema de protección. Así en mayo de 2018, el tribunal falló a favor de la víctima en primera instancia y sentenció al responsable de la muerte de mi prima a tres años de cárcel por homicidio preterintencional.
Nosotras apelamos a esa sentencia porque no reconoció que se trató de violencia de género. También era insuficiente la reparación que nos iban a otorgar como familia. También porque hubo elementos que ponían en doble vulneración a Vanessa (su abogada pidió que se tomen en cuenta agravantes). Como por ejemplo la indefensión. Ella no se pudo defender de esas agresiones físicas que ocasionaron su muerte y en ese sentido la pena que dio la Corte Provincial fue de seis años. Y esta pena también reconoció la reparación para la familia en términos económicos (50.000 dólares) y en tratamiento sicológico.
Esa sentencia es importante porque ratifica también una sanción para los medios de comunicación de Ambato. Cuando ocurrió el crimen usaron mal la imagen de Vanessa culpándola con morbo, con especulación sobre su vida. Eso causó un daño profundo a nosotros como familia. Mi abuelita decayó en su salud. Por eso el dictamen busca reparar la imagen de Vanessa.
El problema es que esa sentencia no se ejecuta porque está en proceso de casación. El agresor está libre con medidas sustitutivas y no las está cumpliendo. Él tiene que presentarse todos los viernes en la Fiscalía de Tungurahua y hace poco pusimos una denuncia por eso. Esperamos la respuesta de los jueces. (La abogada de la familia, Ana Cristina Vera, asegura que el Esteban G. se ha presentado de forma irregular y que la Fiscalía jamás lo ha notificado, lo cual es una falta grave. Ella ha enviado escritos a la Fiscalía, a los jueces y a la Corte Nacional. Pero ninguna de esas instancias se han pronunciado. La Corte ha dicho que no es competente. “Esto genera impunidad”, dice Vera).
De la primera experiencia, lo peor fue el papel indiferente que tiene la sociedad y el papel de los medios de comunicación que estigmatizan la imagen de las víctimas. La justicia no cuidó nuestro derecho de conocer la verdad y de acceder a la justicia. Los jueces, aún en la sentencia actual, no se reconocen que se trató de violencia de género. Además las investigaciones se demoraron mucho. Después de que se anulara la primera sentencia, pasó casi un año y medio para que se vuelva a investigar. Y en ese tiempo pasaron cuatro fiscales que no tenían nociones de género. Incluso pasó por un fiscal de tránsito. Otro de ellos se negó a recibir el caso sin argumentos. Otro fiscal fue destituido por corrupción. Todas esas inconsistencias nos dejaron en la incertidumbre, en la indignación y en el dolor. Se volvió un proceso revictimizante. La justicia ha sido cómplice de que no podamos hallar justicia y reparación.
Rosa Ortega relata que el caso pasó hasta por un juez de tránsito.
Vanessa fue una mujer que hasta el momento de su muerte tenía 37 años. Ella estudió una ingeniería en Comercio Exterior y en sus últimos años se dedicó a la crianza de su niña que está por cumplir 7 años. Ella tenía un emprendimiento pequeño de venta de accesorios y maquillaje. Le iba bastante bien. Tenían el proyecto de viajar con su hija. Ella fue un ser muy generoso y empático. Por mucho tiempo hizo voluntariado en hogares de niños huérfanos y de personas de la tercera edad. Desde muy joven recogía animales de la calle. Era un ser del que aprendí mucho sobre la vida y es un ser a quien lo extrañamos muchísimo. Nuestra familia es pequeña y ella fue como mi hermana mayor. Así se haga justicia es una pérdida que nadie nos va a devolver. No podemos quedar familias huérfanas de madres e hijas por esta violencia.
Ambato es una ciudad misógina, homofóbica. Yo soy una mujer lesbiana y tuve que migrar a Quito para estudiar, pero también para poder vivir mi experiencia lésbica con mayor libertad. Desde ese deseo me encontré con el feminismo. Creamos la plataforma Justicia para Vanessa y han pasado por allí compañeras de Ecuador y otros países, que han hecho mucho para alcanzar esta sentencia. Hemos acompañado a otras víctimas y en el 2016 fuimos parte de la primera convocatoria para la marcha de Vivas nos queremos, en Quito. Sin duda el feminismo tiene una importante influencia. Nos ha dado la posibilidad de construir una justicia más cercana a los deseos de las familia. Hemos rescatado la historia de nuestras hermanas para no dejarlas en el olvido y en la impunidad.
Esta lucha se ha inspirado en otras experiencias anteriores como las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina. También en la de Walter Garzón, padre de Carolina que desapareció en Quito. A él lo conocí cuando estaba con vida. Hemos perdido el miedo a organizarnos y a exigir que el Estado haga su trabajo.
Después de pedir justicia en plantones en Ambato y en Quito y de construir la marcha Vivas nos queremos, muchas familias en Tungurahua empezaron a perder el miedo a denunciar y exigir justicia. Hay muchas mujeres jóvenes desaparecidas en esa provincia. Como el caso de Geovanna, a quien la llaman Pepita. Su madre está haciendo plantones allá. Ahora hay fiscalía especializadas en violencia de género, pero eso no garantiza que se haga bien los procesos.
Por eso que la presencia de las familias es importante. Son las aliadas en la búsqueda de la justicia. Antes del caso de Vanessa, las familias salían pero no tenían el apoyo de la sociedad civil o solo eran noticia en crónica roja. Después de tomarnos el espacio público, en los medios la imagen de Vanessa pasó a las portadas desde ese otro lugar: de memoria, de poner en el centro del debate el problema de la violencia de género.
Los jueces de la Corte Nacional de Justicia aún no nos dicen si van a aceptar la casación o van a reafirmar la sentencia que mucho nos ha costado lograr. (La abogada Vera afirma que le llegó una notificación el lunes 18 de febrero de 2019 informándole que la audiencia de casación iba a ser el jueves de esa misma semana. En su opinión, es fuera de lo común que den una audiencia de casación tan rápido. El promedio son tres meses. En el documento, la Corte dijo que la notificación fue tan tardía porque habían confundido el expediente. Esto ocurrió justo cuando la fiscal Mayra Soria fue suspendida. Otra irregularidad que encontraron es que la audiencia fue llamada con el Código Penal anterior y no con el COIP actual. Con el primero no se requiere un proceso admisibilidad previa. Pidió la revocatoria de esa convocatoria y fue aceptada). Vivimos aún en incertidumbre y no hemos logrado vivir en paz nuestro duelo.
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