El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones: para comprobarlo basta con echar un ojo al Proyecto de Ley que envió el 25 de febrero Daniel Mendoza a la Presidente de la Asamblea Nacional. Su título exime de grandes explicaciones: Ley Orgánica del Uso Responsable de Redes Sociales. En ella hay controles y cárcel para los infractores.
¿Qué quiere este asambleísta correísta que fue cercano a Jorge Glas, el hombre que manejó los negocios de la década robada? “Normar el uso responsable de las redes sociales con el fin de garantizar una nueva forma de comunicación responsable”. No hay duda: Mendoza quiere hacer el bien. Como lo quiso hacer Correa cuando legisló contra los medios de comunicación imponiendo una Ley perversa y un ente de control dirigido por el inquisidor Ochoa. No hay autoritario o aspirante a dictador que no quiera hacer el bien. A Correa y a Mendoza, que fue su servidor, les estorba el mundo diverso, ruidoso, incontrolable y libertario de las redes sociales. Normarlo -eso que Fernando Alvarado llamaba podar la maleza- no solo ha sido una tentación. Es parte sustantiva de su programa político.
Su proyecto está basado en las premisas que nunca defendió cuando Correa y su gobierno las violaron día y noche. Él habla de “información responsable”, “fortalecimiento de las instituciones”, “afectación a terceros”, “atentado a la dignidad de las personas”, “uso de información de terceros” “intención difamatoria, calumniosa o injuriante”, “estado de indefensión”, “violencia física o psicológica de odio contra una o más personas…”. ¿Dijo algo Mendoza cuando hackearon los correos de Martha Roldós y los publicaron? ¿Dijo algo cuando persiguieron a Jorge Ortiz y a Emilio Palacios? ¿Dijo algo cuando el aparato de propaganda del gobierno del cual hacía parte cambió biografías, persiguió a periodistas por publicar negocios y escándalos de Correa y de los suyos? ¿Se quejó de que su gobierno afectara a terceros, separara familias, persiguiera jóvenes estudiantes, metiera presos a policías inocentes solo porque Correa montó un operativo de victimización el 30-S? ¿Desde cuándo Mendoza sabe el significado de la palabras responsabilidad, afectación, violencia física o psicológica, difamación, dignidad de las personas?
Su Proyecto de Ley no persigue mejorar la comunicación en redes sociales que no se cambia con juicios y cárcel: es un refrito patético de todo lo que quiso hacer el correísmo contra la libertad de comunicación de los ciudadanos. En el fondo, busca, otra vez, poner a los políticos corruptos al margen de la mirada y el escrutinio de la sociedad civil. Correa quiso neutralizar las redes sociales y lo intentó hasta sus últimas horas en el cargo como lo prueba este proyecto de ley enviado el 23 de mayo de 2017, un día antes de dejar el poder. Lo enfocó en contra de los proveedores de servicio y, como hace Mendoza, también él dio a su proyecto un aire humanista. Lo título “Ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet”.
Por supuesto, el proyecto de Ley del asambleísta de Manabí está plagado de la retórica política que requiere una declaración de amor por el interés público: las informaciones que no son responsables -dice él- puede afectar a terceros e incluso “poner en riesgo la estabilidad nacional”. Por eso hay que normar informaciones y opiniones. ¿Cómo quiere hacerlo? Mendoza hurga en el síndrome del Gran Hermano: la responsabilidad se debe ejercer obteniendo la información de “fuentes confiables” o basados en “pronunciamientos de autoridad competente”… Y, si compete a alguien en particular, requerirá el consentimiento del involucrado. Su razonamiento hace pensar, otra vez, en el esfuerzo hecho por el correísmo para impedir que se publicara información privada de personajes públicos que sirvió para corroborar sus fechorías. En el mismo sentido, quisiere parar las reacciones, algunas virulentas, de ciudadanos en redes contra el correísmo tras años de padecer olas de odio como mecanismo de promoción política.
Su proyecto hay que verlo como otro intento, una más, de esos políticos que tienen sembrado un clip para controlar a los ciudadanos, ahora que la tecnología ha puesto en sus manos instrumentos para, entre muchas otras cosas, fiscalizar, resistir, arañar o burlarse del poder. El intento de Mendoza es tan burdo y su planteamiento conceptual es tan indigente que usa textos de Manuel Castells en consideraciones que desemboca en un uso que traiciona al teórico español que en las redes sociales también ve procesos de comunicación alternativa que persigue participación, apertura mental, justicia y, sobre todo, libertad.
Mendoza quisiera que ahora, desde Quito, algunas autoridades paren este proceso mundial, lo domestiquen (cambiando sus usos y protocolos), y sometan a los proveedores a los caprichos de políticos desaprensivos, como él, que, a nombre de la responsabilidad, no cejan en su intento de poner mordazas a los ciudadanos.
Foto: Asamblea Nacional .
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