La percepción de que no hay gobierno; es decir que no existe un ejercicio de poder que se traduzca en acciones concretas para la sociedad, ha llegado hasta Carondelet donde la angustia se cierne sobre sus huéspedes.
Ya casi quedan dos años de gobierno y no hay mucho que mostrar: en términos generales, esa es la idea que tortura al alto gobierno de Lenín Moreno. Las transformaciones y golpes políticos de los inicios del gobierno van quedando atrás y muchos de ellos, como el caso Odebrecht por ejemplo, se produjeron porque fueron fenómenos que llegaron desde fuera. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo cumplir con los objetivos en los dos años que quedan de gobierno?
La preocupación se acentúa, además, con los resultados de las encuestas. La última de Cedatos (con cierre al 30 de enero) dice que el 70% de los ecuatorianos se siente preocupado, incierto, frustrado o triste acerca del futuro del país. Una situación que, en mayo de 2017 (cuando comenzó el Gobierno de Moreno), era del 43,6 %. Las estadísticas de Cedatos dan cuenta de que en agosto de 2017, tres meses después de iniciado su Gobierno, la aprobación a la gestión de Moreno estaba en el 77 %; de allí en adelante se ha mantenido a la baja.
Esta angustia por no tener mucho que mostrar, empujó a los círculos más cercanos del Presidente a reorganizar, una vez más en apenas dos meses, al Ejecutivo. Lo hicieron mediante el decreto 660 del 5 de febrero. Si los platos del menú no están saliendo bien, entonces habrá que reorganizar las funciones de los cocineros: ese es, en suma, el razonamiento que llevó (Lenín Moreno incluido) a quienes redactaron ese decreto a establecer un gabinete estratégico y seis gabinetes sectoriales. La última organización del Ejecutivo fue del 21 de diciembre del 2018 con el decreto 622 con el que se establecieron las funciones del vicepresidente Otto Sonnenholzner.
El gabinete estratégico estará dirigido por el secretario general de la Presidencia y compuesto por el vicepresidente y los titulares de las secretarías Jurídica, Particular, de Gestión de la Política, de Comunicación y Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde esta instancia se dará la “dirección estratégica del Gobierno”, señala el decreto 660. Se crean, además, cuatro gabinetes sectoriales: de lo Social, Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, Seguridad, y Económico y Productivo.
La idea, según supo 4P de fuentes cercanas a Carondelet, es que exista un mecanismo administrativo para hacer el seguimiento de los proyectos que ha tenido el gobierno y que solo son eso: proyectos. Por ejemplo, se habló del llamado Tren Playero hace ya meses pero nada ha avanzado. Se ofreció un Metroféric para Quito pero de las filminas que se usaron durante el anuncio, no se ha pasado a nada en concreto. Lo mismo ocurre con las viviendas: no serán las 325 mil ofrecidas alegremente en campaña sino 220 mil como se dijo el 4 de febrero cuando Moreno admitió no poder cumplir con la oferta. Pero tampoco existe un plan sobre cómo se harán. Según las fuentes, en el gobierno la angustia se expresa en temas como el de la Corporación Financiera Nacional: si bien se pondera que ya no hay robos ahí como antes y que existe una administración más profesional, no hay programas que anunciar o resultados que mostrar.
En la redacción del decreto también influyó la tensión que hay en el interior del gobierno entre los sectores identificados con Ruptura de los 25, entre los que está el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, con el asesor presidencial Santiago Cuesta. En el gabinete hay sectores que no están cómodos con que Cuesta se apropie de ciertos proyectos e iniciativas, como la concesión de algunas empresas públicas, porque no tienen confianza en él. Esa desconfianza empujó a que se creara una estructura burocrática que blinde, de alguna manera, ciertos temas y proyectos de su intervención.
El decreto ha causado, además, problemas de percepción e interpretación. Al haber sido redactado tan poco tiempo después del último intento de montar un sistema de gobierno eficiente, es inevitable no generar suspicacias o lecturas interesadas. En el correísmo, por ejemplo, se armó una narrativa según la cual el decreto es un acto de renuncia de funciones o abandono del cargo de Lenín Moreno. Eduardo Franco Loor, abogado del encarcelado ex vicepresidente Jorge Glas y uno de los más rabiosos correístas salió a decir en Twitter que Moreno había abandonado el cargo porque estaba entregando más poderes al secretario de la Presidencia que al propio presidente. Rafael Correa replicó en sus cuentas de redes sociales un editorial del sitio ultra correísta RutaKritica relacionado con el decreto 660 y cuyo título es “no hay vuelta atrás: ¡Que se vayan todos!”. “Este es ya el peor de los gobiernos, el más triste retrato de la mediocridad y la indolencia social”. Edwin Jarrín, otro ex funcionario del correísmo sostenía en su cuenta de Twitter y en entrevistas a medios de la tendencia como TeleSur que, con el decreto 660, no se sabía qué funciones le quedaban a Moreno. Como si el decreto, al dar responsabilidades a los ministros, estuviera borrando de la Constitución las que están señaladas para el Presidente de la República.
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