En los últimos días, la prensa ha reportado que el Ecuador se acerca a un acuerdo con el FMI. Se han mantenido diálogos entre las altas autoridades de las dos partes y se han ido acortando las divergencias. Al parecer, el Ecuador busca no un Acuerdo Stand By de dos años, sino un Extended Fund Facility (EFF) de tres o cuatro años. El Extended Fund Facility es una modalidad del FMI utilizada típicamente en el caso de países de bajos ingresos y prevé cambios estructurales graduales en lugar de una terapia de shock orientada a equilibrar las cuentas fiscales. Sin duda, un EFF respondería a la preferencia ecuatoriana, y ciertamente del gobierno actual, por el gradualismo en la aplicación de políticas de austeridad y reformas estructurales. Adicionalmente, esta modalidad se podría insertar en un marco más amplio en el que converjan apoyos de varios multilaterales, como el Banco Mundial, el BID y la CAF e incluso las agencias especializadas de la ONU. Así el gradualismo se combinaría, desde la perspectiva del gobierno, con un camuflaje del rol del FMI.
Como ha indicado un estudio reciente de la UDLA sobre la relación histórica FMI-Ecuador, se han firmado desde 1983 una decena de acuerdos Stand By con el FMI, basados en la condicionalidad, el otorgamiento de préstamos a cambio de la promesa y cumplimiento de políticas de austeridad y reformas estructurales. En realidad, el primer préstamo del FMI al Ecuador fue durante el gobierno de Camilo Ponce Enriquez en 1956, seguido por un Acuerdo Stand By en el tercer velasquismo. Frente a un déficit fiscal y problemas de balanza de pagos, Ponce Enriquez recibió un préstamo de estabilización del FMI y aplicó políticas monetaristas de contracción de la oferta monetaria. En 1960, Velasco Ibarra profundizó la relación con el FMI, a pesar de la efervescencia social. Los gobiernos de la transición a la democracia, en cambio, incumplieron con frecuencia los acuerdos con el FMI.
En la actualidad, el gobierno de Lenín Moreno está al borde de un abismo económico. Un déficit fiscal de 3% del PIB, necesidades de financiamiento de cerca de 10 mil millones de dólares, una deuda pública abultada con tasas de interés altas, reservas internacionales ínfimas, y un crecimiento bajo, resultado no solo de los desbalances macroeconómicos, sino de una histórica inflexibilidad laboral y restricción a la inversión extranjera. Hasta hace poco, el gobierno insistió en afrontar esta peligrosa coyuntura con mayor endeudamiento externo, mediante emisiones de bonos en los mercados financieros internacionales y crédito chino. No obstante, el fin de la época de abundancia de crédito a nivel internacional, con el alza de las tasas de interés en EEUU, hizo insostenible esta irresponsable política económica, heredada de los ministros de finanzas del correísmo. En las circunstancias actuales, las opciones son una brutal reducción unilateral del gasto público o un acuerdo con el FMI, que implique acceso a crédito a bajas tasas a cambio de un golpe de timón en la política económica. El acuerdo con el FMI, como finalmente ha reconocido Lenín Moreno, después de meses de indecisión, es claramente la mejor opción entre las dos.
No obstante, la pregunta es ¿cuáles son términos y condicionalidad viables? La opción del EFF empata con el temor de Lenín Moreno al costo social y político de las políticas de austeridad. Los posibles compromisos de un acuerdo de este tipo incluirían seguramente flexibilización laboral, reducción del sector público, una ley de quiebra y la mejora de las ínfimas reservas internacionales. No obstante, el Estado ecuatoriano también requiere mayores ingresos tributarios y focalizar plenamente los subsidios de energía. Estos últimos cambios son impostergables y equivalen a un ajuste, que generará reacciones.
La negociación con el FMI para definir la magnitud del ajuste no es la única negociación en marcha. El acuerdo con el FMI implica además un pacto político para lograr la aprobación legislativa de reformas estructurales y una negociación con la calle, los movimientos sociales que se resisten al FMI. Si bien es posible que el gobierno haya avanzado en el acuerdo político, la sensibilidad del PSC al costo político en la antesala de las elecciones presidenciales de 2021, es un obstáculo difícil de remontar. La calle, en cambio, es manejable excepto por los taxistas y camioneros que pueden paralizar el tráfico indefinidamente. Esperemos que el FMI, el gobierno y los actores políticos converjan en acuerdos perdurables que enfrenten los desequilibrios apremiantes y que miren hacia un futuro económico sostenible.
Carlos Espinosa es profesor/investigador de Historia y Relaciones Internacionales en la USFQ.
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